Mientras en su discurso inaugural como Presidenta, Laura Chinchilla hablaba de diálogo y respeto, a unos pocos centenares de metros una carga de policías hacía exhibición de matonismo y brutalidad contra un grupo de manifestantes. Luego su Ministro de Seguridad avaló lo acontecido, lo cual despeja toda duda: no se trata de una acción atribuible tan solo a la administración saliente
¿Podría ser esto signo de algo más en relación con lo que cabría esperar del nuevo gobierno? Creo que no es posible decir mucho al respecto, en el tanto no contamos con antecedentes en lo que Chinchilla ha dicho y en la forma como ha actuado en los últimos meses. En cambio, hay otros ámbitos donde sí se hace manifiesta una consistencia en el discurso y en el proceder, gracias a lo cual pueden extraerse algunas conclusiones con cierto fundamentado.
Me refiero, en particular, a tres asuntos. Primero, la beligerancia de la Presidenta en temas religiosos y su ostentosa cercanía a las conservadoras jerarquías religiosas, especialmente las católicas, pero también las evangélicas. Segundo, el acuerdo firmado con el Partido Libertario, que establece una especie de co-gobierno e introduce un fuerte sesgo hacia la derecha en lo que podría haber sido un gobierno de centro-derecha. Tercero, el peso indiscutible del Vicepresidente Liberman en temas económicos.
Faceta económica
Los puntos dos y tres anteriores tienden a redundar en consecuencias similares, y permiten anticipar las posibles orientaciones dominantes en política económica. Aparte los contenidos explícitos del acuerdo con los libertarios –algunos muy problemáticos, en particular la Ley General de Electricidad-, seguramente hay otras aristas, no reveladas. La principal de estas tendrá que ver, muy probablemente, con la renuncia definitiva a cualquier reforma tributaria de fondo. De hecho, ese acuerdo incluye un punto referente a los impuestos sobre casinos, apuestas y juegos de azar. Algo hay en esto de “lavada de cara”, puesto que a los libertarios siempre se les ha señalado como amigos muy cercanos del negocio de los casinos.
Pero más allá de lo anecdótico, y conociendo la posición del Partido Libertario en materia tributaria, se entiende que esto representa la máxima concesión que estos están dispuestos a hacer en esa materia. Con el agravante de que el acuerdo cubre los dos primeros años de la administración Chinchilla. Ello claramente implica despilfarrar el período durante el cual la Presidenta podría haber intentado algo medio serio en materia de impuestos.
En breve: en el gobierno de Laura Chinchilla no se hará ni siquiera el intento de una reforma tributaria. Esto se vuelve más grave, justo porque a su gobierno le tocará lidiar con una situación de gran turbulencia económica mundial. La crisis está lejos de ser resuelta y muy posiblemente seguirá dando tumbos en meses y años venideros. En ese contexto, la imposibilidad de contar con un financiamiento público sano y estable podría generar situaciones de deterioro fiscal que, eventualmente, llevaría a políticas de restricción, las cuales, en un proceso de retroalimentación negativa, tendrán consecuencias nocivas en lo económico y social.
El papel de Liberman debe ser dimensionado apropiadamente. El Vicepresidente no es un economista conservador, al menos no en materia fiscal, como es cierto que no suscribe la disparatada idea libertaria de la dolarización (nada de lo cual implica, ni mucho menos, que sea un economista progresista). El problema está en su estrecha vinculación con los grandes intereses financieros privados nacionales, y, sobre todo, transnacionales.
Lo anterior –en combinación con el nombramiento de Rodrigo Bolaños como Presidente del Banco Central- anticipa por donde caminaría la política monetaria y bancaria. No, ciertamente, en función de los intereses de los agricultores, las microempresas o la familia trabajadora. No hay en esto mayor novedad, excepto porque la crisis económica global ha suscitado, entre tantas otras cosas, un acalorado debate sobre el papel y funcionamiento de los sistemas financieros. Si bien la colosal magnitud de los intereses en juego no permite anticipar que lleguen a darse reformas de calado significativo, aún así Costa Rica arriesga quedarse muy a la zaga, puesto que será un banquero quien dirija la política económica.
El curso conservador que asumirá la política monetaria y bancaria, podría establecer un juego conflictivo con la política fiscal, en el tanto se cumplan las previsiones de un largo período de turbulencia económica mundial, y dada la renuncia de Chinchilla –en el marco del acuerdo con los libertarios- a cualquier posible reforma tributaria.
El papel de la religión
La militancia religiosa de Chinchilla y su entusiasta adscripción a las tesis de la religiosidad conservadora, tienen graves consecuencias para la democracia, no obstante lo cual es asunto que sectores del progresismo en Costa Rica desprecian como detalle de tercera categoría (en materia de género, orientación sexual e identidad de género, uno no sabe quien lleva la delantera en sus tesis oscurantistas: si alguna gente tenida como progresista o los prelados católicos y evangélicos).
Desde luego, está fuera de toda discusión que Chinchilla tiene pleno derecho a tener una determinada fe religiosa y a vivirla y practicarla como mejor le parezca. Pero ese ámbito de la vida privada no debería convertirse en asunto de Estado. Pero ella así lo ha hecho, al punto que ha subordinado y comprometido políticas públicas, en función de las exigencias de obispos, curas y pastores: desde la creación del llamado Ministerio de la Familia al boicot de cualquier iniciativa legal que dé algún mínimo reconocimiento a los derechos de las personas sexualmente diversas.
Al margen de los réditos de popularidad que esto pueda darle, lo cierto es que la agresiva beligerancia religiosa de Chinchilla tiene un efecto automático de exclusión. Conviene tener claro que este asunto no constituye una simple divergencia de criterio, porque las cuestiones de fe no admiten ese espacio de polémica y disenso que sí son normales en los temas propios de la política pública, al menos en una sociedad
mínimamente democrática. Mucho menos cuando lo religioso es asumido con tan inflamado ardor como lo hace la Presidenta. Ello invalida su pretensión –pronunciada en el discurso inaugural- de ser la Presidenta de “todos y todas”. El caso es que no toda Costa Rica tiene una fe católica o evangélica, y quienes sí la tienen no siempre asumen una posición religiosa fundamentalista como la que la Presidenta suscribe.
La agenda de género –cosa paradójica- podría experimentar retrocesos importantes en el gobierno de Chinchilla. Por su parte, para la minoría cuya orientación sexual e identidad de género es minoritaria, el mensaje de Chinchilla contundentemente implica menosprecio y exclusión.
Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)
