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Consecuencias del ‘libre’ comercio

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Público


A raíz del terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de enero de 2010, escribí el artículo en Público “Haití no es un desastre natural” (28-01-10), en el que denunciaba la cobertura por parte de los medios de información españoles de la situación desastrosa que aquel país estaba sufriendo. 

Tales medios presentaron aquella tragedia como un fenómeno natural e imprevisible, el terremoto, ignorando las causas políticas del enorme subdesarrollo del país que le había hecho tan vulnerable frente a aquel fenómeno natural. 

La información proveída por los medios estaba encaminada a estimular una enorme movilización internacional de ayuda “humanitaria”, liderada por el Gobierno federal de EEUU, presentado por muchos articulistas, como la predecible Pilar Rahola de La Vanguardia, como “el bueno de la película” (21-01-10).

Escribí un artículo muy crítico de tal cobertura mediática subrayando que el desastre de Haití no era exclusivamente (ni siquiera primordialmente) un desastre natural, sino un desastre previsible, consecuencia de la enorme pobreza de la mayoría de la población, resultado de unas estructuras político-económicas dominadas por unas élites corruptas, sostenidas por los gobiernos estadounidenses y franceses. 

Añadía que el Gobierno federal de EEUU, lejos de ser “el bueno de la película”, era “el malo”, no sólo por haber ayudado al mantenimiento de las élites dominantes de aquel país, sino también por haber promovido políticas que dañaron enormemente su capacidad productiva agrícola. Mostraba, como ejemplo, que Haití, que había sido un país exportador de arroz, pasó a ser más tarde importador de arroz como consecuencia de la imposición al Gobierno haitiano de medidas antiproteccionistas (eliminando los aranceles, entre otras medidas) por parte de los gobiernos Clinton y Bush. 

Estos gobiernos forzaron al Gobierno de Haití a aceptar el arroz importado de los productores arroceros estadounidenses (la mayoría de Arkansas, el Estado del que el presidente Clinton había sido gobernador), altamente subvencionados por el Gobierno federal de EEUU. 

Ello explica que el arroz importado fuera más barato en Haití que el producido en aquel país, con lo cual se destruyó la capacidad de producir arroz, empobreciendo a miles de familias productoras de arroz. El supuesto benefactor (el bueno de la película) estaba creando las condiciones para que un desastre natural pusiera al descubierto la enorme tragedia e injusticia que se había impuesto a aquel país.

Como era predecible, el artículo causó gran revuelo, con la consiguiente sistemática retahíla de insultos hacia las voces que cuestionamos el dogma liberal dominante en el país, en los medios que reproducen la sabiduría convencional. Algunas respuestas no fueron insultos, sino expresiones de desacuerdo, sin que estuvieran avaladas, sin embargo, por una evidencia que cuestionara mi diagnóstico.

La mayoría de voces, sin embargo, coincidió con la postura reflejada en el artículo del embajador del Gobierno de EEUU en Madrid, Adam D. Solomont, en el que defendió la bondad de las intervenciones del Gobierno de EEUU en Haití (Público, “Una mano que ayuda”, 31-01-10). Con todo ello, mi artículo pasó al olvido.

Hasta ahora. Hace unas semanas (10-03-10), nada menos que el propio ex presidente Clinton, en un testimonio ante el Senado de EEUU, reconoció que en 1995 presionó al Gobierno haitiano para que disminuyera los aranceles (en respuesta a las presiones de los agricultores de arroz de su Estado natal) bajando las tasas aduaneras del arroz del 50% al 3%, destruyendo con ello el sector arrocero de Haití. 

Añadió Clinton que, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, también habían favorecido tal liberalización que, retrospectivamente –admitía–, había tenido un impacto muy negativo en la economía de aquel país. El arroz estadounidense, altamente subvencionado por el Estado federal, se vendió a 3,8 dólares por libra, frente al precio local, 5,12 dólares. Miles y miles de agricultores tuvieron que dejar el campo y pasaron a engrosar las masas que vivían en condiciones miserables en las ciudades. Haití se convirtió, así, de mayor exportador de arroz a un importador. 

De hecho, hoy el 80% del arroz es importado. “Haití –concluyó Clinton en su testimonio ante el Senado– es un caso que muestra que, en lugar de ayudar, perjudicamos a aquel país”. 

Hay que agradecer la sinceridad y el arrepentimiento mostrados por el presidente Clinton. Pero el hecho es que era fácil de ver que todas estas políticas ahora denunciadas causarían el daño que hicieron, como algunas voces solitarias predijimos. 

No era culpable, pues, sólo él, sino toda la sabiduría convencional liberal dominante en aquel y otros países (incluído España), así como el FMI y el Banco Mundial, y que los medios –también los españoles– reprodujeron. ¿Cuándo pedirán perdón los medios españoles, la mayoría de persuasión liberal, fundamentalistas del libre comercio?

En realidad, la evidencia de que el fundamentalismo liberal de libre comercio está dañando, no sólo a Haití, sino a toda América Latina, es abrumadora, tal como documenta el libro Las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina: sus impactos en los mercados laborales (1990-2007). 

Sus autores, dos académicos chilenos, Claudio Lara y Consuelo Silva, ofrecen evidencia empírica que muestra que, con contadas excepciones, tales inversiones extranjeras, en ausencia de medidas proteccionistas, están perjudicando más que favoreciendo la calidad de vida de las clases trabajadoras de aquellos países. 

El libro, escrito a petición de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-TUCA), ha documentado un aumento de la destrucción de empleo, de la temporalidad, precariedad y deterioro de las condiciones de trabajo, junto con un descenso salarial en muchos países de América Latina. Esta es la situación ignorada en la promoción del mal llamado “libre” comercio. En realidad, de libre, tiene muy poco.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

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