Es evidente que en éste mundo hay gente que prefiere ver el vaso medio lleno, y quienes optan por pensar que está medio vacío. Del mismo modo, hay quienes piensan que dos suceden por casualidad, y quienes quieren ver en la coincidencia algún tipo de determinismo.
Los estudiosos de la historia de las letras y las ciencias discuten aún a día de hoy sobre el comienzo del cálculo infinitesimal entre Leibniz y Newton; los psicólogos acerca de la creación del primer laboratorio experimental de dicha disciplina entre Wundt y James; Lobachevski y Bolyai se disputan el honor de crear las geometrías hiperbólicas; y un, aunque no largo si significativo número de casos nos obligan a tomar posición al respecto.
Marx, al igual que otros muchos escritores, optaron por el determinismo, en su caso socio-económico, al afirmar que si no hubiera sido él, otro cualquiera pudiera haber plasmado las mismas ideas sobre el papel, ya que éstas se encontraban en el ambiente.
Ambas ideas (la de considerar que las coincidencias se establecen por azar, y la de afirmar que responden a algún tipo de condicionamiento exterior) son idempotentes y se pueden defender, cada una en su ámbito, sin llegar a contradicción alguna, como en el caso de las antinomias kantianas.
Quien se escuda en la casualidad ofrecerá argumentos suficientes y convincentes para su defensa, y lo mismo hará quien escoja la otra alternativa. No es cuestión de pruebas, sino de convencimiento.
El día 20 de mayo de 2010 los diarios se han hecho eco de tres noticias estrechamente vinculadas entre sí: por un lado, el abogado Brian Currin –involucrado en los procesos de paz abiertos por todo el mundo– advierte a la organización armada ETA que el apoyo externo (internacional) al caso vasco no es ilimitado y que, por lo tanto, debe ofrecer una solución YA a tal cuestión, respuesta que pasaría por la dejación de la actividad armada a favor de la política; por otro lado, el Gobierno español hace públicas las nuevas restricciones en derechos laborales, rompiendo así la baraja de los pactos suscritos con los sindicatos; y, por último, nos despertamos con la noticia de la detención – una vez más – de la dirección militar del grupo armado. Tres cuestiones en apariencia inconexas, pero que pueden no deberse al azar, precisamente.
En primer lugar hemos de tener en cuenta la utilización que han hecho, y hacen, los diferentes dirigentes de la cosa pública –aunque no res publica o república en el caso que nos ocupa, por desgracia– del denominado “terrorismo” para tapar cuestiones que consideran más importantes, desviando así la atención del ciudadano medio que se ve incapaz de realizar un análisis más profundo sobre la cuestión. Reabrir el debate sobre si el Gobierno negocia o no la rendición de ETA despista al lector, que deja de ocuparse de sus verdaderos intereses (recorte o congelación de las pensiones; pérdida del poder adquisitivo; posible convocatoria de huelga general o parcial, al menos por parte de los funcionarios; anulación de los acuerdos sociales previamente establecidos, etc.). Volver a hablar de negociación (que es lo que aún hoy no ha sido rechazado por el Parlamento que dio luz verde a la tentativa última) desvía la atención de lo que realmente se está haciendo (el mayor recorte en prestaciones sociales desde la transición).
En segundo lugar, la exigencia formulada por el señor Currin al mundo cercano a los planteamientos maximalistas de ETA, por la que se solicita a dicha organización una respuesta positiva rápida, implica la necesidad de que los miembros de ésta última puedan llegar a acuerdos definitivos, lo que conlleva la celebración de consultas entre sus miembros y, sobre todo, de sus dirigentes. Rubalcaba, ministro de Interior, lo ha dejado bien claro: no estaban reunidos para rezar el rosario, pero no ha concretado el para qué lo estaban (cometer nuevos atentados, dar respuesta al requerimiento de Currin, optar por el abandono de las armas…). Nos dice lo que no hacían, pero no sabemos lo que sí tramaban, al menos por ahora. Y todos sabemos en mayor o menor grado que las aportaciones de la policía no suelen en estos casos corresponderse con la realidad, sino con sus propios devaneos.
En tercer lugar, es de sobra conocida la oportunidad política que marca las detenciones de altos dirigentes de ETA en función de intereses puramente electorales. Desde hace aproximadamente una década –algunos autores pueden hablar incluso de los primeros atentados, como “el Cabra”, que duda que la CIA no supiera de la organización de la acción contra Carrero Blanco– es un hecho que la policía tiene un control estricto sobre los máximos cabecillas de ETA, sin duda desde la entrada masiva en la organización por parte de las juventudes “incontroladas” partícipes en la “kale borroka” (lucha callejera”). La pregunta se centraría, entonces, en el por qué del momento elegido. Y la respuesta es compleja.
Tal y como ha quedado indicado, la detención y los otros hechos puede deberse a una coincidencia temporal. Así lo va a vender el Gobierno, y quizás responda a la realidad, sin tener que buscar más motivación. Quien así lo crea no va a variar su opinión aunque se demuestre o se den pruebas en contrario.
Por otro lado, bien pudiera deberse al intento de ocultar su fracaso en lo social, desviando la atención a lo policial. El Gobierno amagaría con la posibilidad de atenuar las restricciones sociales (prestaciones) desviando el punto de interés hacia la consecución de la paz. Intento fallido tras el órdago planteado por el PP, que no deja resquicio al diálogo.
Al exigir el PP pruebas de que no se está negociando con ETA, el Gobierno puede haberse visto a jugar otra de sus bazas: detener a sus dirigentes, acallando así al principal partido de la oposición, aunque sin comprometer otras vías de actuación ( Egiguren – Batasuna). Detener a la cúpula acalla voces, pero no prueba la inexistencia de contactos.
Por último, y sin saber el por qué estaba reunida la cabeza de la banda armada, se puede sospechar que al Gobierno no le interesa que la misma dé respuesta a las exigencias de Currin (y la Comunidad Internacional propulsora de la salida negociada del conflicto vasco). Por un lado, detiene y encarcela a los dirigentes proclives a las vías exclusivamente políticas; por el otro, cuando los responsables de las acciones armadas se reúnen, también son detenidos (sin saber a ciencia cierta para qué se reunían). Aquí se abren nuevas dudas respecto a las intenciones gubernamentales.
¿Es casualidad que las detenciones de los máximos responsables de la lucha armada coincidan con las medidas antipopulares adoptadas por el Gobierno Zapatero? ¿Es casualidad que las mismas se realicen cuando la comunidad internacional proclive al diálogo ha dado una especie de ultimátum a ETA? ¿Es casualidad que coincida con la exigencia por parte del PP de pruebas fehacientes a fin de no romper el pacto PSE-PP para la gobernabilidad de la CAV? Evidentemente habrá quien responda afirmativamente, pero al menos a algunos nos quedará la duda.
Pablo A. Martín Bosch (Aritz). Doctor en Filosofía por la UPV; Licenciado en Filosofía por la UD; Licenciado en Antropología Social y cultural por la UD; Especialista universitario en Ciencia, tecnología y sociedad por la UNED.
