¿Realmente Daniel Ortega abolió las elecciones en Nicaragua?

-¿Realmente Daniel Ortega abolió las elecciones en Nicaragua

HAITÍ: Las preocupaciones por la seguridad y los recursos minerales son los motivos de la intervención militar extranjera.

Desde el desembarco de los militares salvadoreños hasta la presencia de contratistas vinculados a Erik Prince, la isla caribeña se ha convertido en un laboratorio para intervenciones militares e intereses privados.


Mientras que los medios de comunicación y la maquinaria propagandística de El Salvador siguen presentando el "milagro de la seguridad" interna como un modelo exportable, la realidad geopolítica y social revela una dinámica muy diferente: un autoritarismo que se extiende más allá de las fronteras nacionales, entrelazado con crisis regionales y la asfixia de los derechos democráticos. 

La intervención militar salvadoreña en Haití —que culminó con el despliegue de más de dos mil soldados y la transformación del histórico Estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe en una base de operaciones permanente— representa el paso más evidente en una proyección de fuerza que está convirtiendo al país centroamericano en un gendarme regional.

Esta operación en el extranjero no se desarrolla en el vacío. Forma parte de un contexto interno fuertemente influenciado por el lanzamiento formal de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027. 

Estas elecciones se han visto distorsionadas por la reforma constitucional que Nayib Bukele impulsó en la Asamblea Legislativa para permitir la reelección presidencial indefinida, extender el mandato de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta. 

Esta disrupción institucional se suma a la extensión sistemática del estado de emergencia, vigente desde hace más de cuatro años, y está empujando a movimientos sociales, al Bloque de Resistencia y Rebelión Popular y a sectores de la oposición política (empezando por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ha nominado al médico y líder sindical Rafael Aguirre junto con la enfermera Madaí Santos) a salir a las calles en reiteradas protestas. 

A pesar de las divisiones tácticas sobre si participar o no en una votación considerada ilegítima, crecen los esfuerzos en las calles y dentro de las organizaciones sindicales para construir un frente unido capaz de frenar la hegemonía del partido oficial Nuevas Ideas, el alto costo de la vida y el desmantelamiento del estado de derecho. 

Al mismo tiempo, el gobierno intensifica su control sobre la clase trabajadora, impulsando reformas sumamente flexibles como la llamada "Jornada 4x3" y desatando una implacable persecución judicial contra defensores de derechos humanos y líderes sindicales.

La escalada de violencia en Haití se aceleró drásticamente tras el secuestro de cuatro técnicos de la Fuerza Aérea salvadoreña en las afueras de Puerto Príncipe el 18 de octubre. Aprovechando el incidente, el gobierno de Nayib Bukele ordenó un despliegue masivo de tropas y el inicio de operaciones conjuntas con fuerzas locales y un grupo de trabajo coordinado por contratistas privados.

Los medios de comunicación internacionales han revelado los detalles de esta demostración de fuerza: atentados con bomba, redadas en zonas controladas por bandas criminales como 400 Mawozo y Cité Soleil, y la reciente toma del principal complejo deportivo de la capital, convertido en bastión militar. 

Todo esto se ve agravado por las tensiones diplomáticas con Washington, surgidas tras las protestas de funcionarios del Departamento de Estado por la seguridad de su embajada, y a pesar de la autorización de Donald Trump para intensificar las operaciones.

Esta agresiva demostración de poder se refleja en la dramática situación interna de Haití, donde la violencia crónica de las pandillas —que ha cobrado miles de vidas y desplazado a 1,5 millones de personas— sigue bloqueando cualquier transición democrática. El anuncio del Consejo Electoral Provisional de posponer aún más las elecciones generales hasta 2027 (con la primera vuelta programada para el 18 de julio y la segunda vuelta en octubre) confirma el estancamiento institucional en un país sin un jefe de Estado electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. En este escenario, las pandillas armadas, como la liderada por Wilson Joseph (alias Lanmò San Jou), incluso piden la mediación de la ONU ante la ofensiva conjunta, mientras que el gobierno haitiano celebra la intervención salvadoreña como un apoyo esencial para recuperar el control territorial.

Respecto al papel subordinado e intervencionista que asume El Salvador, las palabras de Sonia Urrutia, abogada y líder del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y del Colectivo de Resistencia de Obreros Sindicales Salvadoreños (CROSS), ofrecen una interpretación clara y contundente: «El Salvador», nos dijo Sonia, «se presenta como un país soberano, pero actúa como subcontratista de la política exterior estadounidense. Un modelo en el que cientos de personas han muerto bajo custodia estatal no es un modelo de seguridad que debamos exportar».

Por lo tanto, el uso de la fuerza en el extranjero no responde a la lógica de la cooperación humanitaria, sino que sirve para legitimar internamente una doctrina del miedo que sofoca cualquier forma de oposición política y sindical en el ámbito nacional.

Dentro de las fronteras del país, la deriva autoritaria reprime sistemáticamente a cualquiera que alce la voz contra las injusticias del sistema, afectando tanto a figuras prominentes de la sociedad civil como a líderes sindicales de base. Como explica Sonia Urrutia, denunciando las distorsiones del sistema judicial salvadoreño: «El derecho penal se utiliza como arma contra el derecho a la organización. Los trabajadores no son arrestados mientras cometen delitos, sino en el lugar de trabajo, en asambleas o tras presentar demandas salariales o denunciar despidos injustificados».

Historias individuales de los últimos meses confirman el carácter sistemático de esta estrategia represiva. 

El ejemplo más reciente es la condena a 15 años de prisión impuesta a Fidel Antonio Zavala Pérez, activista y miembro del equipo técnico de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos e Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).

Detenido en febrero de 2025 en el contexto del conflicto por tierras en la comunidad de La Floresta, en San Juan Opico, y posteriormente sometido a una investigación secreta por presunto fraude agravado, Zavala está pagando el precio de su compromiso con la defensa de familias amenazadas de desalojo y, sobre todo, por sus denuncias formales presentadas en julio de 2024 contra la tortura sistemática y las muertes registradas en las penitenciarías estatales. 

Esta sentencia, según el Bloque Rebelión y Resistencia Popular, constituye una represalia política contra un abogado previamente absuelto por falta de pruebas.

La sindicalista Sonia Urrutia también destaca la detención de Ruth López, abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción y de Justicia de la organización humanitaria Cristosal, quien se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de la represión contra quienes investigan la transparencia del gobierno. Arrestada en mayo de 2025 tras documentar presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos y abusos relacionados con el régimen de emergencia, su caso marcó un punto de no retorno para las organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, obligando a decenas de activistas y periodistas al exilio.

En el ámbito sindical, Urrutia también señala que la persecución está adquiriendo proporciones aún más dramáticas. El caso de Giovanni Antonio Aguirre López, dirigente sindical de trabajadores municipales en la Alcaldía de San Salvador, ejemplifica la arbitrariedad del sistema penitenciario bajo el régimen de excepción: capturado en 2022 por participar en una movilización de organizaciones sociales en lugar de una marcha convocada por el sistema oficial , Aguirre permaneció detenido durante más de cuatro años en la prisión de Zacatecoluca a pesar de dos órdenes judiciales de liberación emitidas a su favor, terminando en cambio en los llamados juicios colectivos masivos.

Aún más trágica es la historia de José Leonidas Bonilla Torres (también conocido como Bonaerejes), un trabajador y sindicalista del municipio de Mejicanos, arrestado en abril de 2022 como parte de las redadas indiscriminadas del régimen de emergencia y que murió unos meses después mientras estaba bajo custodia estatal debido a la falta de atención médica adecuada para su salud, a pesar de no tener vínculos con bandas criminales.

La criminalización de la disidencia va de la mano con la ofensiva económica y laboral. Mientras el gobierno impulsa su propuesta de flexibilizar la semana laboral "4x3" —que permitiría a los trabajadores concentrar sus horas de trabajo en cuatro días con turnos extenuantes de hasta 11 o 12 horas diarias, seguidos de tres días de descanso, eliminando de facto el pago de horas extras más allá de las ocho horas diarias—, el movimiento sindical unido (FEASIES, MPJL, UNT) denuncia un clima de virtual asedio y relanza la propuesta alternativa de reducir la jornada laboral a 35 o 36 horas semanales con el mismo salario.

Como bien resume Sonia Urrutia: «La represión y la inseguridad laboral van de la mano: una población atemorizada no exige aumentos salariales. Un Estado que realmente quisiera combatir la delincuencia no encarcelaría a quienes reclaman sus salarios ni dejaría morir en prisión a un líder sindical enfermo».

La convergencia entre la intervención militar externa en Haití y el endurecimiento del control autoritario en el país dibuja el retrato de un régimen que utiliza la coerción permanente como pilar de la gobernanza , lo que demuestra que la estabilidad pregonada en San Salvador se basa únicamente en el desmantelamiento de los derechos fundamentales y la subyugación de la clase trabajadora.

https://pagineesteri.it/2026/11/17/america-latina/speciale-haiti-dietro-lintervento-militare-esterno-ci-sono-laffare-della-sicurezza-e-le-risorse-minerarie/

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