Lo que inicialmente fue presentado por el presidente Abelardo De La Espriella como un contundente golpe contra la delincuencia en Cúcuta, terminó convirtiéndose en motivo de críticas, cuestionamientos y burlas en las redes sociales.
El operativo, anunciado inicialmente con 109 capturados, fue acompañado de un amplio despliegue de la Fuerza Pública y una exposición mediática en la que el mandatario presentó los resultados como una gran victoria contra la criminalidad.
Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir interrogantes sobre la situación judicial de los detenidos. Entre los cuestionamientos que circulan está la presunta libertad de la mayoría de los capturados, así como las circunstancias en las que se produjeron algunas detenciones.
Incluso se ha señalado que entre las personas conducidas por las autoridades habría habitantes de calle y ciudadanos cuya relación con actividades delincuenciales no estaría claramente establecida.
Entre las críticas más importantes está que Abelardo está haciendo falsos positivos para mostrar resultados en su gobierno capturando habitantes de la calle y personas que no tienen orden de captura ni antecedentes judiciales.
Y aquí aparece el interrogante de fondo, ¿de qué sirve presentar un operativo como un golpe histórico contra la delincuencia si después no se explican con claridad sus resultados ante la justicia?
Las capturas no son condenas, y mostrar personas detenidas ante las cámaras tampoco demuestra, por sí solo, que se haya desarticulado una estructura criminal.
El Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió con los detenidos y cuáles fueron los resultados judiciales reales de un procedimiento que el propio presidente se encargó de presentar como un gran triunfo de su política de seguridad.
Porque una cosa es el espectáculo de las cámaras y otra muy distinta es la efectividad de la justicia.
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