Según la denuncia de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la red delictiva operaría con un entramado empresarial en al menos seis países y tiene la capacidad de movilizar flujos de capital transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano. La operación confirma lo que había anunciado en abril el Hondurasgate.
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Wilmar Mejía, presentó una denuncia penal por una presunta red delictiva que opera detrás del portal web PetroLeaks, administrado desde Estados Unidos, para expandir desinformación contra el gobierno de Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico.
La denuncia de Mejía revela un entramado empresarial con operaciones en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Brasil, España e Italia, que presumiblemente estaría simulando operaciones comerciales vinculadas al desvío de recursos públicos.
Los implicados tendrían la capacidad de movilizar flujos de capital transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano, para destinar recursos a la financiación irregular de campañas políticas y a la afectación de la contienda electoral, una operación que fue anunciada en los audios filtrados de Hondurasgate publicados en abril en Diario Red América Latina.
La acción judicial señala la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, financiación irregular de partidos políticos, defraudación o evasión tributaria y otros delitos conexos, todos vinculados a PetroLeaks.
Los implicados tendrían la capacidad de movilizar flujos de capital transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano, para destinar recursos a la financiación irregular de campañas políticas y a la afectación de la contienda electoral
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En una declaración pública, Petro afirmó que la información apunta a un supuesto entramado empresarial con operaciones en Colombia y Estados Unidos, cuyos recursos han sido utilizados para financiar plataformas digitales y estrategias de comunicación dirigidas a influir en la opinión pública. En sus redes sociales, el mandatario fue contundente: "Hemos descubierto un fondo en Miami.
Uno de sus socios es @FicoGutierrez y recibe plata de empresarios (...) con la que se está pagando (...) la propaganda sucia (...) para masivamente destruir la imagen del Gobierno".
La denuncia cita textualmente un informe de la UIAF, lo que otorga peso institucional a la acusación y coloca a Fico Gutiérrez, candidato de la derecha tradicional, en el centro de la controversia.
La historia anunciada por el Hondurasgate
La filtración de los audios del Hondurasgate, en abril pasado. evidenció que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico e indultado por Donald Trump, operaba como principal enlace del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar gobiernos de izquierda en América Latina, específicamente en Colombia y México.
Los audios revelaron que Javier Milei, presidente de Argentina -quien acaba de anunciar su abierto respaldo al ultaderechista Abelardo de La Espriella- y Nasry Asfura, presidente de Honduras, habrían financiado con más de 500 mil dólares estas operaciones de injerencia política.
La denuncia de Mejía sugiere que la trama detrás de PetroLeaks podría ser la continuación o expansión de esas mismas redes, ahora articuladas con lo que se ha denominado la Operación Júpiter, un plan orquestado para socavar los gobiernos progresistas de la región mediante el uso de dinero sucio, propaganda digital y manipulación mediática.
Según el documento, la presunta organización delictiva detrás de PetroLeaks contaría con una estrategia de blindaje que utiliza sistemáticamente Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como "sellos reputacionales" para evadir el escrutinio público y judicial.
Este mecanismo, que busca influir en la campaña electoral mediante información falsa y mensajes de odio, tiene la capacidad de movilizar capitales transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano, presuntamente destinados a financiar una guerra reputacional contra el gobierno actual y su partido político.
Una operación continental
Colombia no es ajena a esta ofensiva continental.
La confirmación del Hondurasgate en territorio colombiano revela que la ultraderecha internacional, con el respaldo de capitales foráneos y la complacencia de Washington, está dispuesta a violar la soberanía nacional para imponer sus intereses y a sus candidatos con declaraciones explicitas de Trump en los procesos electorales.
La magnitud del financiamiento de estas campañas supera cualquier esfuerzo previo de injerencia en la región
La campaña de desinformación y desestabilización contra el gobierno de Gustavo Petro, en el actual contexto electoral, no constituye un hecho aislado sino la manifestación más reciente de una estrategia sistemática que la ultraderecha internacional está operando en toda América Latina para imponer miedo, sembrar confusión y estigmatizar a los liderazgos progresistas.
No se trata de una conspiración menor: la magnitud del financiamiento de estas campañas supera cualquier esfuerzo previo de injerencia en la región.
Según la denuncia de la UIAF, la presunta red delictiva detrás del portal PetroLeaks opera con un entramado empresarial en al menos seis países y tiene la capacidad de movilizar flujos de capital transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano.
A esto se suma la Operación Júpiter, un plan de manipulación mediática y constreñimiento del voto que, según investigaciones de RTVC Noticias y Señal Investigativa, habría sido impulsado por estrategas del uribismo para influir en el voto de la población mediante portadas falsas, deepfakes de candidatos y redes articuladas de cuentas en redes sociales.
https://www.diario-red.com/articulo/colombia/hondurasgate-confirma-colombia-operacion-internacional-desinformacion-ivan-cepeda-p/20260621034239071679.html
