En prensa internacional se ha hecho una comparación entre Laura Fernández y Nayib Bukele, por la evidente simpatía política entre ambos proyectos políticos. ¿Podría el régimen político de Costa Rica transformarse de “la democracia de Centroamérica” en una nueva dictadura regional? Esta pregunta se ha formulado en amplios círculos.
Laura Virginia Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano.
Nacimiento: 4 de julio de 1986 (edad 39 años), Puntarenas, Costa Rica
Partido: Partido Pueblo Soberano
Cargos anteriores: Ministro de la Presidencia de Costa Rica (2024–2025) ·
Cargo: Ministro de la Presidencia de Costa Rica
Estudió politología en la Universidad de Costa Rica y especialización en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática en la misma universidad.
El estado de excepción lo puso en discusión el gobierno de Costa Rica
Laura Fernández, candidata oficialista, en campaña electoral dijo: “Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa, levantamiento o suspensión de garantías individuales”.
Ahora bien, en el último año del gobierno de Chaves, 2025, se registraron 975 asesinatos por sicariato en el país. En el periodo electoral anterior, 2018-2022, la cantidad de asesinatos por sicariato fue de 570, 564, 560 y 588, respectivamente en cada año.
Durante el gobierno de Chaves ha habido un aumento drástico, pasando a 656 en 2022, 835 en 2023, 975 en 2024 y 975 hasta noviembre anterior. Es evidente que durante el gobierno de Chaves ha habido un incremento del sicariato.
Desde el punto de vista del narcotráfico tanto en 2018 como en 2025 se incautaron 35 toneladas métricas de cocaína. Entre el 2018 y el 2025 el país se consolidó como ruta clave de narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.
Además hay un evidente aumento de delitos que caben enteramente en la vaga categoría de “crimen organizado”, desde asaltos en motocicleta a peatones hasta asaltos a casas de habitación.
Por tanto, se cumplen las condiciones que pone Fernández para instaurar el estado de excepción.
Lo que omitió Fernández es que el principal responsable de ese avance es el propio presidente saliente Chaves, a quien ella considera su mentor. Son evidentes también las responsabilidades del gobierno del PAC.
La reacción a la política del estado de excepción
La política del estado de excepción, aunque había estado sugerido antes y durante las elecciones, se planteó de manera directa por Laura Fernández pocos días antes de las votaciones y justo antes de la veda electoral.
Esta política impactó a una masa de opositores y de indecisos, lo que se expresó en dos elementos, desde nuestro punto de vista.
El primero fueron dos movilizaciones seguidas el sábado 31 y el propio domingo 1, de elecciones, en la Fuente de la Hispanidad, centro emblemático de la política y la lucha de clases en Costa Rica.
Que estas movilizaciones tuviesen mucho de una batalla electoral lo da el contexto general. Pero objetivamente son miles de personas contra la política de estado de excepción y además hasta ese momento nunca se había llenado la Hispanidad contra las políticas del gobierno de Chaves.
El otro elemento es el vuelco de la mayoría del voto opositor a Liberación Nacional, que explicaría el salto grande del 10% de apoyo que se le daba a Alvaro Ramos en encuestas al más del 30% que termina obteniendo.
Esta reacción opositora, con posible tendencia a masificarse incluso después del resultado de las elecciones favorable al oficialismo, fue registrada por la propia Laura Fernández, quien en su discurso de victoria y en días posteriores, le bajó mucho la jerarquía a esta política específica.
En parte, la magnitud de la victoria le permite intentar gobernar sin invocar el estado de excepción, en parte es una política que se enfrenta directamente contra la conciencia democrática de masas en Costa Rica, conciencia que comparte incluso la base “laurista”, por lo cual no es tan fácil de aplicar ni tan conveniente como política central a sostener al inicio de su gobierno.
¿Puede Laura Fernández instaurar un régimen bukelista?
De manera simple, la respuesta es no, no puede. Por varios motivos.
En primer lugar porque la sociedad costarricense, si bien de manera acelerada está yendo hacia la degradación en múltiples ámbitos, como la educación pública, la salud pública, el aumento de la violencia social, de los femicidios, etc. sin embargo todavía cuenta con una clase trabajadora organizada en sindicatos poderosos, que pueden mover a decenas de miles de personas y arrastrar tras de sí a todo el pueblo trabajador costarricense.
En este sentido será fundamental la política de las direcciones burocráticas sindicales.
Si tienden a pactar, como lo ha hecho la burocracia argentina con Milei, entonces eso puede generar en primera instancia rabia contra esas direcciones, que podría generar procesos de movilización impuestos desde abajo para enfrentar cualquier restricción democrática que quiera realizar el gobierno.
En segundo lugar, las condiciones de El Salvador no se encuentran en Costa Rica.
Por ejemplo la “mega” cárcel que construye el gobierno de Chaves-Fernández mantendría detenidas unas 5 000 personas.
La cárcel de Bukele tiene más de 40 000 personas. La sociedad salvadoreña está atravesada por el fenómeno migratorio, lo que disuelve muchas relaciones socio-políticas que permiten la emergencia de la violencia bukelista.
Costa Rica es por otro lado un país que atrae migrantes.
No solo 500 000 nicaragüenses que trabajan sin derechos en fincas y casas de la burguesía costarricense, incluso 100 000 migrantes estadounidenses, según ha dicho Marco Rubio.
Bukele se apoyo en el ejército y las fuerzas armadas.
En Costa Rica no hay ejército y el chavismo tiene un enfrentamiento muy duro en los cuerpos policiales contra otras fuerzas políticas. Esto hace que las posibilidades de una represión durísima, condición básica que haría viable el estado de excepción, son más lejanas que en El Salvador.
En tercer lugar, una gran contradicción. Es la propia orientación imperialista de Estados Unidos sobre la región la que promueve a Costa Rica como una democracia.
Trump puede explotar políticamente regímenes de mando dura, con cierto grado de represión, pero transformar por completo un régimen democrático en uno dictatorial, puede acarrear duras críticas de sus oponentes demócratas, de los republicanos europeos y, obviamente, de las masas trabajadoras de Estados Unidos, incluyendo los migrantes.
Por ello instaurar otro régimen de estado de excepción permanente podría ser explosivo para el dominio imperialista en la región.
Por esto Laura Fernández explícitamente se ha desmarcado de cualquier comparación con una dictadura.
Ahora bien, si Trump se encontrara en una situación política muy difícil o lo mismo para Fernández, entonces podrían haber intentos de zarpazos antidemocráticos en Costa Rica, como ya ha hecho su mentor, Rodrigo Chaves, cuando sacó miles de policías a la calle ante el peligro de que allanaran su casa de habitación, hace apenas unos meses atrás.
Por ello, aunque es muy difícil que Fernández instaure un régimen bukelista de estado de excepción permanente, podría sin embargo intentar en el marco de la Constitución actual y con voto de 38 diputados, impulsar un estado de excepción temporal y restringido a algunas comunidades populares o ante fenómenos importantes de lucha de clases.
Acá la clave no es objetiva, sino subjetiva. Las políticas represivas deben ser afrontadas desde ya a través de la movilización y la construcción de espacios políticos de autoorganización de la izquierda y la clase trabajadora.
https://www.laizquierdadiario.cr/El-futuro-regimen-politico-de-Laura-Fernandez
