Estados Unidos impuso sanciones a cinco ciudadanos costarricenses señalados de liderar la red de narcotráfico más grande de Costa Rica, acusada de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.
Las medidas, anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluyen el bloqueo de todos los bienes vinculados a los implicados en territorio estadounidense y la posibilidad de procesos de extradición.
Los sancionados son Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock; Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni; Tonny Alexander Peña Russell, alias La T; Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock; y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, madre de Estefanía.
Según la OFAC, Shock y Noni se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos del país, con contactos directos en Colombia, mientras que Peña Russell lideraba un grupo de sicarios.
Estefanía y Anita McDonald habrían utilizado varias empresas para lavar dinero a favor de Shock, entre ellas la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. y Inversiones Laurita L&L S.A., y se les atribuye además la realización de transacciones fraudulentas para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.
Shock fue detenido en Reino Unido en diciembre de 2024 y espera su extradición a Estados Unidos, mientras que Noni fue arrestado en San José en agosto de 2025 y Peña Russell en 2024; todos enfrentan procesos de extradición.
En noviembre de 2025, la policía costarricense realizó un operativo a gran escala contra la organización en Limón y San José, incautando 14 toneladas de drogas, aprehendiendo a unas 30 personas y decomisando numerosos bienes.
La red, bautizada por las autoridades como el “Cartel del Caribe Sur”, contaba con divisiones especializadas en logística, lavado de dinero, seguridad y tecnología, y sus operaciones continuaban expandiéndose hacia Estados Unidos y Europa.
Estas sanciones se suman a acciones previas de la OFAC y a la coordinación entre la DEA, el Ministerio Público de Costa Rica y la policía judicial para combatir el narcotráfico transnacional y el lavado de activos.
