A partir de la década de 1980 apareció la nueva ortodoxia en el pensamiento económico occidental, que consideraba al Estado y sus intervenciones como un obstáculo para el desarrollo económico y social de sus poblaciones.
De forma gradual, el neoliberalismo fue sustituyendo al pensamiento keynesiano tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas.
Esta nueva ortodoxia aseguraba que los déficits del presupuesto estatal eran intrínsecamente negativos para la economía, porque absorbían el ahorro nacional, aumentaban los tipos de interés y disminuían la inversión con cargo al ahorro nacional.
Otra afirmación conceptual de los neoliberales era que las intervenciones estatales en la regulación del mercado de trabajo eran también negativas, porque dificultaban el libre juego del mercado en ese factor, asegurando que las políticas públicas dirigidas a establecer el pleno empleo eran ineficaces y desincentivaban la creación de empleo. Por lo tanto, el mercado del trabajo debería estar totalmente desregulado.
La protección social garantizada por el incipiente Estado de Bienestar, a través de políticas redistributivas como las aplicadas durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), era y es considerada perniciosa para el desarrollo económico.
Reducir el gasto público fue y es una consigna del pensamiento neoliberal. Destacaban entonces, y destacan ahora, que el crecimiento económico depende de resolver o desmantelar el “Estado tranca” construido en el período de gobierno anterior.
No habrá un Programa de Ajuste Estructural (PAE) como en los años 80. Sin embargo, la narrativa es la misma y está renovada.
Afirman que existe un sobredimensionamiento del Estado, una mala gestión de las empresas públicas, corrupción generalizada y falta de reinversión o malas inversiones realizadas.
Con el PAE de los 80 lo llamaban un proceso de modernización necesaria de la sociedad y el Estado, una “revolución liberal” técnicamente organizada en el Decreto Supremo 21.060, cuyo alcance no solo era la estabilización macroeconómica, sino la reestructuración económica a largo plazo y cuyos objetivos prioritarios eran detener la hiperinflación y reinsertar a la economía boliviana en la dinámica de la economía mundial.
El espíritu del Decreto Supremo 21.060 contenía la lógica de “más libertad y menos Estado” que habían promovido los empresarios privados en ese momento.
La creencia en la necesidad de reducir el rol del Estado en la economía ha sido promovida por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de la década de 1980.
El Estado neoliberal debería favorecer los derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, el mercado libre, el libre comercio, la privatización de las empresas estatales y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para imponer todas esas reformas.
La empresa privada era y es considerada como una llave de la innovación tecnológica y la creación de la riqueza.
El FMI y el BM se convirtieron en los centros de propagación del fundamentalismo del libre mercado y de la ortodoxia neoliberal.
A cambio de la reprogramación de la deuda se exigía implementar reformas institucionales, recortes del gasto público, la flexibilización del mercado del trabajo y la privatización. En el caso boliviano, a partir de la década del 90, el FMI toma control de la economía dando las directrices para su funcionamiento, tanto que el representante del Fondo participaba en las reuniones de gabinete.
En el neoliberalismo el Estado era desregulado y estaba diseñado para beneficiar a los empresarios con medidas orientadas a la protección de los derechos de propiedad y los mercados.
Por definición, la economía neoliberal favorecía a los “más aptos”, es decir, a los que tenían mejores condiciones para la competencia; así se reproducía un sistema que daba lugar a la falta de equidad económica y social.
En cuanto al comercio exterior, proponían que el Estado no debería intervenir en su regulación ni en la de los mercados financieros. Estaban convencidos de que la libre movilidad de capitales garantizaba la más eficiente redistribución de recursos a nivel internacional.
Por lo que la intervención en los mercados debía ser mínima y no anticiparse a las señales del mercado y sus precios, que podían distorsionar los mismos.
Por eso, con el nuevo Gobierno, se vuelve a fomentar o implementar como política la libre exportación y la búsqueda de mercados para los productos bolivianos. No está mal siempre y cuando se asegure la provisión de los alimentos básicos como la carne, el maíz o el azúcar por ejemplo en el mercado interno.
La condición asociada a la dependencia de las exportaciones de materias primas siempre fue determinante en nuestra historia económica. La actual crisis no es coyuntural y tiene que ver con una crisis estructural asociada al agotamiento de un modelo económico sustentado en la exportación de gas y minerales.
La explotación y exportación de los recursos naturales no renovables marcaron las expansiones económicas del país en toda su historia. Incluso en el período de implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones la minería y el petróleo fueron determinantes para la economía nacional.
El modelo de producción primario exportador no cambió sustancialmente y la economía boliviana siguió dependiendo de sus materias primas hasta el día de hoy.
Los procesos de industrialización fueron necesarios en diferentes momentos de nuestra historia. Muchos gobiernos intentaron pasar de una producción primaria a otra con mayor valor agregado.
Sin embargo, no siempre tenían un horizonte claro sobre qué debía industrializarse, qué debía estar a cargo del Estado y qué a cargo de los empresarios privados.
En distintos momentos el Estado fue el principal inversor y financiador de los procesos de industrialización que después eran transferidos a los privados.
En el proceso de privatizaciones de las empresas estatales iniciado en 1986 la narrativa neoliberal construyó un lenguaje de eufemismos para referirse a las aparentes bondades de la economía de mercado. Cuando hablaban de los empréstitos, decían que eran “arreglos o facilidades”; o cuando mencionaban los créditos condicionados o los pagos parciales, se decía que eran “desembolsos tramo”; o cuando hablaban de la “capitalización” de empresas públicas, en realidad se referían a las “privatizaciones”.
En el período de la denominada “capitalización”, como establece el Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CemipyC), las empresas más rentables pasaron al control del capital transnacional y otras a los “capitalistas” nacionales, que de manera fraudulenta se adjudicaban su explotación.
Dicho informe describe la lógica depredadora de la privatización de las empresas estatales por parte de las clases dominantes, que crearon un entramado legal a través del cual se apropiaron del patrimonio del Estado y generaron pérdidas cuantiosas al país.
Al desmantelar el Estado las empresas públicas pasaron a ser controladas por los privados y las transnacionales con el supuesto de que solo la iniciativa privada era capaz de generar riqueza y crecimiento de la economía.
Los neoliberales tenían la convicción de que si no era por el interés que movía al privado, no existiría la motivación para trabajar, producir o mejorar la calidad de vida de las personas. La legítima necesidad de obtener ganancias por parte de los inversionistas y empresarios privados conduciría a la automática generación de riqueza y empleo a cargo de los que sabían o tenían la vocación para hacerlo.
El Estado debía crear el marco normativo que privilegiara la economía privada creando salvaguardas a favor de los empresarios y el capital transnacional, incluyendo a aquellos que se habían apropiado de las empresas estatales de manera fraudulenta y con base en una amplia y sofisticada red de influencias.
Apoderarse del patrimonio público, es decir, de las empresas estatales, fue la marca de un modelo de enajenación que favoreció a los empresarios privados de entonces y que se espera implementar nuevamente. Desmantelar el Estado y su implicación en la “economía estatal” es parte de su estrategia –si se puede llamar estrategia– de desarmar el “Estado tranca” con la idea, poca clara, de crear “climas” para producir, operar y ser competitivos.
A cambio, era obvio, flexibilizaron y precarizaron el trabajo: promovieron la deslocalización, desarrollaron condiciones monopólicas de operación, eliminaron servicios que consideraban no rentables, redujeron la calidad de los servicios y las prestaciones al público. En general, no hicieron las inversiones comprometidas en contratos amañados.
Los empresarios bolivianos y muchos de los inversionistas extranjeros beneficiados con la privatización no demostraron tener ni la ética ni el espíritu de los capitalistas, como suponía el dogma neoliberal.
El bienestar social y económico alcanzado en el período de 2006-2019 no habría sido posible sin la participación del Estado en la economía.
En contra de lo que argumentaba el dogma neoliberal de que el Estado era un factor pernicioso para el mercado y la economía, en nuestro caso la mayor presencia estatal en el ámbito económico fortaleció el mercado interno y permitió que las rentas recuperadas por la explotación de nuestra base material sirvieran para iniciar un proceso de industrialización básica en el mediano y largo plazo.
El gobierno de Paz Pereira anunció un proceso de privatizaciones y cierre de empresas estatales a las que se cree son parte de una estrategia equivocada de la gestión de gobierno anterior.
Ya anunció la abrogación de cuatro impuestos: a las grandes fortunas (IGF), a las transferencias financieras (ITF), al juego (IJ) y a las promociones empresariales (IPE), destacando que esos cuatro impuestos no significan ni el 1% de la recaudación fiscal; pero lo suficiente para pagar el Bono Juana Azurduy o aportar una parte al pago del Bono Juancito Pinto.
Las utilidades de las empresas públicas contribuyeron a redistribuir los mismos entre los sectores sociales más vulnerables, lo que fortaleció el mercado interno y se convirtió en un factor importante del crecimiento económico del país.
Ahora las circunstancias han cambiado y la naturaleza del actual Gobierno representa los intereses de las clases históricamente dominantes, que esperaban esta oportunidad de volver al poder para garantizar sus privilegios, sino sus ganancias, con cargo a medidas de ese tipo.
Con el argumento de no más subsidios, eliminar el subsidio a los combustibles es una medida dirigida a reducir el gasto en combustibles cuyo 40%, según el mismo Gobierno, se sale de contrabando a países vecinos. Sin embargo, es importante recordar que dicho subsidio fue creado durante el gobierno de Banzer-Tuto Quiroga para favorecer la agroindustria de Santa Cruz. La mayor parte del diésel importado se fue a esos sectores productivos del oriente del país.
Los grandes exportadores de soya y azúcar, entre otros, fueron los más beneficiados.
Con el tiempo y la baja de la producción nacional de combustibles el volumen importado a precios internacionales fue cada vez mayor y con cargo a las reservas internacionales. Finalmente, se convirtió en un problema macroeconómico insostenible por los desequilibrios que generaba. En todo caso, como en el período neoliberal de 1985-2005, la presencia de organismos como el FMI en la definición del ajuste parece repetirse.
El actual Gobierno ha sacado su propio DS 21.060 con el nuevo DS 5.503. De acuerdo a las recetas del FMI, el mayor peso del ajuste recaerá sobre las espaldas de los más pobres, aquellos que no tienen ni siquiera el salario mínimo.
Se liberan las exportaciones y priorizan los mercados externos, con la consiguiente reducción de la oferta de productos y alimentos para el mercado nacional, lo que afectará los precios hacia arriba no solo por el encarecimiento de los costos de transporte debido a la subida del precio de los combustibles, sino porque los alimentos que antes se priorizaban para el mercado nacional ahora se irán para la exportación.
Desde siempre los exportadores han hecho sus operaciones de comercio exterior sin repatriar sus utilidades al país; se benefician del subsidio a los combustibles y no traen divisas para el país. Ese es el problema principal. A ello se suma el del contrabando y las redes mafiosas que lo controlan y se benefician.
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Ramiro Lizondo Díaz Boliviano, economista
https://www.correodelalba.org/2025/12/19/la-restauracion-del-modelo-neoliberal-en-bolivia/
