Nicaragua: José Emilio Jhonatan Amador Cisnero (Ismael )

El ministro de Seguridad Nacional israelí, sionista y líder de la formación de ultraderecha Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir; celebrando los primeros pasos del anteproyecto de ley para aplicar la pena de muerte a presos palestinos en la Knesset.EFE/EPA/ABIR SULTAN

La 'medida estrella' del ministro de ultraderecha sionista Ben-Gvir echa a andar en la Knéset con su aprobación en primera lectura, con el apoyo de los partidos de coalición del Gobierno de Netanyahu y la indignación de los colectivos en defensa de los derechos humanos. 

Estas son todas las claves de la potencial norma.

¿Qué es un "terrorista palestino" para el Gobierno, Justicia, ejército e instituciones israelíes? Sin duda, ese es un concepto difuso si se atiende al funesto balance de miles de civiles fallecidos -muchos de ellos, niños y mujeres- a lo largo de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. 

A veces uno se convierte en terrorista simplemente por cruzar una línea invisible, pero el juez que acaba dictando sentencia acostumbra a ser el gatillo de un fusil de asalto de un soldado o la explosión de un dron. Nada nuevo en la tierra donde a veces se justifica acribillar a niños o adolescentes por arrojar piedras.

Más allá de la práctica sobre el terreno, el Parlamento israelí ha dado su visto bueno, este martes, en primera lectura a un anteproyecto de ley que va más allá. Legalizaría -en término del derecho doméstico israelí- matar a los supuestos "terroristas" palestinos. 

Pero a los que se encuentran en el interior de una celda israelí cumpliendo condena. Más allá del Likud de Netanyahu y las formaciones ultras, el anteproyecto no se ha topado con gran oposición en la Knéset. Fueron 39 votos a favor frente a 16 en contra.

Tras conocer los resultados de aquella votación no tardaron en llegar los vítores y celebraciones personificados por el propio impulsor de la norma, el ministro de Seguridad Nacional, líder del partido sionista y de ultraderecha Poder Judío (Otzma Yehudit), Ben-Gvir. 

Recorrió los pasillos de la cámara legislativa israelí portando una bandeja con dulces, entregándoselos a los diputados que los aceptaban y luego fuera ya del hemiciclo, mientras se sacaba selfis. 

Lo retrató en su cuenta oficial de X, bajo el bastante descriptivo titular de: "El poder judío, en camino a hacer historia". Con el postre en la mano.

Dicen que 'la venganza es un plato que se sirve frío' y, precisamente, del concepto de venganza hay mucha presencia en el texto de la que podría convertirse en la primera carta blanca legal para ejecutar a presos palestinos. 

¿Cómo funcionaría?, ¿a quiénes podría aplicarse la pena capital y en qué casos?, ¿se salta el derecho internacional y humanitario? Estas son las claves que acompañan a un proyecto de ley que ha levantado a numerosas voces en su contra.

¿A quiénes podrían aplicarle la pena de muerte para "terroristas"?

Lo primero que hay que tener en cuenta sobre la ley que ha comenzado su andadura -debe tener tres aprobaciones más antes de que se convierta en realidad- es a quién se le aplicaría en la práctica. 

Es decir, cómo primaría sobre los ciudadanos palestinos, mientras que un terrorista israelí no se vería afectado directa y completamente mediante esta norma. 

Pongamos como ejemplo un caso traumático en Israel -desafortunadamente, no para todas las formaciones política israelíes-, el de Yigal Amir, el autor del magnicidio del exmandatario Isaac Rabin.

En 1995, el ultraderechista aprovechó el final de una manifestación en defensa de los históricos Acuerdos de Oslo para meterle dos disparos con su beretta al ex primer ministro cuando este se dirigía a su limusina, hiriendo de gravedad a su escolta, Yoram Rubin.

 Desde entonces ha pasado la friolera de tres décadas, 30 años que Amir ha cumplido en prisión al estar condenado a cadena perpetua. ¿Podría habérsele aplicado la pena capital? Básicamente, el texto de este proyecto de ley estipula una serie de condiciones clave que favorece que esta norma afecte fundamentalmente a palestinos.

Se dictará dicha pena para aquel "terrorista" que haya sido condenado por "quien intencionadamente o por indiferencia cause la muerte de un ciudadano israelí cuando el acto se cometa por un motivo racista o de odio a un determinado colectivo", además de "con la intención de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío en su patria".

Esto quiere decir que solo podrán ejecutarse a aquellos condenados por un asesinato de un ciudadano israelí, con una motivación de definición vaga e inconcreta, pero en el que entrarían numerosos casos de reclusos a los que Israel mantiene hacinados en prisión. 

Las que aluden a un concepto de acción contraria a Israel. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién decidirá qué es perjudicial para Israel "y la resurrección del pueblo judío"?

Quién tomaría la decisión sobre una pena capital... ¿¡retroactiva!?

La otra gran pata del proyecto de ley es que reduce las garantías del proceso. Para hacerse una idea, esta es una sentencia que podrían aplicar tribunales militares israelíes en los territorios ocupados de la Franja de Gaza y Cisjordania si existe una "mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia". 

No solo no requeriría de unanimidad y de más elevadas instancias judiciales, sino que prevé que esta "no podrá ser conmutada" por otra pena inferior.

"Solo hay culpable o inocente. Si es culpable, ejecución automática", desgranó Yitzhak Wasserlauf, ministro para el Desarrollo del Negev y Galilea, durante su defensa de la propuesta en la Knéset. Es decir, la única opción si se sale condenado es la muerte. 

O en otras palabras, si no eres inocente solo hay una posibilidad, la pena máxima e irreversible.

Regresemos al supuesto del ultraderechista israelí y asesino Yigal Amir. Si éste fuese considerado un terrorista que cumpliese con las características antes descritas y si la mencionada ley acabase siendo una realidad, 30 años después podría ser ejecutado.

 ¿Una locura jurídica?, ¿cómo es posible? Porque el texto de dicho proyecto de ley cuenta con un factor tan clave como desafiante para todos los preceptos básico de un Estado de Derecho: la retroactividad.

A pesar de que en la práctica de los procesos judicial y, de forma más concreta, en el Derecho Penal solo se emplea la retroactividad para aquellos casos que beneficien al reo, el articulado de este proyecto de ley rompe con ese pilar jurídico para permitir lo que serían penas de muerte en diferido. 

Es decir, no se ejecutaría a aquellos condenados a partir de la eventual entrada en vigor sino que se podría matar a quienes ya fuesen condenados anteriormente.

¿Cuál ha sido la respuesta de los palestinos y de las organizaciones de derechos humanos?

Lógicamente, la misma propuesta de norma que acumuló el rechazo de oenegés y colectivos en defensa de los derechos humanos cuando solo contaba con el apoyo del partido Poder Judío, sigue haciéndolo aunque Netanyahu y los suyos hayan recogido cable y endurecido su discurso. 

Sobre ese cambio de parecer, quedó todo claro con la intervención en el Parlamento del coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch. 

Defendió que antes no apoyaban esta pena capital por lo que Hamás podría hacer con los rehenes que quedaban con vida en Gaza, ya liberados en virtud del alto al fuego y plan de paz de Trump: "Como ya están aquí [los rehenes israelíes], estamos en una situación diferente".

Conocida la postura del Gobierno de Netanyahu sobre lo que Washington asegura que es un proceso de paz, desde la Franja no tardó en escucharse la respuesta del grupo islamista palestino Hamás. 

Consideran que esa ley no es más que "un intento de legitimar el asesinato masivo de palestinos bajo ocupación" y que "supone un desprecio flagrante a las leyes y convenciones internacionales, entre ellas el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos".

De hecho, el grupo armado ha alzado la voz en su enésimo llamamiento a la comunidad internacional para que actúe contra Tel Aviv en forma de sanciones.

 "Pedimos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a todas las organizaciones de Derechos Humanos que condenen esta peligrosa ley de la ocupación racista y que imponga sanciones disuasorias contra la entidad sionista canalla para presionarle a que la retire", ha reclamado Hamás, que también ha pedido "comités internacionales de investigación" que entren en las prisiones israelíes para "examinar las condiciones de los prisioneros palestinos, sometidos a torturas y abusos sistemáticos, lo que ha causado la muerte de decenas de ellos".

Más allá de las declaraciones del grupo que perpetró los brutales atentados del 7-O, se han pronunciado distintas oenegés como el Centro Palestino de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Condenan los factores clave jurídicos antes mencionados, como "su aplicación retroactiva", para denunciar que "el objetivo principal de la legislación propuesta es satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones".

El ministro Wasserlauf no escondió que hay algo de venganza en la norma: "No me da miedo usar la palabra venganza. Tiene un valor muy importante. 

Quien nos mate, lo dañaremos, lo mataremos, sí". También concluyó que "la mejor forma de que no haya secuestros es que no queden terroristas", esgrimiendo que la pena de muerte evitaría la práctica del secuestro en ataques palestinos porque estos se usan como moneda de cambio de los presos palestinos en prisión. 

Efectivamente, la lógica del Ejecutivo de Netanyahu es que si los presos han sido ejecutados, ya no hay a quien tratar de liberar.

Desde Amnistía Internacional han reclamado a Israel que dé marcha atrás. "No hay manera de suavizar este asunto; una mayoría conformada por 39 miembros de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que en la práctica obliga a los tribunales a imponer la pena de muerte únicamente a personas palestinas", reza el comunicado de Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización.

"Aunque el texto del proyecto de ley no señala específicamente a la población palestina, el elemento mental requerido para el delito en cuestión indica que sus principales víctimas van a ser personas palestinas, incluidas aquellas que hubieran cometido los delitos punibles antes de la promulgación de la ley", añadió Guevara.

¿En qué podría traducirse a corto plazo la entrada en vigor de esta pena de muerte?, ¿por qué ahora?

En este sentido, los principales temores pasan por aquellos que, precisamente, no han podido ser moneda de cambio durante los últimos canjes de rehenes y presos palestinos. 

Fue un punto de fricción recurrente y habitual en las conversaciones entre Hamás y Tel Aviv, la negativa israelí a liberar a ninguna persona que estuviese vinculado a los ataques del 7-O, a quienes se ha condenado a cadena perpetua y que son mencionados habitualmente como objetivos de esta ley. El brazo armado de Hamás o los milicianos con los que perpetró el atentado.

Desde que se produjo el ataque del 7-O, miles de integrantes -y supuestos integrantes, claro- de las Brigadas Al Qasam fueron encarcelados y posteriormente sentenciado a cadena perpetua.

 Aunque se han venido aprobando medidas expresas para actuar contra este perfil de preso, como la demolición de sus viviendas -sin importar que su familia estuviese involucrada o no-, lo cierto es que desde las oenegés se cree que una entrada en vigor de la ley tal y como está redactada iniciaría una cadena de ejecuciones, con carácter retroactivo, en las que se alegaría su participación en los ataques.

Cabe recordar que la pena capital más allá de terroristas o no terrorista ya existe en Israel. 

Un vestigio de la época del protectorado británico que nunca se extrajo de la legislación que adoptó el Estado judío durante su creación.

 De hecho, casi todos los intentos de emplear esta ley han terminado siempre en impugnaciones en el Supremo israelí, con dos excepciones.

 Las únicas dos ejecuciones tuvieron lugar en 1948 y en 1962. Fueron Meir Tobianski, un judío que había sido condenado por espionaje, y Adolf Eichmann, uno de los ex altos cargos del II Reich de Adolf Hitler e ideólogo de la 'solución final', tras ser localizado y capturado por el Mossad en Buenos Aires.

https://www.huffingtonpost.es/global/israel-ultima-ley-pena-muerte-terroristas-palestinos-como-aplicaria-claves.html