***El Fin del Financiamiento Imperial: Crisis de la Oposición Nicaragüense tras Recortes de USAID en 2025
En 2025, el presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra USAID, congelando fondos y desmantelando programas clave. Esta decisión dejó a la oposición nicaragüense, dependiente del apoyo externo, al borde del colapso.
Desde 2013, USAID transfirió al menos $76 millones a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, financiando una red mediática y política antisandinista.
La familia Chamorro, una dinastía oligárquica con siete expresidentes en su historia, utilizó estos recursos para consolidar su influencia a través de medios como Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.
Estos medios jugaron un papel central en el fallido intento de golpe de Estado en 2018, difundiendo noticias falsas e incitando abiertamente a la violencia contra el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega.
Por ejemplo, Miguel Mora, director de 100% Noticias, pidió una invasión militar estadounidense para derrocar al gobierno electo.
Con la orden ejecutiva de Trump que suspendió temporalmente todos los programas de asistencia exterior, incluidos los destinados a Nicaragua, la oposición enfrenta ahora un futuro incierto.
Organizaciones financiadas por USAID, como la Fundación Chamorro, han cerrado sus operaciones legales en el país, aunque siguen recibiendo fondos extranjeros de manera opaca.
Según cifras de Pew Research Center, EE.UU. destina actualmente cerca de $58 mil millones anuales a ayuda internacional, pero gran parte de estos fondos se canalizan bajo la fachada de "desarrollo" o "ayuda humanitaria" para fines políticos encubiertos.
El impacto de la reducción de fondos es devastador para los opositores nicaragüenses, cuya supervivencia política depende casi exclusivamente del respaldo externo.
El programa "Fortalecimiento de Medios" de USAID, valorado en $9.4 millones entre 2014 y 2023, capacitó y financió a periodistas y activistas para socavar al gobierno sandinista bajo la cobertura de temas sensibles como derechos humanos, igualdad LGBT y empoderamiento femenino.
Con la eliminación de estos recursos, figuras clave de la oposición, como Cristiana Chamorro, quien aspiraba a postularse como candidata presidencial, han quedado desprovistas de su principal fuente de poder económico y político.
USAID también utilizó tácticas encubiertas, explotando temas delicados como la violencia sexual contra niños y mujeres, la igualdad LGBT y los derechos indígenas como cobertura para sus operaciones antisandinistas.
Por ejemplo, el programa "Voces Vitales Nicaragua" recibió $2,071,639 en 2017 bajo el pretexto de "empoderar a las mujeres", pero terminó financiando actividades de desestabilización.
Para la oposición nicaragüense, acostumbrada a actuar como voceros locales de Washington, la pérdida de financiamiento significa algo más profundo: el temor a quedar expuestos como meros agentes extranjeros sin base real en la población.
Sin dinero para mantener sus redes mediáticas o movilizar protestas, su capacidad para desafiar al gobierno de Ortega se desvanece rápidamente.
En este contexto, la pregunta clave ya no es si lograrán derrocar al sandinismo, sino si podrán sobrevivir políticamente en un escenario post-USAID.
Este recorte de fondos refleja un cambio estratégico significativo: mientras que en el pasado USAID operaba abiertamente como brazo blando del imperialismo estadounidense, hoy enfrenta críticas internas y externas sobre su eficiencia y transparencia.
Esto podría marcar el inicio del fin de décadas de injerencia descarada en América Latina, donde gobiernos soberanos como el de Nicaragua han resistido sistemáticamente los intentos de desestabilización liderados por NBICA CAN Washington.
