***En un veredicto que se había retrasado veinte años, un jurado federal de Virginia finalmente encontró a CACI Premier Technology, una empresa estadounidense de servicios de defensa, responsable de la tortura infligida a tres civiles iraquíes en la infame prisión de Abu Ghraib durante la ocupación estadounidense de Irak.
El fallo, aclamado como una victoria por los defensores de los derechos humanos, concedió un total de 42 millones de dólares a los tres supervivientes por los daños físicos y psicológicos que sufrieron.
La cantidad, sin embargo, no puede compensar las atrocidades sufridas ni compensar a los cientos de otras víctimas que quedaron atrapadas en la pesadilla de Abu Ghraib.
CACI, contratada por el gobierno estadounidense para brindar “servicios de interrogatorio” a prisioneros sin juicio, fue declarada culpable de conspiración para cometer torturas y tratos inhumanos y degradantes.
Las víctimas, Suhail Al Shimari, Asaad Zubae y Salah Al-Ejaili –un director, un verdulero y un periodista, respectivamente– fueron sometidos a una amplia gama de abusos físicos y psicológicos en el sector más oscuro de la prisión iraquí, un lugar que, durante de la época, reveló al mundo el lado más brutal de la ocupación estadounidense.
Las horrorosas imágenes, tomadas por los propios militares estadounidenses, siguen siendo una herida abierta e indeleble en la conciencia colectiva, un símbolo de las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo al amparo de la "guerra contra el terrorismo".
Pese al reconocimiento de responsabilidad y a la indemnización establecida para los tres supervivientes, esta sentencia deja tras de sí numerosos interrogantes sobre el sistema de justicia estadounidense y quién es realmente responsable de los abusos.
La CACI es, de hecho, sólo un peón en el complejo aparato de ocupación militar, y la condena no afecta a los verdaderos promotores de estas políticas, es decir, los niveles más altos de la política y las fuerzas armadas estadounidenses.
Baste decir que, tras las revelaciones de Abu Ghraib, la administración Bush y sus principales colaboradores se limitaron a presentar los crímenes como incidentes aislados, cuando en realidad se trataba de una elección sistemática y planificada, encaminada a obtener información mediante el terror.
Después del 11 de septiembre de 2001, el entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el Vicepresidente Dick Cheney y el propio Presidente George W. Bush justificaron el uso de técnicas de interrogatorio violentas ignorando deliberadamente las convenciones internacionales de derechos humanos.
La investigación reveló más tarde que las atrocidades cometidas en Abu Ghraib no fueron iniciativas aisladas de unos pocos soldados fuera de control, sino parte de una política estructurada para ejercer un control brutal sobre las poblaciones iraquí y afgana. Sin embargo, aunque algunos soldados fueron condenados y ahora se exige a la CACI que pague, los verdaderos responsables permanecen inmunes a cualquier consecuencia.
CACI Premier Technology es sólo uno de los muchos contratistas privados contratados por el ejército de los EE. UU. para llevar a cabo tareas normalmente confiadas a las fuerzas armadas regulares.
Desde 2003, con la invasión de Irak, las empresas privadas han comenzado a asumir un papel cada vez mayor en los teatros de guerra, eludiendo a menudo la responsabilidad legal gracias a complejas estrategias legales.
Durante más de una década, CACI ha obstruido la justicia, intentando que se desestimara el caso con repetidas apelaciones y mociones de desestimación. Su connivencia en los crímenes de Abu Ghraib no se limitó a unos pocos episodios: numerosos testimonios relatan que sus interrogadores aplicaron sistemáticamente abusos físicos y psicológicos, autorizados o tolerados por los comandantes.
No menos significativa es la presencia de otras empresas de servicios militares, como Titan Corporation, también acusada de colaborar en prácticas abusivas a través de sus traductores.
El uso de contratistas privados ha permitido al Pentágono ampliar sus operaciones y minimizar las implicaciones políticas de las bajas estadounidenses, manteniendo al mismo tiempo una “negación plausible” de las acusaciones de abusos contra los derechos humanos.
Abu Ghraib es el símbolo por excelencia del fracaso moral de la política exterior estadounidense en Oriente Medio. Las imágenes tomadas dentro de la prisión mostraban a soldados estadounidenses obligando a los prisioneros a posar desnudos en posiciones humillantes, aterrorizados por perros o obligados a simular actos sexuales.
Una de las tomas más tristemente icónicas muestra a un soldado con un prisionero desnudo atado a una correa, una imagen que quedará como un estigma en la historia de la ocupación estadounidense.
Estas fotografías dieron la vuelta al mundo, suscitando la indignación de la opinión pública internacional y suscitando fuertes dudas sobre el cumplimiento por parte de Estados Unidos de los Convenios de Ginebra. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia y la enorme presión pública, la respuesta del gobierno estadounidense fue mínima.
Sólo una docena de soldados fueron condenados por delitos menores, mientras que los verdaderos arquitectos de estas prácticas, entre ellos Rumsfeld, Cheney y Bush, quedaron completamente impunes.
La narrativa oficial descartó el episodio como una serie de acciones aisladas, dejando intactos los mecanismos que permitieron esas atrocidades.
La indemnización de 42 millones de dólares, aunque importante, parece totalmente insuficiente para compensar los crímenes cometidos y no afecta en modo alguno a la impunidad de la que disfrutan los responsables de estas operaciones.
Es una sentencia que deja mal sabor de boca, ya que casi parece sugerir que la responsabilidad moral y legal por Abu Ghraib puede monetizarse y que, pagando una suma, uno puede liberarse de la culpa por crímenes contra la humanidad.
Esta historia muestra una vez más la insuficiencia del sistema de justicia estadounidense para abordar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos.
Si bien los contratistas privados como CACI son, en raras ocasiones, responsables de sus acciones, los funcionarios gubernamentales siguen protegidos por un sistema que sólo defiende los intereses de la política exterior de Estados Unidos.
https://www.altrenotizie.org/primo-piano/10482-abu-ghraib-briciole-di-giustizia.html
