***Fuentes: IPS [Imagen: un primer mapa de falsas soluciones muestra proyectos de intención o apariencia favorable al clima pero con impactos sociales y ambientales contraproducentes. En muchos casos las comunidades indígenas están entre los sectores de población más afectados. Imagen: Plataforma por la justicia climática]
Iniciativas y programas de empresas y gobiernos para encarar la crisis climática en América Latina y el Caribe en realidad conforman un vasto panorama de falsas soluciones, según muestra un novedoso mapa regional elaborado por organizaciones ambientalistas de varios de sus países.
El mapa “ofrece una visión de conjunto, para entender la dinámica y el lenguaje mentiroso de las falsas soluciones, que permiten a los grandes contaminadores obtener asignaciones para continuar sus actividades y contribuir al calentamiento global”, dijo a IPS Ivonne Yánez, presidenta de la ecuatoriana Acción Ecológica.
Elaborado por la red de organizaciones ambientalistas Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, el mapa muestra como soluciones falsas a decenas de proyectos de energía verde y de producción de sus insumos, y de guardar carbono en los bosques, en otros ecosistemas y en sistemas agrícolas.
También proyectos de geoingeniería para evitar el cambio climático, y de adaptación a ese cambio con base en ecosistemas, o en infraestructuras e ingeniería.
“Más que un formato, es una herramienta de visibilidad, pedagógica, en la que confluyen actores muy diversos, como académicos, investigadores, oenegés y activistas reunidos en la Plataforma”, señaló a IPS la investigadora Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que dio a conocer el mapa en mayo.
La red que ayuda a dibujar el mapa “plantea que son urgentes las iniciativas de transición que provengan de los tejidos territoriales y comunidades, fuera de los marcos impuestos por la economía verde, el lavado verde corporativo y la captura corporativa” de emisiones de carbono, dijo Buitrago.
“El mapa ofrece una visión de conjunto, para entender la dinámica y el lenguaje mentiroso de las falsas soluciones, que permiten a los grandes contaminadores obtener asignaciones para continuar sus actividades y contribuir al calentamiento global”: Ivonne Yánez.
Yánez expuso en la presentación del mapa que “el capitalismo verde lo que busca no solo es apropiarse de la capacidad de la naturaleza de limpiarse, de recrear vida, de hacer fotosíntesis”.
“También, a través de las falsas soluciones, se aprovecha y apropia de lo que han hecho los pueblos indígenas durante miles de años, que es cuidar y proteger los bosques, o los campesinos de cuidar los suelos.
¿Y para qué? Para seguir con una escalada de extracción de combustibles fósiles”, dijo la activista.
Ambientalistas de la organización Greenpeace arrojaron pintura verde sobre el fuselaje de un avión de Air France en el aeropuerto de París, en marzo de 2021, para protestar por la compra de bonos de carbono por la empresa. Grandes firmas adquirieron los bonos sin dar marcha atrás en la expansión de operaciones que generan grandes emisiones de carbono. Imagen: Fenis Meyer / Greenpeace
Carbono, villano indemne
El análisis de los 83 casos que nutren el primer mapa –otro centenar aguarda para figurar en las próximas ediciones- mostró que 70 % del financiamiento de falsas soluciones a la crisis climática es de origen privado, y que las comunidades más afectadas son indígenas y campesinas.
La categoría de falsa solución que más se repite son los proyectos para guardar carbono en bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas, en 50 % de los casos.
Los proyectos de RED+ (Reducción de emisiones –principalmente dióxido de carbono, CO2- derivadas de la deforestación y la degradación forestal en los países del Sur en desarrollo), alcanzan a 33 % de los casos.
El marco RED+ permite a los países emitir y mercadear certificados de compensación por las emisiones de carbono “que se colocan en el sistema financiero a disposición de empresas que quieren utilizarlos como permisos para seguir contaminando y generando emisiones”, criticó Yánez.
Los proyectos de energía eólica, y los de nuevas plantaciones forestales justificadas por la captura de carbono, abarcan 10 y 11 % de los señalados en el mapa.
La Plataforma critica como “lavado verde” (greenwashing, en inglés), por ejemplo, el reciente lanzamiento en Trinidad y Tobago, país petrolero, de créditos de carbono azul (emisiones de deuda que financian proyectos de conservación de ecosistemas) destinados a trabajos en el suroeste de la isla de Tobago y en el pantano trinitense Caroni.
En Brasil, entre varios casos, se muestra a Portel-Pará en cabeza de cuatro proyectos para guardar carbono en 7000 kilómetros cuadrados de bosques y otros ecosistemas, mediante negociaciones de tierras y acuerdos con sobre límites a la deforestación con comunidades del norteño estado de Pará, en la Amazonia.
La plataforma latinoamericana Alianza Biodiversidad critica que estos proyectos generan créditos de carbono que son comprados por grandes firmas que se mantienen contaminantes, como Repsol (petróleo), Air France, Delta Airlines y Boeing (aviación), Amazon y Aldi (comercio) o Samsung y Toshiba (tecnología).
Vista aérea de la granja solar en Namasigüe, sur de Honduras. En varios países de la región se critica que las grandes instalaciones para generar energía solar y eólica fuerzan el desplazamiento de comunidades, por las alteraciones en la tenencia y uso de la tierra y el consiguiente impacto sobre aguas y siembras. Imagen: Scatec / CepadLos desplazados, lugar común
Visto el mapa de norte a sur, las falsas soluciones comienzan en México, con el ejemplo de la explotación de litio en 13 salares de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí (centro-norte), por parte de la firma canadiense Advance Gold Corp.
Ese proyecto ha implicado el desplazamiento de poblaciones campesinas, contaminación, y cambios en los regímenes de propiedad y uso de las tierras.
Los proyectos para centrales de energía solar fotovoltaica en Quetzaltepeque (oriente de Guatemala) y Namasigüe (sur de Honduras), a cargo de consorcios privados y con capital de la firma noruega Scatec, tienen en común el desplazamiento de poblaciones campesinas y pescadoras, pérdida de hábitats y de biodiversidad.
En Colombia la hacienda San José obtuvo financiamiento del Fondo Verde para el Clima y bancos neerlandeses para su proyecto de expansión ganadera en el oriental departamento de Vichada, a fin de llevar su rebaño de vacunos de 9000 cabezas en 8000 hectáreas a 750 000 animales sobre 180 000 hectáreas.
La firma es reseñada en el Fondo por capturar más carbono del que genera, pero en la Plataforma se interrogan por el aporte en materia climática de la expansión ganadera y subrayan riesgos para un vecino resguardo del pueblo indígena sikuani.
Vista desde un helicóptero del reducido y último glaciar en los Andes de Venezuela, cuyo final trata de demorarse con cubiertas de plástico. Algunas iniciativas presentadas como de acción climática no solo yerran en sus objetivos y enfoques sino que pueden convertirse en focos de contaminación. Imagen: MinecEnergía con color
En Costa Rica se intentó en 2013 una instalación en el sudoccidental cantón de Pérez Zeledón para generación de “energía verde”, hidroeléctrica, el cual adolecía de documentación incompleta, falsificación de permisos para uso del suelo por parte de la alcaldía, y previsibles contaminación y pérdidas de hábitats y biodiversidad.
La estatal secretaría técnica ambiental concedió permisos expeditos pero, ante las críticas y el rechazo de la población, el gobierno canceló el proyecto.
En Jamaica se desarrolló desde 2016, a 90 kilómetros al oeste de Kingston, un proyecto de “energía verde”, con un parque de 11 turbinas eólicas y financiamiento de Estados Unidos y Canadá, supuesto a cubrir tres por ciento de la demanda eléctrica en la isla y reducir la emisión de 66 000 toneladas anuales de CO2.
El mapa señala que en paralelo Jamaica entrega concesiones para minas de bauxita y reducción de aluminio, material crítico para la transición energética pero cuya producción genera desertificación y enfermedades, y profundiza el extractivismo.
En República Dominicana está la central de energía fotovoltaica más grande de las Antillas, el parque solar Girasol, en el sureño municipio de Yaguate, al oeste de Santo Domingo, de 268 200 paneles instalados tras invertir 100 millones de dólares la firma Haina Investment, basada en las Islas Caimán.
El mapa resiente los cambios en las dinámicas territoriales, la relación de los pobladores con el entorno y el impacto generado en los territorios de donde se extraen los minerales para producir la tecnología instalada.
Monocultivos y oídos sordos
La Venezuela petrolera esbozó en 2006 un proyecto de centrales azucareros para producir etanol, abasteciéndose con caña cultivada en 300 000 hectáreas de las llanuras del suroeste, lo que nunca se produjo pero mostró la inclinación a favorecer el monocultivo para combustibles en vez de procurar alimentos diversificados.
También recoge el mapa que recientemente inició un proyecto para desacelerar la extinción de su último glaciar, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar en el pico Humboldt en los Andes del suroeste, cubriéndolo con mallas de poliestireno.
El proyecto desoyó las recomendaciones de la Universidad de Los Andes sobre riesgos en su implementación, sobre la contaminación plástica del aire, aguas y suelos, y porque no impedirá que se derrita el glaciar por el calentamiento global.
El fondo Arbaro Fund, basado en Luxemburgo y con actividad en siete países del Sur, compró en Ecuador 1080 hectáreas de tierra en tres provincias y proyecta otras 500, destinadas a monocultivos de árboles y cuya gestión en teoría se orienta a proteger el medio ambiente y capturar CO2.
El mismo fondo adquirió 9000 hectáreas en el central departamento de San Pedro en Paraguay, y destinará dos tercios a la siembra de eucaliptos, proyecto cuestionado por la Plataforma como legalización del acaparamiento de la tierra y de efectos devastadores en el medio ambiente y en comunidades campesinas e indígenas.
Unas 100 organizaciones de la sociedad civil alertaron en 2020 al Fondo Verde para el Clima sobre perjuicios a campesinos por el cambio de régimen y contaminación de la tierra, más la pérdida de hábitats, biodiversidad y agrodiversidad, pese a lo cual Arbaro Fund recibió un respaldo de 25 millones de dólares para sus plantaciones.
Una vista de parte del parque nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, en cuyas vecindades un importante yacimiento de petróleo debía quedar en el subsuelo sin explotarse luego de una consulta a la ciudadanía de todo el país. Las organizaciones ambientalistas consideran estas medidas e iniciativas como propias de una acertada ambición climática. Imagen: Snap
Nuevas búsquedas
Ante “falsas soluciones” como las del mapa contrastan iniciativas como la del presidente colombiano Gustavo Petro, de fijar un límite temporal a la dependencia de su país de los combustibles fósiles, o el rechazo a determinadas explotaciones petroleras y mineras decididas en una consulta por la población de Ecuador.
“La decisión del pueblo de dejar el petróleo en el subsuelo es una clara contribución a la lucha contra el cambio climático, como también la de prohibir la minería en el Chocó andino, rico en biodiversidad”, subrayó Yánez.
En la consulta del 20 de agosto del año pasado, 59 % de los ecuatorianos votaron para impedir la explotación de petróleo junto al parque nacional Yasuní en la Amazonia, y en la capital con 68 % de los votos se vetó la prospección de oro y cobre en la zona del Chocó andino, al occidente de Quito.
Buitrago insistió en que “lejos de constituir soluciones al problema, las falsas soluciones constituyen formas de perpetuar el modelo de acumulación extractivista y explotador que ha ocasionado la crisis climática”.
Por ello el mapa, al mostrar contrastes y críticas a las falsas soluciones, “también procura articular que otras organizaciones puedan visibilizar las verdaderas”, indicó finalmente Yánez.
ED: EG
