--- Es improbable que las vagas exigencias del TIJ para que Israel se ajuste a la ley se traduzcan en un cambio palpable
La decisión del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de dictar medidas provisionales en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel sobre la base de la Convención sobre Genocidio no sorprendió a la mayoría de los observadores veteranos del Tribunal.
Aunque la mayor parte de las pruebas presentadas por Sudáfrica en apoyo de sus alegaciones de que Israel está violando la convención eran de carácter meramente circunstancial (basadas en gran medida en inferencias extraídas del elevado número de muertos en Gaza, la grave situación humanitaria sobre el terreno y las declaraciones de funcionarios israelíes que podían interpretarse como de carácter eliminacionista), la mayoría de los jueces no estaban dispuestos a determinar, en esta fase temprana del procedimiento, que el caso era inverosímil.
De hecho, sólo dos jueces (Julia Sebutinde, de Uganda, y Aharon Barak, de Israel) estaban dispuestos a aceptar la postura de Israel: que el amplio uso de escudos humanos por parte de Hamás, los esfuerzos de mitigación de daños por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la desconexión causal entre las agresivas declaraciones pronunciadas por los políticos israelíes y las directivas reales del gabinete proporcionadas a las FDI, hacían que el caso de genocidio sudafricano fuera poco verosímil.
En realidad, como institución que actúa como "principal órgano judicial de las Naciones Unidas", habría sido muy sorprendente que el TIJ se hubiera negado a intervenir en este caso de alto riesgo, que ha atraído una enorme atención internacional, y que está relacionado con una catástrofe humanitaria muy urgente y grave sobre la que múltiples organismos de la ONU han expresado su extrema preocupación. Sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal se apresuró a intervenir hace menos de dos años en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aun así, difícilmente se puede leer la decisión como un contundente respaldo a la caracterización jurídica sudafricana de la conducta de Israel. El criterio de "verosimilitud de las reclamaciones" aplicado por el tribunal a la hora de decidir si dictar o no medidas provisionales constituye ya un criterio de prueba muy bajo y ambiguo para las alegaciones de hecho, y el Tribunal lo enturbió aún más al sostener que "al menos algunos de los derechos invocados por Sudáfrica" son verosímiles, sin indicar qué reclamaciones resultan más verosímiles que otras.
De hecho, uno de los jueces, Georg Nolte, de Alemania, ha indicado que, para él, es inverosímil que la campaña militar de las FDI se esté llevando a cabo con intención genocida. Votó con la mayoría, declaró, porque el "lenguaje deshumanizador y discriminatorio" utilizado por los funcionarios israelíes provoca un riesgo de futuras violaciones de la convención sobre genocidio.
También es destacable que las medidas provisionales más importantes solicitadas por Sudáfrica - cese de la guerra, no agravamiento de la crisis, derogación de medidas específicas (como las que ordenaban a los residentes del norte de Gaza evacuar hacia el sur) y facilitar el acceso a los investigadores - fueran rechazadas por el tribunal. El tribunal no pidió un alto el fuego, aunque se ha informado de que en los últimos días se han producido avances en las conversaciones para negociar una pausa temporal en los combates que permita la liberación de más rehenes.
En última instancia, casi todas las medidas indicadas por el tribunal pueden considerarse exigencias generales a Israel para que no viole diversas disposiciones de la convención sobre genocidio. Dado que Israel mantiene que sus operaciones ya se ajustan al Derecho Internacional (incluida la investigación penal de los actos de incitación, que ha empezado a llevar a cabo), parece poco probable que las medidas provisionales del TIJ se traduzcan en un cambio real y palpable de las políticas israelíes relacionadas con la guerra.
Sin embargo, hay dos contextos significativos en los que la orden del Tribunal puede complicarle las cosas de modo considerable a Israel, llevando potencialmente a una reconsideración de su enfoque del conflicto. En primer lugar, es probable que la propia declaración del tribunal sobre la plausibilidad de algunas de las reclamaciones sudafricanas -por débil y vaga que sea- genere mayor presión política sobre Israel por parte de sus aliados.
A algunos de estos aliados puede incluso preocuparles que la orden pueda generar para ellos un nuevo riesgo legal -aunque remoto- de complicidad en violaciones de la convención en caso de que sigan apoyando el esfuerzo bélico de Israel en su configuración actual. Por consiguiente, es probable que aumenten las expectativas de que Israel haga más en el frente humanitario, aplique un mayor grado de atención a sus operaciones militares y avance lo más rápidamente posible hacia la finalización de la guerra.
En segundo lugar, la orden del Tribunal a Israel de que le informe en el plazo de un mes "sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a su orden" crea una posible apertura para la supervisión continua de la conducta de Israel en la guerra por parte del tribunal (el TIJ adoptó una estrategia similar en un caso entre Armenia y Azerbaiyán, en el que ha reconsiderado sus medidas provisionales cinco veces en dos años).
Complican la supervisión en curso las nuevas alegaciones de Israel de que doce miembros del personal de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina -en cuyos informes se basó el tribunal para dictar medidas provisionales- participaron en el ataque de Hamás del 7 de octubre.
El resultado de la sentencia del TIJ es que el escudriñar jurídico internacional de la actividad de Israel ha llegado para quedarse, a pesar de las profundas reservas de Israel sobre las instituciones internacionales, tribunales internacionales incluidos. Dado que está previsto que el mes próximo el TIJ examine los alegatos sobre las consecuencias jurídicas de la prolongada ocupación israelí de los territorios palestinos y que el Tribunal Penal Internacional (TPI - ICC) está investigando activamente las acusaciones de crímenes cometidos por ambas partes en la guerra entre Israel y Hamás, sólo cabe esperar que las presiones jurídicas y políticas sobre Israel sigan aumentando en un futuro próximo, lo que podría reducir sus opciones militares y políticas.
The Guardian, 28 de enero de 2024
Israel puede hacer caso omiso de esta transcendental sentencia del TIJ, pero EEUU y el Reino Unido no pueden permitirse ignorarla
Steve Crawshaw
Israel seguirá sin duda mostrando desprecio al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya en los próximos días y semanas. “La Haya, que se vaya…”] fue la primera respuesta del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Pero las medidas provisionales ordenadas hoy por el tribunal mundial son históricas, se mire por donde se mire.
La exigencia de que Israel debe adoptar medidas para prevenir actos genocidas, prevenir y castigar la incitación al genocidio e informar sobre sus acciones en el plazo de un mes tendrá repercusiones, no sólo en las próximas semanas, sino también en años venideros.
El Tribunal tiene escasos poderes de ejecución, como han dejado claro Rusia y otros países. En sus medidas provisionales sobre un caso presentado por Ucrania en 2022, el Tribunal pidió a Rusia que suspendiera inmediatamente las operaciones militares, presumiblemente con pocas esperanzas de ser escuchado. Rusia respondió exigiendo que el Tribunal desestimara el caso "irremediablemente viciado" (spoiler: el Tribunal no lo desestimó). Pero esa falta de aplicación no disminuye la incomodidad política que supone para Israel…o para aquellos que han parecido tan dispuestos a proteger a Israel de cualquier crítica.
Hasta hace poco, el TIJ ha trabajado en la sombra. Otras instituciones jurídicas de La Haya, como el tribunal de crímenes de guerra de los Balcanes, que procesó al líder serbio Slobodan Milošević, y el Tribunal Penal Internacional (TPI), que acusó a Vladimir Putin, han disfrutado de los focos. Hasta ahora, sin embargo, aun cuando el tribunal mundial abordara cuestiones como el genocidio en Bosnia o la legalidad de la "barrera de separación" israelí, sus sentencias apenas ocupaban los titulares.
Y esto ha cambiado ahora, acaso para siempre. Las sentencias, todas ellas aprobadas por 16-1 o 15-2 –hasta el juez designado por Israel, Aharon Barak, se alineó dos veces con la mayoría-, son demoledoras para Israel, aunque todavía quede mucho para que se dicte una sentencia definitiva. Mientras tanto, los gobiernos que argumentaron que el caso de Sudáfrica era vacuo e ilegítimo tienen hoy que salir del hoyo en que ellos mismos se han metido.
Especialmente convincentes fueron las pruebas de incitación al genocidio, un elemento básico de la Convención de 1948. Un ex director general del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y otros habían hablado, incluso antes de la presentación sudafricana, de "amplia y flagrante incitación al genocidio y a la expulsión y limpieza étnica". Pero era notable la reticencia de muchos gobiernos a enfrentarse a esa verdad evidente.
A Benjamin Netanyahu y a su gobierno les gusta utilizar el ataque como la mejor forma de defensa. Cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó tanto los "atroces" asesinatos de Hamás como la muerte de civiles en Gaza, al tiempo que afirmaba que los primeros no se habían producido "en el vacío", el embajador de Israel ante la ONU pidió su dimisión. Cuando el TPI, a tres kilómetros de distancia, anunció en 2021 que estaba dispuesta a investigar los presuntos crímenes cometidos en Gaza, Netanyahu le dijo a los telespectadores israelíes: "El Estado de Israel está siendo atacado esta tarde", y habló de "el colmo de la hipocresía".
Sin duda, continuará este tipo de lenguaje. Pero un problema para Netanyahu -y, por extensión, para muchos gobiernos occidentales- es que millones de personas de todo el mundo ven ahora la hipocresía y el doble rasero en un contexto muy diferente.
En 2021, Boris Johnson criticó la decisión, cautelosa y muy demorada, del TPI de ocuparse de Gaza, alegando que un tribunal internacional no debería investigar a los amigos de Gran Bretaña. La Casa Blanca parece igualmente decidida a que nunca se critique a un aliado de los Estados Unidos, del mismo modo que Rusia siempre estuvo decidida a bloquear cualquier acción sobre los crímenes de guerra en Siria.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no esperó al fallo provisional de los jueces antes de calificar el caso de Sudáfrica en la CIJ de algo "sin mérito, contraproducente, completamente carente de cualquier base de hecho". No hace falta ser retrospectivo para darse cuenta de que una declaración tan agresivamente proisraelí tenía mala pinta, por no hablar de lo absurdo de ese "sin base alguna", que las sentencias de los jueces convirtieron en un disparate jurídico.
La reticencia de Washington a condenar los crímenes y el sufrimiento humano ha sido, obviamente, una mala noticia para los palestinos. Aunque Netanyahu se niega a reconocer esa verdad evidente, también es una mala noticia para Israel, cuya seguridad futura probablemente se vea perjudicada durante muchos años por lo que hoy está ocurriendo. Pero las implicaciones van mucho más allá de este conflicto. El enfoque selectivo de la justicia - "hipocresía", en palabras de Netanyahu- es peligroso para la justicia en todas partes.
De forma más inmediata, Ucrania se ha convertido cada vez más en la víctima de una división norte-sur sin tener culpa alguna, sino como resultado directo del doble rasero que tan descaradamente ha quedado a la vista. Ucrania ha tendido a recibir el apoyo de los países del norte; los palestinos, el de los países del sur. Como nos recuerdan a diario los ataques de Rusia en el este y el sur de Ucrania -y como pude comprobar de nuevo en persona, por ejemplo, en el pueblo de Hroza en octubre, donde 59 vecinos murieron en un ataque selectivo contra un velatorio-, Ucrania sigue mereciendo y necesitando la máxima solidaridad.
Pero, como resultado de las acciones e inacción de los propios aliados de Ucrania, a este país le resultará ahora más difícil reunir el apoyo necesario en sus batallas por la justicia, incluido el tribunal por crímenes de agresión, en pro del que ha estado presionando en los últimos dos años. Los gobiernos occidentales han convertido este asunto en un ejemplo de "vuestras víctimas" contra "nuestras víctimas", lo que nunca debería haber sido el caso.
En noviembre, Gran Bretaña y otros cinco países se unieron en apoyo de un caso presentado por Gambia contra Myanmar en el TIJ, en relación con las acusaciones de genocidio contra los musulmanes rohingya. Hasta aquí, todo admirable.
Todo lo que sirva para presionar a la junta de Myanmar -y una sentencia contundente en el tribunal mundial sin duda lo lograría- es bienvenido. Pero la desconexión es flagrante, si Gran Bretaña puede llevar a cabo esa intervención sobre Myanmar mientras se niega a abordar el hecho de que un aliado clave haya matado a más de 20.000 civiles en sólo unos meses.
Lo más evidente es que el fallo del tribunal mundial ejerce presión sobre Israel. Pone de relieve, con razón, los crímenes cometidos por Hamás, que quienes critican a Israel están a veces demasiado ansiosos por dejar de lado. Pero también sirve para recordar el punto de partida de la propia justicia. Una justicia desigual no es justicia.
No hay nada más desestabilizador que la falta de justicia. Esto es importante en Gaza, en Ucrania y en las zonas de conflicto, desde Etiopía hasta Myanmar. Si la sentencia del Tribunal de La Haya ayuda a los gobiernos occidentales a comprender la necesidad de un enfoque más equilibrado, será muy valioso. Si miran hacia otro lado, no sólo los palestinos, sino todos nosotros saldremos perdiendo.
The Guardian, 26 de enero de 2024
El fallo del TIJ sobre el "genocidio plausible" en Gaza: una victoria incompleta
Jeff Halper
Cualquier valoración de los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia del 26 de enero debe comenzar aplaudiendo sus determinaciones (1) de que las acciones militares de Israel en Gaza entran dentro de las disposiciones de la Convención sobre Genocidio; (2) de que los palestinos son de hecho un grupo distinto que se enfrenta al delito de genocidio, y (3) de que es válida la denuncia de Sudáfrica de participación israelí en un "genocidio plausible", lo que significa que el Tribunal comenzará a juzgar a Israel por genocidio. Se trata de un proceso que durará varios años, pero que reviste una enorme importancia.
Las propias actuaciones del juicio tendrán un efecto inmenso en lo que es en realidad el Tribunal Mundial, el Tribunal de la Opinión Pública, dando respaldo jurídico, político y moral a la lucha por los derechos de los palestinos y el final del genocidio y el apartheid israelíes.
También podría impulsar el procesamiento de funcionarios y militares israelíes por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional, así como comenzar a exigir responsabilidades a los cómplices de los crímenes de Israel. Si finalmente se condena a Israel por genocidio, los países que han apoyado sus políticas o le han proporcionado armas podrían ser juzgados por complicidad en virtud de la Convención sobre Genocidio.
A escala local, casos como el de “Defensa de Children International-Palestine y otros contra Biden y otros”, en el que se ha demandado al presidente Biden, el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa ante un tribunal de distrito de California por "no impedir y ser cómplices en el genocidio que se está desarrollando contra Gaza", pueden tener muchas más posibilidades de éxito.
"El día de hoy marca una victoria decisiva para el Estado de derecho internacional y un hito significativo en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores sudafricano. "No hay base creíble para que Israel siga afirmando que sus acciones militares son plenamente conformes con el Derecho Internacional, incluida la Convención sobre Genocidio, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal".
Hay que aplaudir también al TIJ por las seis Medidas Provisionales que impuso a Israel, a saber:
- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que en Gaza no se cometan actos considerados genocidas en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
- Garantizar que su ejército no comete actos de genocidio
- Impedir y castigar la incitación al genocidio
- Permitir y facilitar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria a la población de Gaza
- Impedir la destrucción y preservar las pruebas de genocidio en sus operaciones militares, e
- Informar al Tribunal sobre su cumplimiento en el plazo de un mes.
Todas estas medidas, más la detallada explicación de la Corte de por qué Israel está cometiendo de hecho un genocidio "plausible" y continuado, nos dan todo el respaldo legal para presionar por el fin real del genocidio israelí, de forma más inmediata en Gaza, pero sin olvidar el genocidio continuado que se está cometiendo contra todo el pueblo palestino, ya sea en la Palestina histórica o en la existencia continuada de los palestinos como refugiados.
La debilidad de la decisión
La sentencia de la CIJ es, por tanto, contundente e importante, conforme avanzamos en la lucha por los derechos de los palestinos. Sin embargo, si la analizamos desde la perspectiva de la necesidad inmediata de proteger a los gazatíes del genocidio real que están sufriendo en este momento -la orden urgente de imponer un alto el fuego que pedían los sudafricanos- tenemos que sumarnos a los palestinos para deplorar la decisión del Tribunal de no dictar esa Medida Provisional.
Las prohibiciones de todo acto de genocidio sólo pueden garantizar el cumplimiento por parte israelí si se refuerzan con un alto el fuego impuesto.
Limitarse a ordenar a Israel "que adopte todas las medidas a su alcance para no violar las disposiciones de la Convención de Ginebra" y que se asegure de que sus fuerzas militares no la violan es, sobre el terreno, inoperante e ineficaz.
Mientras Israel se abstenga de cometer actos abiertamente genocidas -que ya ha cometido y que ahora puede moderar-, las órdenes hacen poco por impedir el verdadero fin de los efectos de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, sí, genocidio, que las operaciones militares en curso perpetúan. B'tselem, la principal organización israelí de derechos humanos, está de acuerdo.
"La única forma de aplicar las órdenes emitidas hoy por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya", afirma en un comunicado, "es mediante un alto el fuego inmediato. Es imposible proteger la vida civil mientras continúen los combates".
Muchos defensores de la sentencia del TIJ, entre ellos la organización palestina de derechos humanos Al-Haq, sostienen que la exigencia de que Israel ponga fin o reduzca sus operaciones militares está contenida en la decisión sobre genocidio y en la orden de medidas provisionales, ya que muchas de las disposiciones -poner fin a los actos genocidas, por ejemplo, o permitir la ayuda humanitaria- no pueden cumplirse sin un alto el fuego de facto. Escribe el abogado de derechos humanos Robert Herbst: "En la decisión sobre genocidio y en la orden de medidas provisionales hay, sub silentio, un requisito de que Israel ponga fin o reduzca sus operaciones militares.
Puede que eso sea equivalente o no a un 'alto el fuego', pero probablemente lograría el fin prácticamente de todas lo que supone matar y herir de forma masiva genocida, la destrucción de la infraestructura que aún queda, y la entrada masiva de ayuda humanitaria para restaurar cierta medida de vida civilizada en Gaza".
Me permito disentir. Las acciones que realmente violan las Medidas Provisionales son, por su propia naturaleza, vagas y manipulables. Frente a la acusación de que un acto es genocida, por ejemplo, Israel puede alegar legítima defensa. De hecho, es a la vaguedad entre ambas cosas a lo que se debe que el TIJ no pudiera emitir la orden de alto el fuego.
Para que el "genocidio plausible" se impida de forma efectiva, las seis Medidas Provisionales que prohíben a Israel continuar con sus acciones genocidas debían dictarse junto con un alto el fuego inmediato.
Para determinar si se está produciendo un genocidio es necesario que exista un proceso a largo plazo de destrucción total o parcial de un pueblo (como el violento desplazamiento por parte de Israel de los palestinos de sus tierras y su patria desde 1948 o la intención abiertamente genocida del sionismo de substituir a la población palestina de Palestina por judíos y transformar un país árabe en uno judío) o actos manifiestos de asesinato y destrucción (como los que Israel ha cometido en Gaza hasta ahora).
Pero el hecho de que el Tribunal le advierta de que está examinando actos específicos de genocidio permitirá a Israel reducir sus operaciones militares para abstenerse cosméticamente de cometer actos específicos considerados genocidas sin reducir de facto la letalidad y destructividad de su guerra en curso. Así, la matanza de 27.000 palestinos (hasta ahora), en su gran mayoría civiles, equivale, en opinión del Tribunal, a un genocidio plausible.
Pero sin una orden de alto el fuego, y al reducir el comportamiento genocida a "actos", Israel puede alegar que cada matanza constituye un desafortunado "daño colateral" o un trágico error. Se pierde el bosque del genocidio por los árboles de las acciones individuales. Israel ya ha destruido el 70% de Gaza y desplazado a más de dos millones de sus habitantes.
Puede permitirse seguir adelante con más "cuidado", manteniendo sus operaciones militares al nivel de "meros" crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, lo que significa que sin un alto el fuego las seis Medidas Provisionales no tendrán ninguna repercusión en las operaciones militares reales.
Puede que yo sea en esto demasiado severo, pero sobre el terreno el subtexto de la sentencia del TIJ parece ser: te concedemos permiso, Israel, para continuar tu campaña militar en Gaza (con sus consecuencias genocidas, aunque no se cometan nuevos actos genocidas) siempre que a partir de ahora te abstengas de actos que puedan interpretarse como genocidas. Es cierto que el TIJ puede revisar su decisión en el futuro, pero en Israel se puede oír el suspiro colectivo de alivio hasta La Haya.
La prueba llegará dentro de un mes, cuando Israel presente su informe al TIJ sobre cómo está gestionando las medidas. La Corte podría entonces juzgar sus esfuerzos y, si los encuentra significativamente insuficientes (lo cual en mi opinión tiene que pasar, no obstante el sesgo), emitir una orden de alto el fuego.
Eso está por ver. Mientras escribo estas líneas, un día después de la sentencia del TIJ, Israel ha lanzado un importante ataque en Jan Yunis, que ha rodeado con miles de civiles atrapados en su interior, y está iniciando su avance hacia el sur, hacia Rafah, aunque "con cuidado".
No hay indicios de que la sentencia del TIJ haya afectado en modo alguno a las operaciones militares. De hecho, las acciones de hoy de Israel podrían considerarse una "respuesta sionista" a la CIJ. Es esta preocupación por que la sentencia de la CIJ tenga poco efecto inmediato sobre lo que los palestinos están experimentando realmente lo que ha llevado a la decepción por la negativa del TIJ a ordenar un alto el fuego.
La pelota está en nuestro tejado
La sentencia de la CIJ pone de relieve el fallo fatal del sistema internacional de Derecho: pactos y leyes maravillosos, bien pensados y potentes como la Carta de la ONU, la Convención sobre Genocidio y la Cuarta Convención de Ginebra, cualquiera de los cuales, de haberse aplicado realmente, habría provocado el colapso de la ocupación ilegal de Israel, habría protegido al pueblo palestino y nos habría dado los instrumentos para desmantelar el régimen colonial de Israel. En lugar de ello, tenemos un sistema jurídico al que se le endilga un sistema de aplicación extremadamente débil que esencialmente anula las leyes mismas.
El TIJ nos ha proporcionado un sólido argumento jurídico y moral para impulsar nuestra campaña contra el genocidio en Gaza, si no más allá. Sin embargo, en lo que respecta a la protección real de la población de Gaza y a exigir responsabilidades a Israel por su crimen de genocidio, el TIJ nos ha pasado la pelota. La pelota tendría, por supuesto, que estar en el tejado de nuestros gobiernos. Son ellos los encargados de hacer cumplir el Derecho Internacional, una responsabilidad que nunca han aceptado realmente y que violan con impunidad.
Depende de nosotros asumir la sentencia del Tribunal de que se está llevando a cabo un genocidio plausible ante nuestros ojos y hacer lo que el TIJ podría haber hecho y no hizo: obligar a nuestros gobiernos a imponer un alto el fuego inmediato.
Debemos ser los perros guardianes que denuncien no sólo el crimen de genocidio que supone el ataque de Israel a Gaza, sino todos los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Israel seguirá cometiendo, que están insertos en el propio proceso de pacificación militar. Debemos ejercer una presión pública sobre nuestros gobiernos -especialmente los de los Estados Unidos y Alemania- para que pongan fin a sus masivas transferencias de armas e impongan sanciones económicas a Israel.
Y debemos ser conscientes de que el genocidio continúa. Más allá de pedir un alto el fuego, más allá de pedir el fin del genocidio israelí, debemos responsabilizar a Israel de la situación genocida que está forjando, que continuará después incluso del fin de las hostilidades.
FIN DEL GENOCIDIO ISRAELÍ ¡YA!
¡ALTO EL FUEGO INMEDIATO EN GAZA!
LIBERACIÓN DE TODOS LOS REHENES ISRAELÍES Y PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS
Counterpunch, 29 de enero de 2024
es catedrático Hersch Lauterpacht de Derecho Internacional Público en la Universidad Hebrea de Jerusalén y miembro del Israel Democracy Institute.
trabajó como redactor especializado en Rusia y Europa del Este para el diario londinense The Independent, dirigió en el Reino Unido la ONG Human Rights Watch y es autor de “Prosecuting the Powerful”.
antropólogo israelí anticolonialista, es director del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas (ICAHD) y miembro fundador de la campaña Un Estado Democrático. Es autor de “War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification” (Londres, Pluto, 2015). Su último libro es “Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism and the Case for One Democratic State” (Londres, Pluto, 2021).
https://sinpermiso.info/textos/israel-ante-el-tribunal-internacional-de-justicia-dossier
