A pesar de su azarosa vida política republicana, nunca en la historia de Ecuador se presentó una situación como la que está viviendo el país en la actualidad.
Al iniciarse la semana pasada, bandas del crimen organizado, que en forma creciente venían actuando desde hace años, lanzaron acciones terroristas en distintas ciudades.
El miedo y la inseguridad se generalizaron. La población se vio amenazada, se recluyó en casa, debió adoptarse el teletrabajo, fueron suspendidas las clases.
Las imágenes de carros incendiados, bombas, balaceras, rehenes, toma de un canal de TV, circularon en redes y se difundieron en los noticieros. Se produjo un intento de “narco-golpe de Estado”, como bien lo ha subrayado el profesor Jorge Vicente Paladines. Un pequeño país sudamericano, considerado hasta hace poco como una “isla de paz” ¿cómo ha tenido que llegar a esta situación?
Hay varios factores que contribuyen a comprender las nuevas realidades de Ecuador. Destaco, en primer lugar, el triunfo del modelo empresarial neoliberal. Sus rasgos centrales quedaron definidos en las décadas finales del siglo XX, con gobiernos subordinados a los intereses privados y al capital transnacional. Su vigencia se interrumpió entre 2007-2017 con el modelo de economía social que afirmó el gobierno de Rafael Correa.
Pero revivió con Lenín Moreno (2017-2021) y se profundizó con Guillermo Lasso (2021-2023), con quien el modelo asumió características oligárquicas. Como ocurrió en las décadas finales del siglo XX, las condiciones humanas, sociales y laborales solo se deterioraron. Bajo el dogma de reducir el tamaño del Estado, cayeron el gasto y las inversiones estatales, las infraestructuras existentes fueron descuidadas y varias colapsaron, los servicios públicos se derrumbaron, afectando educación, salud y seguridad social.
Hay suficientes datos para comprobarlo en CEPAL, FMI, BM, PNUD, OIT y los informes y estadísticas nacionales. ¿Qué opciones tiene un 70% de la población activa ecuatoriana que es pobre, desocupada y subocupada para sobrevivir sin atención ni del Estado ni de la empresa privada? Moreno introdujo, además, la persecución al “correísmo”, desmantelando cualquier herencia del anterior presidente.
La institucionalidad se desarticuló, lo que incluyó al sistema de seguridad ciudadana, en tanto las cárceles pasaron a ser controladas por bandas que disputaron poder, dirigían operaciones externas y buscaban control de territorios. En segundo lugar, hay que considerar el surgimiento y reordenamiento de las fuerzas delictivas.
De acuerdo con Fernando Carrión, reconocido académico en el tema las condiciones para ese crecimiento se produjeron durante la pandemia del Covid-19; por el desplazamiento del negocio de las drogas (cocaína) de Colombia al Ecuador; la provisión de armas peruanas; la integración de bandas locales a la “red global del crimen” (“holding”) con carteles y mafias (mexicana, albanesa, brasileña, italiana, etc.); la migración de grupos delictivos al país; las facilidades de la dolarización; el “lavado” de dinero ilícito, que representa unos tres mil 500 millones de dólares -o más- (un 3% del PIB), de los cuales el 75% va a la economía legal (bancos, construcciones, empresas, compra/venta de bienes).
Calcula que 25 grupos integran a unas 50 mil personas. Jóvenes entre 15 y 24 años (un 20% de la población), que no tienen empleo ni estudian, son fácilmente captada por las mafias. Se suma el derrumbe del precio internacional de la cocaína por el desplazamiento que está produciendo el fentanilo.
De acuerdo con Jorge Paladines el problema estalló desde las masacres carcelarias; y para Regina García Cano, incluso existe una disputa por el control de los embarques de banano, producto de mayor agroexportación del Ecuador, con el propósito de camuflar el envío de drogas.
La coyuntura para el narco-golpe surgió cuando el gobierno de Noboa intentó controlar las cárceles, dos líderes de las organizaciones delictivas que fueron apresados lograron fugarse, y hubo el intento de traslado de reclusos a cárceles más seguras, contra todo lo cual reaccionaron las bandas.
Economía empresarial-neoliberal y oligárquica, que anuló capacidades estatales, sumada al crecimiento exponencial de los grupos de delincuencia organizada, transformaron al país desde 2017. En siete años la ciudadanía experimentó el crecimiento de los asaltos diarios, los secuestros, las “vacunas”, las extorsiones, los asesinatos, la indefensión e impotencia frente a gobiernos indolentes y un Estado incapaz de poner freno a la delincuencia.
El anticorreísmo sostiene que todo es “herencia” del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, los datos disponibles (INEC y Policía Nacional) y varias estadísticas dan cuenta del ascenso de muertes violentas de una tasa del 12.4 víctimas por 100 mil habitantes en 1997 hasta 17.1 en 2007 (primer ciclo neoliberal), para enseguida bajar sostenidamente hasta 5.8 en 2017 (ciclo progresista) y volver a ascender, en forma históricamente inédita, hasta 26.2 en 2022 y terminar en 46 en 2023 (segundo ciclo neoliberal), más de 5 veces frente al índice dejado por Correa.
Los gráficos muestran una “U” profundamente marcada. Un estudio del BID lo ratifica: “Las tasas de homicidios crecían desde 1980, pasando de 6,3 homicidios por 100.000 habitantes, hasta 2010 con 17,5”; “Para 2017, la tasa de homicidios de Ecuador estaba en 5,78, una de las más bajas de la región”.
Solo con posterioridad al año 2020 Ecuador pasó a ser uno de los más peligrosos y violentos del mundo; y, la penetración en el Estado subió a tal punto que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, llegó a señalar que el narco ha penetrado en el sector público, la justicia, sectores privados, e incluso habló de “narcogenerales”, algo nunca pronunciado antes por otros embajadores. El general Paco Moncayo también afirmó: “Hay narcogenerales, narcojueces y narcofiscales”.
El tercer factor es político. El anticorreísmo no ha dejado de culpar al gobierno de Correa de haber “pactado” con las mafias, permitir su desarrollo y el negocio narco. Pero la historia va por otro lado. A quienes vivieron la época y pueden comparar lo que sucedía antes y después se suman los datos empíricos, el reconocimiento por los resultados antidrogas, diversos estudios, artículos académicos y tesis universitarias.
Entre otros, también hay un informe del BID analizando las razones determinantes para la reducción de los homicidios en un 63% durante el “correísmo”. Es un mito que la base de Manta (1999-2009) era un apoyo irrenunciable y esencial, pues durante su vigencia los índices de crímenes violentos fluctuaron entre 18.2, la tasa más alta, y 13.8, la más baja (INEC/MDI, Dir. Evaluación y Economía de la Seguridad) y servía más a los objetivos del “Plan Colombia”.
Desde luego, no se trata de suponer un “paraíso” correísta, ni mucho menos; pero es evidente que durante los gobiernos de Moreno y Lasso quedó afectada la democracia y rota la economía social, la seguridad interna y la institucionalidad basada en la Constitución de 2008. Lasso, primer ensayo “libertario” en América Latina (antes de J. Milei), fue un fracaso y se vio obligado a terminar su mandato para evitar el juicio político, bajo un ambiente de denuncias sobre corrupción, negociados con recursos estatales, dineros en paraísos fiscales y hasta posibles vínculos de parientes y funcionarios con “grupos criminales”.
De modo que al presidente Daniel Noboa tocó afrontar el estallido de la delincuencia, convertido en noticia mundial. Noboa acudió primero al Estado de Excepción y, ante la insurgencia de la semana pasada, dictó el Decreto 111 (9/Ene/2024) que reconoce la existencia de un “conflicto armado interno”, enumerando a 22 organizaciones “terroristas” que pasan a ser objetivos militares.
Pero los ubica como “actores no estatales beligerantes”, lo que ha provocado serios cuestionamientos jurídicos, pues implica que, paradójicamente, se sujetan a normas internacionales relativas a la guerra. Al mismo tiempo, no hay dudas en el país sobre la necesidad del combate a una delincuencia que desborda amenazas, acciones y viola derechos humanos.
De modo que, invocando la necesidad de “unidad nacional”, en respaldo a Noboa han acudido las diversas funciones del Estado, las fuerzas políticas y las organizaciones sociales. Recibió el apoyo de distintos gobiernos. Y captó un contundente y generalizado apoyo ciudadano, donde florece la ilusión por contar con un “Bukele” sudamericano.
Hay un cuarto elemento. En los análisis latinoamericanistas es imposible dejar de considerar el nuevo contexto internacional y particularmente los intereses de los EEUU, celosos en un triple frente: impedir el ascenso del progresismo, respaldar a gobiernos empresariales y mantener un espacio de injerencia norteamericanista.
En Ecuador se han visto favorecidos por la sucesión de tres gobiernos identificados con el ideario empresarial y neoliberal. Pero ahora toman mayor sentido y alcance las conocidas declaraciones de la jefa del Comando Sur y las perspectivas de “colaboración” militar con Ecuador, utilizando un acuerdo reservado suscrito con el gobierno de Lasso en octubre/2023 (todavía sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional), que incluso facultaría el envío de tropas para combatir al narcotráfico, bajo condiciones absolutamente privilegiadas.
Luis Córdova, profesor de la Universidad Central, sostiene que ese acuerdo afecta la soberanía y viola la Constitución. Esa estrategia también ha sido resaltada en un artículo de Daniel Kersffeld. Además, el coronel Roberto Marchán, en una importante entrevista, ha clarificado que, desde la década de los 90 y por el fin de la Guerra Fría, los EEUU procuran que las fuerzas armadas del continente asuman roles policiales para combatir al narcotráfico, en lo cual Ecuador podría servir como “ensayo”.
Adicionalmente, se revive el concepto de “guerra interna” (propio de la doctrina de la Seguridad Nacional del pasado) para dirigirlo contra el crimen organizado, pero con el peligro de que lleve a un conflicto interminable, que podría derivar en “falsos positivos” o a la extensión de la idea de “enemigos” a otros sectores, especialmente populares, bajo un ambiente de militarización generalizado contra cualquier “terrorismo”.
Si se considera este análisis, la importancia que adquiere Ecuador ha sido inmediata. EEUU anuncia que enviará al país a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson y a altos funcionarios antinarcóticos y diplomáticos, para examinar, con el gobierno ecuatoriano, cómo combatir al crimen organizado.
Tienen la respuesta favorable de la Cancillería. Adicionalmente, de acuerdo con informaciones de prensa, el presidente Noboa anunció el intercambio de “chatarra ucraniana y rusa por $ 200 millones en equipamiento moderno” con EEUU. Y cabe observar que Ecuador resulta un punto clave en la extensa área del Pacífico Sur, así como en torno a los gobiernos “izquierdistas” de Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil.
Sin duda, la situación nacional ha servido para proyectar, en forma positiva, el interés de Noboa por su reelección en 2025. Incluso para sumar apoyo a la consulta popular que ha promovido, en la que predominan las preguntas sobre seguridad y roles de las fuerzas armadas y policía, al mismo tiempo que se infiltra una pregunta para revivir casinos y juegos de azar, y otra para una perjudicial reforma laboral, que privilegia contratos a tiempo fijo y por horas.
La ocasión también sirve al gobierno para profundizar el camino empresarial-neoliberal, al punto de anunciar el envío de nuevas leyes económicas urgentes a la Asamblea, con la presión de ser consideradas ineludibles en esta crisis. Y toma fuerza el interés de los EEUU para facilitar su directa presencia geoestratégica en el país. Todo expresa una coyuntura aprovechada para ahondar la legitimación del gobierno de Noboa y sus futuras acciones y políticas.
Entre los amplios sectores del progresismo social y de nueva izquierda indudablemente se pregunta cómo obrarán, tanto la Revolución Ciudadana como los movimientos sociales, ante una circunstancia histórica inédita, determinada por la “gobernabilidad” y la lucha contra el “terrorismo” en manos del bloque derechista del país, y con miras a las elecciones de 2025.
Finalmente, la estrategia asumida por el gobierno de Noboa es la de “mano dura”. Sin embargo, las experiencias en México, Colombia o El Salvador dan cuenta de que eso no basta. El país requiere, paralelamente y en forma urgente, una “mano sabia”, capaz de abatir el abismo entre ricos y pobres, promover el trabajo digno, redistribuir la riqueza, fortalecer al Estado, universalizar servicios de educación, salud y seguridad social, cobrar impuestos a los ricos y a los evasores, sujetar la empresa privada a los intereses nacionales, desarrollar políticas soberanas y latinoamericanistas.
Y esto es, precisamente, el otro polo de la gestión política, que no se puede lograr si se persiste en reproducir un modelo al servicio privilegiado de la decadente y tercermundista burguesía ecuatoriana.
Juan Paz y Miño Cepeda | Rebelión
