En este artículo el autor analiza el poder que los militares mantienen en Brasil tras el golpe del 8 de enero de 2023, destacando que los militares son «el principal factor de inestabilidad e inseguridad institucional en Brasil».
La democracia brasileña no es estable ni segura, sigue amenazada y bajo vigilancia permanente. Los militares están ganando -por goleada- el campeonato por la supervivencia de la democracia.
No llevan ningún gol en su contra, es decir, siguen invictos y ni siquiera tuvieron que hacer frente a penalti alguno. Hasta este momento, ningún miembro de la jerarquía militar fue procesado ni detenido como consecuencia de los acontecimientos del 8 de enero de 2023. Además, en este período lograron marcar varios goles a favor del equipo (familia) militar.
Los primeros puntos se ganaron durante la transición del gobierno. Pudieron desembarcar a José Múcio Monteiro en el Ministerio de Defensa, un embajador de los intereses de la casa militar. También lograron mantener a la oficialidad conspiradora en activo y el nombramiento de los comandantes de las tres Fuerzas de acuerdo con el criterio de antigüedad.
En este paquete de privilegios mantenidos durante el período de transición, además lograron mantener el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) bajo la dirección de un general del Ejército y totalmente tomado por los militares, incluidos los procedentes del equipo del infame (general) Augusto Heleno, que ocupan puestos centrales.
Después del intento golpista del 8 de enero, el presidente Lula insinuó algunas medidas para desmilitarizar el Palacio de Planalto y eliminar las funciones militares en el Estado brasileño, pero no logró avances concretos.
El traslado de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) del Gabinete de Seguridad Institucional a la Casa Civil no fue aceptado por los militares. En la práctica, crearon un paralelismo de acción, usurparon la misión institucional de ABIN, como en la política de Inteligencia de Defensa y el Comité de Ciberseguridad, y trabajaron para recuperar la subordinación de la Agencia al control militar a través de GSI.
Las Fuerzas Armadas recibieron 52.900 millones de reales (unos 10 mil 700 millones de dólares) para inversiones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), por inversiones plurianuales en muchas otras áreas esenciales, como el Sistema Único de Salud.
El gobierno de Lula renunció a la actualización de la política de defensa nacional por parte del poder político y la sociedad civil y entregó a los propios militares esta política de Estado fundamental para el desarrollo nacional y para la inserción geopolítica de Brasil. Lula también retrocedió en relación con el funcionamiento de la ley de Garantía de la Ley y el Orden.
Junto con el senador opositor y líder del bolsonarismo, Carlos Portinho, la cúpula militar defiende una enmienda constitucional para elevar el gasto militar al 2% del PIB. Esto representa un aumento de alrededor de 70.000 millones de reales anuales para engordar el presupuesto de las Fuerzas Armadas que destina más del 83% para el pago de personal, principalmente de reservistas y pensiones inmorales a esposas e hijas de militares.
En el Congreso actúan libremente con asesorías legislativas que cabildean en favor de la agenda corporativa. Consiguieron impedir el cambio del artículo 142 de la Constitución propuesto por el diputado del PT Carlos Zarattini y también están logrando impedir el restablecimiento de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos.
Como un gobierno dentro del gobierno, los estamentos militares ejercen su propia diplomacia, llevan a cabo entrenamiento y adiestramiento con fuerzas armadas extranjeras y mantienen costosas estructuras con cientos de agregados en los países de la OTAN (en Estados Unidos y Europa).
El ministro José Mucio y los comandantes militares hablan repetidamente de la necesidad de “pacificar” la relación con los militares. Una retórica, como mínimo, inaudita. Los propios militares promovieron una guerra contra la democracia, el Partido de los Trabajadores y Lula y, una vez derrotados en el intento de golpe, actúan cínicamente como un ejército en retirada que intenta imponer a los ganadores sus demandas y condiciones para el armisticio.
Los militares han representado históricamente una amenaza para la democracia. Son el principal factor de inestabilidad e inseguridad institucional en Brasil.
Cabe lamentar, por lo tanto, que el Congreso, el Gobierno Federal, el Poder Judicial y las instituciones del poder civil desperdicien las circunstancias creadas con el fracaso de los intentos golpistas, que desnudaron el carácter conspirativo de las cúpulas uniformadas y su proyecto de poder estamental.
Los militares no solo lograron imponer una nueva amnistía tácita para seguir impunes, sino que también recuperaron espacios de poder estratégicos, políticos y administrativos. En la rememoración del 8 de enero, los militares llegan impunes y más fuertes. Y siguen ampliando su influencia y sus recursos de poder, que podrían ser fatales para la supervivencia de la democracia en una futura coyuntura de crisis e inestabilidad política.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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