Queremos empezar dejando claro a quienes opinan que criticamos exclusivamente a la Iglesia Católica, nuestro pensamiento: todas las confesiones religiosas y regímenes políticos basados en la religión, sean del signo que sean, tienen muchas páginas de historia negra.
Ejemplo de ello en la actualidad son países como Irán, Irak, Afganistán, Emiratos Árabes, Pakistán, Qatar, Siria, etc., donde sus autoridades (ayatolás, imanes, emires y demás dirigentes) autorizan castigos físicos, latigazos, amputaciones, decapitaciones, ahorcamientos, lapidaciones… como forma de represión.
Hoy en una España más civilizada y respetuosa con los Derechos Humanos, la Iglesia Católica- que también tuvo sus tiempos oscuros como los arriba señalados- delinque de forma más refinada, pero no menos criticable.
Una Iglesia, recordemos, financiada con dinero público (por ejemplo desde el 15 de octubre de 1953 con el Concordato firmado por la Santa Sede y el gobierno franquista o a partir del 3 de enero de 1979 por los Acuerdos Iglesia-Estado auspiciados por el ínclito Marcelino Oreja, tan ministro de Asuntos Exteriores como propagandista católico) algo que nunca debería suceder en un estado democrático que se reconoce laico y que en vez de financiarla debería perseguir abusos, inmatriculaciones y delitos que bajo el manto eclesial se cometen.
A través de estas líneas, comentaré algunos de los muchos casos presuntamente delictivos, que miembros de la Iglesia Católica han ejecutado.
El poder persecutorio de la Iglesia, que dicho sea de paso, olvida las persecuciones de que fue objeto en sus orígenes, ha venido ejecutando miles de víctimas a lo largo de la Historia. Baste recordar uno de los períodos de mayor oscurantismo, de persecución religiosa y política en España con la Santa Inquisición, que duró 350 años, permitida por el Papa Sixto IV a petición de los Reyes Católicos desde 1478, para censurar, perseguir, torturar y apropiarse de bienes, que se extendería hasta el 15 de julio de 1834, durante la regencia de María Cristina de Borbón, fecha en que sería abolida.
Durante este período se ejecutaron cientos de miles de procesos y ejecuciones.
Nefastos personajes como el dominico Tomás de Torquemada o más próximo en nuestra tierra, Diego Rodríguez Lucero, famoso inquisidor y confiscador de bienes, que actuó en Córdoba entre 1499 y 1506, llegando a quemar en la hoguera a 107 personas en un solo acto de fe en 1504.
Pero no debemos pensar que la Inquisición fue una institución del pasado, hoy sigue existiendo la Congregación para la Doctrina de la Fe[1], de la que Joseph Ratzinger, fue su prefecto, una institución equivalente al antiguo órgano represor.
Y ya que hablo del cardenal Joseph Aloisius Ratzinger, decir que había nacido el 16 de abril de 1927 en la ciudad bávara de Marktz, en Alemania. En su juventud fue miembro de la Hitlerjugend, un cuerpo de voluntarios fanáticos de las juventudes hitlerianas desde 1936 hasta 1944 en que formaría parte del Reichsarbeitsdients, una organización nazi que servía de apoyo a la Wehrmacht alemana.
Ya durante su mandato como Papa de la Iglesia Católica, tuvo información sobre abusos sexuales cometidos por el clero, sin que tomara ninguna iniciativa contundente para su erradicación, mientras por otra parte, condenaba la utilización del preservativo en las relaciones sexuales, lo que supondría millones de muertes por el SIDA a causa de la retrógrada moral sexual del Vaticano, hechos que supondrían la denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya en febrero de 2011, por crímenes contra la Humanidad, según el Artículo 7 del Estatuto de dicha Corte Penal, por las torturas anímicas bajo el inhumano régimen eclesial.
Pero dejando aparcado este tema ampliamente estudiado por nuestro compañero Antonio Pintor, vamos a centrarnos en otros como drogas, apropiaciones, inmatriculaciones, pederastia e incluso robo de bebés.
No es la primera vez que la prensa se hace eco de la noticia del tráfico o uso de drogas por parte del clero, la última de ella, la detención del padre Francisco Javier, cura de la cárcel de La Torrecilla en Albacete, acusado de traficar con drogas, que sería detenido el 19 de octubre pasado por el Grupo de Estupefacientes.
Por otro lado, es manifiesta la ambición y el interés de la Iglesia por el dinero y los bienes inmobiliarios, viñedos, fincas, templos o castillos.
Según datos del Colegio de Magistrados, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en las dos últimas décadas en España, supera las 34.000 propiedades (sin contar las inmatriculadas por obispos y otras autoridades religiosas).
Según la información elaborada en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados (1027 según cifras oficiales), muchos de cuyos bienes eran inmatriculados indebidamente.
El 90 % de los bienes apropiados por la Iglesia Católica en España, han sido mediante certificación eclesiástica, por lo que la Iglesia hasta el año 2015, tenía la misma facultad que el Estado y la firma del obispo o autoridad religiosa servía para acreditar la pertenencia del bien demandado.
Desde el gobierno de José María Aznar en 1998, se modificó la ley permitiendo que las diócesis pudieran acceder a la propiedad de forma inmoral de ermitas, catedrales, iglesias, casas, solares, viñedos, fincas, frontones, garajes e incluso pisos en la costa, muchos de los cuales han sido vendidos posteriormente para convertirlos en dinero físico.
Según Antonio Manuel Rodríguez, profesor de derecho civil y portavoz de la coordinadora “Recuperando”, las inmatriculaciones deberían ser nulas porque son inconstitucionales y muchos de estos bienes son de dominio público.
Además de estas apropiaciones, según el “Informe Crítico sobre la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica” de Europa Laica, la Iglesia Católica recibió 11.800 millones de euros de dinero público en 2020, sin contar con lo percibido por donaciones anónimas, tickets de entradas y otros conceptos a templos religiosos, lo que suponen una nueva inmoralidad.
Todos los gobiernos de derechas, centro o izquierdas son rehenes de la jerarquía católica en cuanto a asignaciones tributarias. Ya en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero se había aumentado las mismas por la Declaración de renta al 0´7 % .
Y por último, abordaré otro espinoso asunto, como es el de la pederastia eclesiástica en España.
Según datos oficiales, la referencia de casos de abusos de la Iglesia Católica, publicados por la prensa, han salido a la luz 910 casos y más de 1740 víctimas, cifras muy inferiores a las realmente conocidas.
Casi cien páginas de denuncias totalmente detalladas han sido publicadas por El País,, como puede comprobarse en la página de Internet “Todos los casos conocidos de pederastia en la Iglesia Católica española”.
Obispos, arzobispos y cardenales de todo el Estado, han regido diócesis donde se han acumulado cientos de casos de pederastia, por abusos sexuales de sacerdotes o profesores de instituciones religiosas. Que sepamos, sin haber tomado las medidas oportunas para su erradicación.
Las denuncias se han dado en todo tipo de diócesis e instituciones cuando estaban encabezadas por personajes como Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, Demetrio Fernández obispo de Córdoba, Sebastián Bardonet, abad del Monasterio de Montserrat, Antonio Briva, obispo de Astorga y ex-miembro de la conferencia Episcopal, igual que ocurría con Ricard María Carles, ex–vicepresidente de la Conferencia Episcopal y cardenal emérito de Barcelona, José María Cases Deordal, obispo fallecido de Segorbe, José Guerra Campos, ex–secretario general de la Conferencia Episcopal fallecido y obispo de Cuenca, Carlos López, obispo de Salamanca, Julián López, obispo de León, Camilo Lorenzo, obispo fallecido de Astorga, Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Luís Martínez Sistach, cardenal emérito de Barcelona, Carlos Osoro, Jaime Pujol Barcells, Braulio Rodríguez, Antonio María Rouco Varela, Mauro Rubio, Jesús Sanz, José María Soler, Carlos Soler Perdigó, Jaime Traserra Cunillera, Teodoro Úbeda… Estas actividades ilícitas dan una nómina de más de setenta sacerdotes implicados con cientos de víctimas. Abusos continuados durante décadas sin que aparentemente nadie pusiera remedio al escándalo.
Los delitos por abusos sexuales y otras denigrantes acciones por parte de sacerdotes, profesores y miembros de la Iglesia, han sido y siguen siendo habituales a lo largo de todo el Estado español. No hay Comunidad, provincia o ciudad exenta de ellos.
Congregaciones como jesuitas en La Coruña en la Congregación Mariana, Asturias en el colegio Inmaculada Concepción de Gijón o San Ignacio de Oviedo, en Barcelona el colegio Sant Ignasi de Sarriá o el Sagrat Cor de Jesús de Barcelona, en Vizcaya, el Colegio Jesuita de Durango, en Cádiz en al parroquia de Villaluenga del Rosario, en La Rioja, en la parroquia de San Ignacio de Loyola de Logroño, en Córdoba,en León, Madrid, Málaga, Melilla, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid o Zaragoza… todos ellos lugares donde se pueden sumar cientos de delitos por acoso y abusos sexuales a niños, jóvenes o adultos, por parte de todo tipo de congregaciones como jesuitas, salesianos, escolapios, La Salle, maristas, dominicos, corazonistas, paúles, agustinos, carmelitas, trinitarios, capuchinos, franciscanos, claretianos, benedictinos, misioneras dominicas, redentoristas, mercedarios…
Como puede verse, no hay institución en todo el país que se libre de la lacra de haber tenido algún caso de pederastia eclesiástica, pudiendo comprobarse el amplio listado de casi trescientos casos de abusos de la Iglesia y centros religiosos.
Además de los hechos enumerados anteriormente, podríamos hablar también de la participación de la Iglesia y especialmente monjas en el robo de bebés a cambio del dinero de familias acomodadas y poderosas.
Pero eso sería otro capítulo de esta triste historia.
NOTA DEL AUTOR: Para los detractores “anónimos” de los artículos de opinión que aparecen en el blog del Colectivo Prometeo (siempre firmados, nunca escondidos en el anonimato) quiero indicar que toda la información recogida en este escrito ha salido de dos fuentes: medios de comunicación y documentos oficiales.
[1] La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución “Licet ab initio”, para defender a la Iglesia de las herejías. Es la más antigua de las nueve Congregaciones de la Curia.
En 1908, el Papa San Pío X cambió su nombre por el de Sagrada Congregación del Santo Oficio. Finalmente, en 1965, recibió el nombre actual bajo el Pontificado de Pablo VI. Hoy, según el Artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana “Pastor bonus“, promulgada por el Santo Padre Juan Pablo II el 28 de junio de 1988, «la tarea propia de la Congregación para la Doctrina de la Fe es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Por esta razón, todo aquello que, de alguna manera toca este tema, cae bajo su competencia».
Pepe Aguza, Colectivo Prometeo, Blog Colectivo Prometeo, 12 de marzo de 2023
https://asturiaslaica.com/2023/03/12/apuntes-sobre-los-delitos-de-la-iglesia-catolica-en-espana/#more-69602
