El «Tribunal de Belmarsh» -integrado por destacados activistas, artistas, políticos, abogados de derechos humanos- alza la voz en defensa de Julian Assange para que el Gobierno de Estados Unidos retire los cargos contra el Editor de WikiLeaks.
“La primera víctima de la guerra es la verdad”, afirmó el senador estadounidense del estado de California Hiram W. Johnson en 1929, durante el debate para la ratificación del pacto Kellogg-Briand, un intento noble pero finalmente fallido de prohibir la guerra.
Al reflexionar sobre la Primera Guerra Mundial, que había terminado una década antes, Johnson continuó: “comienza, como nos habíamos acostumbrado hasta hace poco, con esa forma de propaganda en la que […] se exalta el patriotismo y se miente para que la gente tenga hambre de guerra y sienta el deseo de combatir. Lo hemos visto en el pasado; volverá a suceder en el futuro”.
Una y otra vez, ha quedado demostrado que Hiram Johnson tenía razón. El impulso del Gobierno estadounidense de controlar la información y manipular a la ciudadanía para que apoye la guerra está profundamente arraigado.
Los últimos veinte años, dominados por la llamada “guerra contra el terrorismo”, no son una excepción. Sofisticadas campañas de relaciones públicas, medios de comunicación complacientes y la omnipresente maquinaria propagandística del Pentágono operan en conjunto para “fabricar consenso”. Así lo definen el reconocido académico Noam Chomsky y el difunto profesor Ed Herman en el título de su innovador libro “Los guardianes de la libertad”, en el que toman prestada dicha frase de Walter Lippman, considerado el padre de las relaciones públicas.
Un medio que ha desafiado de manera sistemática el relato belicista impulsado por el Gobierno de Estados Unidos tanto bajo presidentes republicanos como demócratas, ha sido el sitio web de denuncias WikiLeaks. WikiLeaks acaparó la atención internacional en 2010 tras publicar una serie de documentos filtrados que contenían material clasificado de las fuerzas armadas estadounidenses.
Dichos documentos incluían numerosos informes sobre el asesinato de civiles y otros crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán, así como también un impactante video que muestra la masacre llevada a cabo desde un helicóptero de artillería estadounidense contra una docena de civiles en una calle de la ciudad de Bagdad, entre los que se encontraban un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y su chofer. WikiLeaks tituló ese video “Asesinato colateral”.
The New York Times y otros periódicos se asociaron con el sitio web de denuncias para publicar notas basadas en las filtraciones. Esto incrementó aún más la atención sobre el fundador y jefe de redacción de WikiLeaks, Julian Assange. En diciembre de 2010, dos meses después de la publicación del video “Asesinato colateral”, el entonces vicepresidente Joe Biden dijo durante una entrevista con la cadena NBC News que Assange estaba “más cerca del terrorismo de alta tecnología que los papeles del Pentágono”.
Biden se refería a la serie de documentos clasificados que Daniel Ellsberg hizo públicos en 1971, que revelaban las mentiras que el Pentágono difundió durante muchos años acerca de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
Con la conformación de un gran jurado secreto en el estado de Virginia, Julian Assange, entonces en Londres, comenzó a temer ser arrestado y extraditado a Estados Unidos. Ecuador concedió asilo político al fundador de WikiLeaks, y este, al no poder viajar a América Latina, buscó refugio en la Embajada ecuatoriana en Londres. Assange vivió dentro de la pequeña embajada, del tamaño de un apartamento, durante casi siete años.
En abril de 2019, cuando el nuevo presidente ecuatoriano revocó el asilo de Assange, las autoridades británicas lo arrestaron y lo encerraron en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, a menudo llamada “la Guantánamo del Reino Unido”.
El denunciante ha estado recluido allí en duras condiciones y con problemas de salud durante casi cuatro años, mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta extraditarlo para procesarlo por espionaje y otros delitos. De ser extraditado a Estados Unidos y declarado culpable, Assange podría enfrentar una condena de hasta 175 años en una prisión de máxima seguridad.
Aunque el Gobierno del Reino Unido, liderado por el Partido Conservador, parece dispuesto a extraditar a Assange, ha surgido un movimiento internacional que exige su liberación. La Internacional Progresista, una coalición mundial a favor de la democracia, ha convocado lo que denomina “Tribunal de Belmarsh” que, desde 2020, ha llevado a cabo cuatro asambleas.
Al igual que el Tribunal Russell-Sartre sobre la guerra de Vietnam, convocado en 1966 por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, el Tribunal de Belmarsh congrega a algunos de los activistas, artistas, políticos, disidentes, abogados de derechos humanos y denunciantes más prominentes y progresistas del mundo, quienes alzan la voz en defensa de Julian Assange y WikiLeaks.
Estas fueron las palabras que Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento británico y exlíder del Partido Laborista, pronunció ante el Tribunal de Belmarsh: “Estamos siendo testigos de una parodia de la justicia, de una violación de los derechos humanos, de la negación de la libertad a alguien que se arriesgó de manera valiente para que todos sepamos que murieron personas inocentes en Abu Ghraib, que murieron personas inocentes en Afganistán, que personas inocentes están muriendo en el Mediterráneo y que mueren personas inocentes en todo el mundo, cuando potencias que actúan sin ninguna supervisión y que no rinden cuentas por sus actos deciden que es conveniente y oportuno matar a la gente que se interpone en el camino de sus grandes planes. Nosotros decimos “no”. Por eso exigimos justicia para Julian Assange”.
The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel —los importantes periódicos que publicaron artículos basados en los documentos filtrados de Assange— se han unido al llamamiento de Corbyn. “Publicar no es un delito”, declararon en una carta abierta.
Nunca antes se había acusado a un periodista en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
El juicio contra Assange representa una grave amenaza para la libertad de expresión y la libertad de prensa. El presidente Biden —que actualmente está envuelto en su propio escándalo por el manejo indebido de documentos clasificados— lo sabe bien y debe retirar de inmediato los cargos contra Julian Assange.
© 2022 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
