Pablo Longueira, exministro de Economía de Chile; y Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial.
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzó un controvertido juicio que impacta de lleno en la política de Chile, ya que entre los ocho acusados por presunta corrupción se encuentran el exministro de Economía, Pablo Longueira, y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
La investigación del llamado 'Caso SQM', abreviatura de la empresa privada Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), comenzó en 2015, a raíz de presuntos pagos ilegales que habría realizado esta firma para promover y lograr la aprobación de una ley impositiva hecha a modo, además de financiar campañas también de manera irregular.
En ese momento, el escándalo fue mayúsculo, ya que quedaron involucrados políticos de todos los signos, sin distinción ideológica.
Pero de los 180 imputados que hubo en un principio, sólo ocho llegaron a juicio oral porque el resto decidió someterse a juicios abreviados que ya concluyeron. Otros fueron sobreseídos.
No fue el caso de Longueira, un dirigente de la derecha chilena que ha sido diputado, senador, precandidato presidencial y ministro de Economía de 2011 a 2013, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y que hoy está acusado de cohecho. Si es considerado culpable, podría enfrentar una pena de 818 días de prisión.
Las pruebas contra el exfuncionario se basan en unos correos electrónicos que datan de 2010, cuando era senador, y en los que supuestamente recibe instrucciones de Patricio Contesse, quien en ese momento era gerente de Soquimich, para incluir un artículo en la ley minera que beneficiaba impositivamente a la empresa.
Cuando estalló el escándalo, Longueira tuvo que renunciar a la presidencia del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
Se le acusaba de haber recibido por lo menos un millón de dólares por parte de la minera, lo que siempre negó.
La justicia de todas formas ordenó su arresto domiciliario nocturno y también le impidió abandonar el país.
El lunes se sentó formalmente en el banquillo de los acusados, aunque por vía remota.
Por izquierda
Longueira es el político de derecha más relevante en el juicio. Pero por parte del progresismo se encuentra Enríquez-Ominami.
El exdiputado, fundador del Partido Progresista y cuatro veces candidato presidencial está acusado de delitos tributarios y se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión.
De acuerdo con la investigación, Soquimich financió de manera irregular con alrededor de medio millón de dólares una de las campañas presidenciales de Enríquez-Ominami, a través de su asesor Cristián Warner, quien le facturaba a la minera servicios que, en realidad, nunca se prestaron.
Es decir, eran facturas falsas.
Desde que comenzó la causa, el dirigente negó los cargos y los adjudicó a una campaña en su contra por motivos ideológicos. Ahora será la justicia la que decidirá si es inocente o culpable.
"Quiero que comience para poder demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces (...)
Mi único delito fue tratar de cambiar Chile sin ningún acto de corrupción, habiendo desafiado a los más ricos, a los más poderosos, a los partidos políticos más tradicionales.
Pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento", dijo Enríquez-Ominami poco antes de comenzar el juicio.
Al fundador del Grupo de Puebla le juegan en contra las declaraciones de otro de los imputados, el exdirectivo de Soquimich, Patricio Contesse, quien ya ha afirmado que el político progresista conocía el mecanismo de financiamiento ilegal que realizaba la empresa, y del cual se benefició.
La lista de acusados se completa con la exsecretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la secretaria de la presidencia del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner; el exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Roberto León; y el exembajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas.
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