De cómo ver la paja en el ojo ajeno y esconder la viga en el propio
Este pasado martes, Joe Biden firmó una orden ejecutiva bajo el siguiente título: “Redoblar los esfuerzos para traer a casa a rehenes y a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente”.
El movimiento, que trata de reforzar una ley ya existente desde el año 2020, supone como principales novedades imponer sanciones financieras a quienes estén involucrados en la detención “injusta” de estadounidenses en el extranjero, mejorar el compromiso con las familias afectadas y exhortar a las diferentes agencias del gobierno a desarrollar “opciones y estrategias para evitar futuras tomas de rehenes”.
La iniciativa, a simple vista lógica y hasta coherente, recoge todos los ingredientes necesarios para elaborar un nuevo pastel de hipocresía ‘made in USA’.
Empecemos por la guinda y vayamos, capa a capa, hasta la base.
El principal porqué de este anuncio es el muy mediático caso de Brittany Griner.
La estrella femenina de baloncesto, siete veces All-Star de la WNBA y dos veces Jugadora Defensiva del Año, fue detenida el pasado mes de febrero en el aeropuerto internacional ruso de Sheremetyevo después de que el servicio federal de aduanas asegurase haber encontrado aceite de cannabis en su equipaje. Griner, que se enfrenta hasta a diez años de prisión, se declaró culpable a principios de julio, enfatizando que “no tenía intención” de infringir ninguna ley rusa.
Más allá de las consideraciones puramente subjetivas que el lector pueda tener sobre la dureza de la legislación respecto a las drogas de ese país, no deja de ser de un cinismo desorbitado el uso por parte de la Administración Biden de este caso en una ley sobre ciudadanos detenidos “injustamente”. Primero, porque la propia Griner ha admitido el delito.
Segundo, porque este ejemplo, precisamente, desenmascara el doble rasero de Estados Unidos a la hora de hacer efectivos a nivel nacional valores de los que dice ser estandarte fuera de sus fronteras.
Brittany Griner estaba en Rusia para jugar con un equipo del país aprovechando la temporada baja de la liga estadounidense.
El motivo: la enorme brecha salarial por sexo en el deporte estadounidense. Mientras que los mejores jugadores masculinos de la NBA tienen salarios de decenas de millones de dólares, el ingreso promedio de una jugadora de baloncesto femenina es de menos de 130 mil dólares, llegando, como máximo, al medio medio millón.
Griner, como tantas otras estrellas deportivas femeninas, sacrifica su tiempo de descanso de temporada en Estados Unidos —con el impacto que esto puede acarrear física y psicológicamente— para ganar fuera lo que no le ofrecen en su país.
La utilización política del caso Griner para resucitar una ley contra detenciones “injustas” también resulta insultante si abrimos cuadro y tiramos de hemeroteca. Estados Unidos es la nación del planeta con más personas privadas de libertad.
Una auténtica cárcel masiva y sin parangón cuyos cimientos se construyeron, precisamente, gracias a la llamada guerra contra las drogas a nivel interno, tras la aprobación de leyes extremas durante los años ochenta que supusieron el encarcelamiento masivo y por más tiempo a quienes traficaban y las consumían.
En el núcleo duro del Senado que lo hizo posible, Joe Biden, quien llegó a criticar al propio Ronald Reagan por considerarlo demasiado tibio en este tema. Del lado del actual presidente de Estados Unidos a la hora de empujar por la dureza extrema legislativa contra quienes consumen o trafican con drogas estuvieron auténticos monstruos segregacionistas, como el senador Strom Thurmond.
Valga como ejemplo una de sus más famosas citas: “Quiero decirles, damas y caballeros, que no hay suficientes tropas en el ejército para obligar a la gente del Sur a acabar con la segregación y admitir a la raza negra en nuestros teatros, en nuestras piscinas, en nuestras casas y en nuestras iglesias”. Aún hoy día se calcula en unos 400 mil el número de personas que anualmente acaban en la cárcel en este país por delitos relacionados con las drogas.
Volviendo a la nueva orden ejecutiva, la realidad es que ni tan siquiera el gobierno es capaz de establecer cuántos casos de detención “injusta” en el extranjero hay en total, porque, como pueden imaginar, dicha “injusticia” es puramente subjetiva.
Según la James W. Foley Legacy Foundation, habría 64 estadounidenses en esa situación.
Según medios estadounidenses, sólo en China habría unos 200 según sus propios expertos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera es capaz de establecer el sujeto real y central de un problema que ya han declarado emergencia nacional y por el que están dispuestos a sancionar a diestro y siniestro. Les da lo mismo, siempre y cuando puedan establecer de antemano quiénes serán objeto de las futuras medidas punitivas.
Así, de entrada han introducido un nuevo indicador de riesgo en los avisos de viaje del Departamento de Estado para determinados países que alertaría de posible riesgo de detención “injusta”.
Las naciones, como podrán imaginarse: China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
Al inicio del artículo explicaba que esto tan sólo es un refuerzo basado en una ley ya existente. Cabe destacar que el nombre de la misma es Levinson, en referencia a Robert Alan Levinson, un ex agente estadounidense de la Administración para el Control de Drogas y de la Oficina Federal de Investigaciones que presuntamente desapareció en Irán estando en una misión para la CIA.
Más allá del superficial homenaje de su nombre en la pieza legislativa, la realidad es que la agencia de inteligencia decidió pagar anualmente 2’5 millones de dólares a la familia de Levinson para mantenerles la boca cerrada.
Con esto, desistirían de entablar demandas para conocer detalles sobre su trabajo. Además, en relación con el caso, la CIA expulsó a tres analistas veteranos y sancionó a otros siete. Silencio y dólares estadounidenses para quien ose investigar supuestas injusticias ajenas.
Algo huele a podrido en el corazón de su ley de protección a estadounidenses en el exterior.
Supongo que, a estas alturas, muchos han establecido también la enorme hipocresía que supone que el gobierno de Estados Unidos firme órdenes ejecutivas y amague con castigos a quienes arresten “injustamente” a estadounidenses en el extranjero, mientras Reino Unido mantiene en condiciones de tortura al fundador de Wikileaks Julian Assange bajo petición de Washington.
Su delito: revelar crímenes de guerra de esta nación que a día de hoy siguen siendo completamente impunes.
El potencial castigo para el mensajero: 175 años de prisión en el país de la libertad. Además del caso Assange, están todos los presos políticos enfrentados a largas condenas.
Leonard Peltier, activista nativo americano que lleva en prisión casi medio siglo sosteniendo que él no cometió los asesinatos de agentes del FBI por los que se le condenó y pide sin descanso, a sus 77 años, un juicio justo.
Mumia Abu-Jamal, periodista de Filadelfia que fue arrestado y acusado del asesinato de un policía por el que lleva cuatro décadas en prisión manteniendo su inocencia.
Mutulu Shakur, ex miembro del Ejército Negro de Liberación de más de 70 años y enfermo de cáncer que lleva pidiendo dos la condicional para, después de pasar casi la mitad de su vida en una prisión federal, al menos no morir en ella. La lista continúa pese a no ser mediática.
A la hora de pontificar sobre detenciones injustas, más le valiera a Washington mirarse al espejo.
https://helenavillar.substack.com/p/estados-unidos-declara-las-detenciones
