Aunque no lo sabrías si solo siguieras los medios corporativos, en enero la violencia siguió en espiral en Colombia. Los movimientos de derechos humanos registraron un aumento de ataques contra estaciones policiales, bases militares y civiles y denunciaron asesinatos e intimidaciones contra líderes sociales en varios departamentos. En febrero, el panorama no ha sido diferente.
Este país latinoamericano se desangra ante los ojos imperturbables del gobierno del presidente Iván Duque. Las heridas están abiertas, especialmente en tres áreas. El primero es Arauca y Norte de Santander, que vivió el peor incidente desde enero con la masacre de al menos 27 personas.
La segunda zona es Cauca y Nariño, donde ha habido masacres, asesinatos de líderes sociales y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La violencia desenfrenada que se vive en este territorio del país ha obligado al desplazamiento de 500 personas y al confinamiento de cerca de 18.000 habitantes en los dos primeros meses de este año.
El otro territorio crítico es Urabá, que además de ser el corazón del grupo sucesor del paramilitar Clan del Golfo, es un corredor estratégico en la disputa por el narcotráfico. En esa región se han registrado 1.000 desplazamientos forzados, mientras cerca de 2.000 personas se ven afectadas por el temor a salir de sus hogares.
La violencia parece no tener límite y es consecuencia de la aguda desigualdad social que azota al país tras décadas de conflictos internos, incompetencia gubernamental, corrupción, narcotráfico y total apego a los dictados de EE.UU.
En noviembre de 2016 se produjo un hecho esperanzador cuando después de años de negociación y consulta popular, el entonces presidente Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto y construir una paz estable en Colombia.
Pero la llegada al poder del ultraderechista Duque en 2018 frustró la esperanza de la gente de lograr estos objetivos. Este fiel discípulo del expresidente Álvaro Uribe y perro faldero de EE.UU. ha sido un constante polarizador y glorificador de la violencia, y ha hecho todo lo posible para socavar la implementación de los acuerdos de paz.
A seis años de la firma del acuerdo en La Habana, Cuba, la pobreza, la desigualdad, la proliferación de grupos armados ilegales y el abandono del Estado en ciertas regiones ha alimentado la incertidumbre social y la desesperanza.
Desde 2018 a la fecha han sido asesinados más de 900 líderes sociales. Guerrillas, grupos narcotraficantes y disidentes de las extintas FARC continúan operando mientras Duque no toma medidas para proteger al pueblo colombiano.
Colombia vive bajo constantes desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual contra niñas y mujeres, y otras graves violaciones a los derechos humanos.
La persistente violencia provocó una ola de protestas en 2020. Los enfrentamientos entre policías y ciudadanos fueron otra muestra de las tensiones en el país, reflejando la falta de respuestas institucionales a las demandas sociales. En lugar de escuchar al pueblo, Duque envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para reprimir y matar a los manifestantes.
Sin embargo, los analistas aún tienen esperanza en el futuro y creen que la paz sostenible es posible, pero solo si se cumplen los Acuerdos de Paz y si el pueblo colombiano decide su propio futuro sin la interferencia de Washington.
Esta será la única forma de reducir la desigualdad económica y social, algo tan anhelado por los colombianos, cansados de vivir con el miedo constante. Colombia, situada en el corazón de América Latina, necesita cerrar sus grandes heridas abiertas. Ya han experimentado demasiados años de dolor.
https://mronline.org/2022/02/16/colombia-is-bleeding-to-death/
