El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev, ha anunciado este miércoles durante un discurso televisado que ha pedido ayuda a los Estados miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), en medio de las masivas protestas que desde hace varios días sacuden el país.
El mandatario consideró que las manifestaciones en la nación son un acto de agresión, asegurando que "las bandas terroristas" recibieron entrenamiento en el extranjero.
"Estas bandas terroristas son internacionales, han recibido un importante entrenamiento en el extranjero y su ataque a Kazajistán puede y debe considerarse un acto de agresión", afirmó el presidente.
"Al respecto, valiéndome del Tratado de Seguridad Colectiva, he hecho hoy un llamado a los jefes de la OTSC para que brinden apoyo a Kazajistán en la superación de esta amenaza terrorista.
En realidad, no se trata de una amenaza, sino de un menoscabo de la integridad territorial", precisó.
Según estipula el artículo 4 de la OTSC, los Estados miembros prestan sin demora el apoyo, incluido militar, al integrante que ha sido atacado desde el exterior.
Además, el artículo 2 del tratado estipula que los miembros realizan consultas conjuntas para coordinar sus acciones en caso de una amenaza a la seguridad, estabilidad, integridad territorial y soberanía de uno de los integrantes de la alianza.
Superar "la franja negra" de la historia del país
Además, Tokáev denunció que "los elementos vandálicos", a los que también tachó de "conspiradores", tienen un alto nivel de organización, lo que evidencia que hubo "un plan de acción cuidadosamente pensado", según se detalla en un comunicado presidencial.
El mandatario mostró su confianza en que el país podrá salir de "esta franja oscura" de su historia, prometiendo a la población seguir el curso de reformas políticas graduales.
En paralelo, el presidente adelantó que el aeropuerto internacional de la ciudad de Almatý, que se convirtió en el epicentro de tensiones, fue tomado por los grupos radicales de las protestas, que además se apoderaron de cinco aviones, incluidos los extranjeros.
Poco después, el vicealcalde de Almatý precisó que el aeropuerto ya ha sido liberado, mientras que se ha lanzado una operación antiterrorista en toda la urbe.
Tokáev constató que los grupos radicales siguen destrozando partes de la infraestructura y establecimientos que almacenan armas de fuego tanto en Almatý, la antigua capital de la nación, así como en otras urbes.
En redes circulan numerosos videos que muestran los daños ocasionados por los saqueadores en el aeropuerto de Almatý y otros edificios en la ciudad.
Las protestas masivas por la subida de los precios del gas licuado del petróleo, con el que se abastecen la mayoría de vehículos en la región, estallaron en la ciudad de Janaozen el pasado 2 de enero y han derivado en enfrentamientos violentos por todo Kazajistán en medio de las reivindicaciones económicas y políticas de los manifestantes.
Tokáev accedió a las reivindicaciones de eliminar del poder definitivamente al exmandatario de la nación Nursultán Nazarbáyev, quien ocupaba hasta este 5 de enero el cargo vitalicio del presidente del Consejo de Seguridad Nacional.
No contentos con la dimisión del Gobierno, ocurrida la noche de este miércoles, unos 3.000 manifestantes intentaron irrumpir en varios edificios administrativos, provocando un incendio en la sede del Gobierno regional o 'akimat' de Almatý.
Ante la creciente ola de violencia, el mandatario kazajo decretó el estado de sitio en Nursultán, la capital del país, en Almatý y en la provincia de Mangystau, que estará vigente hasta las 00:00 del 19 de enero, con el objetivo de "restablecer el orden público".
Asimismo, ordenó la imposición durante 180 días de una regulación gubernamental de los precios del gas líquido, petróleo y diésel, a fin de estabilizar la situación socioeconómica.
Según el Ministerio del Interior, ocho policías y miembros de la Guardia Nacional han perdido la vida en los disturbios, mientras que 317 resultaron heridos.
La Policía de Almatý reportó que los manifestantes quemaron 120 coches, entre ellos 33 policiales, y que destrozaron 120 tiendas, 180 restaurantes y cafeterías y cerca de un centenar de oficinas.
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