El último anuncio realizado por el procurador Wilfredo Chávez, mostrando que el informe de la OEA no cumple los parámetros de una auditoria, es una afirmación lapidaria contra todos aquellos que señalaban “fraude” a partir de dicho documento.
Según la autoridad esta afirmación esta basada en un informe de la Contraloría General del Estado CGE, que señala que las apreciaciones sobre las elecciones en Bolivia desde ningún punto de vista podrían ser catalogados como un informe de auditoría porque no cumplen con los mínimos requisitos ni metodológicos, ni operativos para ser considerado como tal.
Para estar seguros de esta afirmación hicimos una pesquisa por nuestra cuenta y efectivamente corroboramos que una auditoria está sujeta a una serie de procedimientos y procesos que garanticen que sus resultados se constituyan en pruebas irrefutables frente a cualquier tribunal.
Pero, además, una auditoria está sujeta a determinadas leyes y su respectiva jurisdicción, todos estos aspectos fueron simplemente ignorados por la comisión de la OEA, en la emisión de un documento que más que informe de auditoria son simplemente páginas de apreciaciones políticas.
Los procedimientos de la Contraloría en Bolivia o de sus equivalentes en otras regiones establecen con claridad el tipo de auditoria que se está llevando a cabo y que pueden ser, dependiendo el país, auditoria especial, auditoria operacional o auditoria financiera; después está claramente establecida la normativa con la que se hace la auditoria; normas nacionales y eventualmente normas internacionales, asimismo la auditoria fija con nitidez dos conceptos primordiales Objeto y Objetivo, que señalan específicamente que parte material se está auditando, el tiempo, el alcance y lo que se quiere establecer.
Una vez obtenidos los resultados según los procedimientos de la CGE, se debe comunicar el informe preliminar a los involucrados para que presenten sus respectivos descargos y posteriormente a ello se procede a emitir el informe final que es notificado en primera instancia a los involucrados, en este caso se debería comunicar directamente al gobierno boliviano.
Después de la notificación recién pasa al ámbito judicial para ser valorado por un juez, que es el único que puede emitir un fallo estableciendo las responsabilidades.
De acuerdo con nuestra pesquisa la OEA, no cumplió ni el más mínimo requisito de una auditoria, se comprometió según la solitud a efectuar una auditoria al “cómputo oficial de votos”. Sin embargo, el organismo solo se abocó a establecer irregularidades en el TREP, que no es nada más que un sistema auxiliar de conteo rápido y que no tenía ninguna relevancia sobre el cómputo final ni de las actas, convirtiéndose el informe de la OEA, por su liviandad en un informe político.
Si de liviandad hablamos, es alarmante como encaran, este último informe, algunos medios que están acostumbrados a distorsionar la información, por ahí un diario escrito señalaba que el Procurador y la CGE, hacían observaciones de forma al documento de la OEA, intentando minimizar de esta manera las serias observaciones de una instancia de Control Gubernamental como es la Contraloría.
Si solo se tratara de documentos, podríamos pensar que el debate es intrascendente, sin embargo, el documento político de la Organización de Estados Americanos y más particularmente de su secretario general Luis Almagro, han costado la vida a 37 ciudadanos, documento que fue el sustento para el golpe de Estado en Bolivia.
Se puede concluir que el país pidió auditoria y la OEA respondió con un documento interesado políticamente sin sustento técnico alguno y con una intencionalidad expresa de romper el orden democrático al haber filtrado el informe preliminar directamente a la prensa y no al gobierno que es como correspondía hacerlo.
Por Miguel Flores | Jaque Doble
Tomado de Expreso Sur
https://zonafrank.wordpress.com/2021/08/30/almagro-estafo-a-bolivia-el-informe-que-presento-en-2019-no-fue-auditoria-la-farsa-de-la-oea/
