El 29 de julio, apareció en línea un artículo de Associated Press (AP) titulado Por disturbios en casa, más nicaragüenses huyen a Estados Unidos . Como suele ser el caso de los informes de los medios en estos días, el artículo comienza con una anécdota melodramática que marca el tono y el impulso argumentativo del resto de la pieza.
Después de todo, la retórica emocionalmente manipuladora es más visceralmente efectiva para tirar de los hilos del corazón de lo que los hechos y las cifras podrían esperar ser.
Este artículo en particular cuenta la historia de Alan Reyes Picado.
Picado, nos dice AP, es «uno de los miles de nicaragüenses que el gobierno de Estados Unidos ha encontrado en la frontera en los últimos meses». Evidentemente, el autor del informe ni siquiera pudo pasar de la primera frase sin echar la culpa directamente a los pies del gobierno sandinista.
El artículo dice que Picado “huyó de Nicaragua en autobús en medio de la noche, atormentado por los recuerdos de funcionarios del gobierno que lo acosaban, lo arrojaban a la cárcel y luego lo dejaban medio desnudo en un contenedor de basura”.
Un día después de la publicación del artículo de AP, apareció un artículo sorprendentemente similar en Vice News, ese fanzine pseudo-alternativo que promueve lo que Ben Norton ha llamado astutamente «imperialismo hipster».
El artículo tiene un título aún más tendencioso: Una brutal represión en Nicaragua está impulsando una nueva ola de migrantes a los Estados Unidos. Afirma que «la cantidad de personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México desde la nación centroamericana ahora está aumentando».
Al igual que el informe de AP, comienza con una anécdota emotiva que no solo prepara la escena, sino que llega al ataque sandinista desde el principio.
Su primera frase dice: «Sus padres lucharon por la revolución sandinista en Nicaragua hace cuatro décadas, pero cuando Lenin Salablanca protestó por su continuo gobierno, fue encarcelado durante diez meses».
Se centra específicamente en el arresto de varias figuras de la oposición en los últimos meses como la principal causa del aumento de la migración desde Nicaragua, alegando que esto en sí mismo se deriva de una «represión contra la disidencia que comenzó con un levantamiento en 2018».
Señala en particular el arresto de «numerosos oponentes políticos, incluidos siete posibles candidatos presidenciales en las próximas elecciones de noviembre».
La última afirmación es, por supuesto, una completa mentira. Ninguno de los arrestados fue candidato de un partido político legalmente registrado, por lo que ni siquiera estaban en la contienda para las próximas elecciones presidenciales.
En cuanto a la insinuación de que sus arrestos fueron un cálculo político cínico por parte del Presidente Daniel Ortega, la realidad es que todos ellos han recibido financiamiento de Washington, generalmente a través de uno de sus grupos fachada de la CIA como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID) y el Fondo Nacional para la Democracia (NED).
Por lo tanto, fueron arrestados bajo los términos de dos nuevas leyes para proteger la soberanía nacional: la ‘Ley de Agentes Extranjeros’ y la ‘Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz’.
Lejos de ser mecanismos ad hoc cínicos para aplastar la disidencia política, estas leyes se basaron en gran parte en la propia Ley FARA de Estados Unidos. Con razón, criminalizan la promoción de la injerencia extranjera, como la solicitud de intervención militar, la organización del terrorismo y la complicidad de medidas económicas coercitivas.
Por engañosas y deliberadamente engañosas que sean las mentiras anteriores, palidecen en comparación con las asombrosas mentiras por omisión de los dos artículos. Sorprendentemente, ninguno de ellos menciona una sola vez, por ejemplo, cuál es la causa mucho más probable del aumento de la migración fuera de Nicaragua; a saber, el brutal conjunto de sanciones que el gobierno de Estados Unidos está imponiendo a la empobrecida nación centroamericana.
A fines de 2018, la administración del entonces presidente Donald Trump impuso una orden ejecutiva que imponía sanciones a Ortega y otros miembros de su gobierno. Poco después, la administración Trump firmó la Ley NICA, que restringe la capacidad de Nicaragua para obtener préstamos de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El Centro Quijote señaló en 2016 que «la Ley NICA perpetuará la pobreza dentro del país … [y] también perpetuará la relación desequilibrada entre los Estados Unidos y los países de América Latina».
En otra flagrante mentira por omisión, los informes tampoco señalan que hubo una migración generalizada fuera del país durante los desastrosos 16 años de gobierno de derecha.
Esto comenzó en 1990 cuando Violeta Chamorro, respaldada por Estados Unidos, venció a Ortega en las elecciones presidenciales de ese año. El gobierno de Chamorro y los de sus sucesores, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, impusieron una serie de castigos neoliberales en el país. Como era de esperar, esto resultó en todas las patologías habituales que conlleva este modelo económico, especialmente cuando se implementa en un país en desarrollo del Sur Global.
Durante este tiempo, hasta que Ortega regresó al poder a través de las elecciones presidenciales de 2006, Nicaragua degeneró en uno de los casos más lamentables de todo el hemisferio occidental. Como señaló Yorlis Gabriela Luna en un ensayo de 2019 para el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), “se privatizaron grandes segmentos de la economía, se recortó drásticamente el gasto público y se impuso un sistema de ONG para mitigar y amortiguar los desastres causados por toda la privatización».
Ella agregó: “Hubo una caída de 46 puntos en el Índice de Desarrollo Humano; el empleo precario aumentó junto con el desempleo; y hubo un éxodo de campesinos de sus fincas. La subcontratación y el empleo informal caracterizaron la economía, mientras que aumentaron la pobreza extrema, la desigualdad social y la violencia”.
Naturalmente, todo esto condujo a una migración generalizada de personas fuera de Nicaragua. Desde el regreso de los sandinistas al poder en 2006, por otro lado, la migración parece haber disminuido un poco.
Como señaló Stephen Sefton en un ensayo de 2021 publicado en el sitio web de Alliance for Global Justice, «una encuesta de opinión reciente indicó que el número de nicaragüenses dispuestos a emigrar se ha reducido a la mitad desde 2004/2005».
Por supuesto, nunca leeremos sobre esto en artículos de AP o Vice News porque contradeciría su línea editorial de que todos los problemas del país son culpa del gobierno de Ortega, y la implicación corolario de que un gobierno de la oposición derechista sería inherentemente, si no inevitablemente, mejor.
Finalmente, los dos artículos apenas se molestan en discutir la migración desde otras naciones centroamericanas, mencionándola sólo de pasada. Y esto no es casualidad. En primer lugar, esto se debe a que una comparación regional mostraría que las cifras recientes sobre la migración fuera de Nicaragua han sido relativamente mínimas.
Como señaló Yorlis Gabriela Luna en el ensayo de COHA antes mencionado, “los nicaragüenses han estado prácticamente ausentes de la caravana migrante”. Esto se debe en gran parte al hecho de que el gobierno sandinista ha trabajado para combatir el tipo de pobreza extrema que ha causado el neoliberalismo en los países vecinos.
Nicaragua también ha evitado en gran medida el surgimiento de organizaciones delictivas organizadas que se han vuelto endémicas en otras partes de Centroamérica, lo que en sí mismo se explica en parte en términos de neoliberalismo. Como señaló Vox en octubre de 2018: “Muchas personas se van [de las naciones centroamericanas] porque temen por sus vidas si se q
uedan, porque están siendo amenazadas por pandillas y el gobierno local es cómplice o está ausente”. Pero como señala Johan Walters en un ensayo de 2019 para Jacobin , “Nicaragua, afortunadamente, logró evitar algunos de los aspectos más oscuros de la neoliberalización en Centroamérica, incluida la proliferación masiva de redes del crimen organizado (dentro y fuera del estado) que se encuentra actualmente expulsando a un gran número de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos de sus hogares ”.
La otra razón por la que los artículos apenas mencionan la migración desde otras naciones centroamericanas es que algunos de estos otros países son aliados de Estados Unidos. Contrastarlos con Nicaragua socavaría su narrativa pro Washington.
Desde el golpe de Estado de 2009 respaldado por Estados Unidos contra el gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya en Honduras, por ejemplo, el país ha degenerado en una pesadilla cada vez mayor de violencia y miseria.
A lo largo de los sucesivos gobiernos posteriores al golpe, todos los cuales han sido respaldados y financiados por Estados Unidos, Honduras ha visto a cientos de miles huir de la pobreza generalizada, la represión política desenfrenada y una situación de derechos humanos cada vez más genocida.
Claramente, los informes de los medios de comunicación que intentan desesperadamente vincular las (comparativamente pequeñas) tasas de migración fuera de Nicaragua al gobierno sandinista están manipulando los hechos para que se ajusten a su agenda preconcebida.
Y esa agenda es proporcionar una justificación falsa para las medidas coercitivas de Estados Unidos contra el país y reforzar las actitudes antisandinistas entre sus lectores en el mundo de habla inglesa.
Si hubiera una competencia por “el caso más transparente de consentimiento manufacturado para promover los objetivos de política exterior de Washington en América Latina”, entonces estos dos artículos ciertamente estarían en la carrera por el primer lugar.
POR PETER BOLTON
