Un gobernador colombiano se ve obligado a abandonar el país ante amenazas contra su integridad personal y responsabiliza a Iván Duque del ardid para asesinarlo.
A través de una serie de mensajes emitidos el jueves en Twitter, el gobernador del departamento de Magdalena (norestes de Colombia), Carlos Caicedo, anunció su salida, tras haber sido avisado sobre “un plan inminente” de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo para llevar a cabo un atentado en su contra.
El funcionario arremetió contra el presidente colombiano, Iván Duque, y su antecesor Álvaro Uribe Vélez por proteger a las organizaciones armadas.
En este marco, denunció la campaña difamatoria, de mentiras y montajes que el uribismo está urdiendo a través de los órganos que tiene bajo su control por miedo a perder el poder, tal y como les pasó en Magdalena.
Es la segunda vez que el gobernador colombiano recibe amenazas contra su vida. La última fue en 2020, cuando el grupo armado Los Pachenca tendría planeado atentar contra él.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció en julio el homicidio de un líder social en el departamento del Chocó, sita también el noreste de Colombia, y reportó que las Autodefensas Gaitanistas habían sido las responsables de su muerte.
Indepaz informó el sábado de la nueva masacre en la misma zona, donde según afirman las mismas autoridades colombianas operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las AGC, Segunda Marquetalia, grupos armados residuales, así como disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El país suramericano ha sido siempre escenario de violencia y represión, no solo por las protestas populares, sino por la presencia de los grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes que han violado la seguridad del país.
El silencio y la ausencia de condena pública por parte del propio Duque y su inmediato círculo gubernamental sugieren que reina un clima de “favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación”, según denuncian las oenegés pro derechos humanos.
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