México se acerca a lo que será la primera consulta popular nacional para conocer si se debe enjuiciar a sus expresidentes por corrupción y otros delitos.
El próximo 1 de agosto, México celebrará por primera vez en su historia una jornada del “ejercicio inédito” de participación democrática, convocada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se debe enjuiciar a cinco expresidentes mexicanos por delitos de corrupción.
Para que sean vinculantes los resultados de la consulta se requieren 37, 2 millones de votos de ciudadanos (equivalente a una participación del 40 por cientos de los mexicanos).
La propuesta originalmente busca enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“La mayoría de la gente es receptiva y está dispuesta a participar en esta consulta con todo el ánimo. Algunos dicen que los metan a la cárcel, que devuelvan todo lo robado, que paguen”, dijo un ciudadano que promueve el referendo en el norte de Ciudad de México a la agencia española de noticias EFE.
Según los medios locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) acordaron el domingo sumar a los Organismos Públicos Locales (OPL) a la campaña de promoción de la consulta popular para que a través de sus plataformas institucionales convoquen a la ciudadanía de todo el país a participar en este ejercicio democrático.
En la consulta se preguntará: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A lo que los ciudadanos deberán responder con un sí o un no.
Durante el año 2018, México volvió a superar cifras históricas de violencia, y en gran medida, las víctimas y activistas responsabilizan a la negligencia, complicidad y represión de los Gobiernos mexicanos. Más que solo acabar con la impunidad y la corrupción, reclaman justicia para las violaciones a derechos humanos.
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