Los gobiernos de ultra derecha cooperan a nivel regional para garantizar el mayor despliegue y utilización de instrumentos represivos en contra del pueblo, en medio de estallidos sociales. La cooperación Sur-Sur se ha tergiversado a su versión represiva, en la que la ultra derecha ligada a los bloques de poder económico e industrial, y las oligarquías locales, establecen nexos de cooperación.
En varias ocasiones, se han realizado préstamos en materia de envío de gases lacrimógenos, municiones aturdidoras y munición letal, de corto y largo alcance. Como especificó la Comandanta de la Policía Nacional, Tanya Varela: “hay cooperación internacional. Tenemos asociaciones como la Ameripol, Europol, Iberpol, donde no solo se intercambia información. Si necesitamos gases lacrimógenos los prestamos entre los países”.
Un ejemplo de esta táctica “solidaria” para la represión y la guerra contra el pueblo, fue cuando Colombia y Perú prestaron armamento para la represión de octubre 2019 en Ecuador, en el marco del Paro Nacional.
La violación sistemática de Derechos Humanos y protocolos de uso proporcional de la fuerza, en contra de la vida de manifestantes, tuvo un trágico resultado de 11 asesinatos a manos de las fuerzas represivas, además de decenas de mutilaciones oculares, detenciones arbitrarias y persecución política a varios militantes de movimientos sociales y de oposición.
En la misma lógica, Ecuador prestó indumentaria represiva letal y no letal a la dictadura boliviana, con la que, muy probablemente se reprimió a las masas populares levantadas en rechazo al golpe de Estado.
De este préstamo, que se realizó el 16 de noviembre de 2019 –siendo María Paula Romo ministra de Gobierno-, se registran un total de 8.449 unidades de armamento: cinco mil granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37mm y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37mm.
En los siguientes días, después del arribo del préstamo del gobierno de Ecuador a la dictadora Áñez, se ejecutó la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en las cuales fueron asesinados a manos de las fuerzas militares golpistas, al menos 11 personas. En días anteriores, el 15 de noviembre, la dictadora Áñez ya había ejecutado otra masacre en Sacaba, donde al menos 11 personas perdieron la vida. Entre las dos masacres, 27 personas fueron asesinadas por el gobierno golpista.
La cooperación militar regional y continental es inimaginable, y viene de la mano de la injerencia imperialista yanqui en América, producto del adoctrinamiento antisubversivo por décadas en la Escuela de las Américas.
Tanto en octubre de 2019 en Ecuador, como en el golpe de Estado en Bolivia, la Embajada de EEUU tuvo un papel protagónico en aupar, instaurar y legitimar el “mantenimiento del orden” y la represión desproporcional, que resultó en crímenes de Estado.
En Colombia, la extensa y profunda cooperación militar desde el Plan Colombia, en el año 1999, y continuada por el uribismo, ha desembocado en la transferencia de material bélico y entrenamiento a tropas, avaluado en más de 10 mil millones USD en 15 años.
Después de Israel, Colombia es el principal receptor de ayuda militar por parte de Estados Unidos. A causa del TLC entre Colombia y EEUU, que contempla la importación de maquinaria de guerra, y se exenta de cualquier gravamen de impuesto al ingresar al país.
Este elemento ha propiciado una marea de importaciones de armamento desde EEUU, que en una multiplicidad de casos ha terminado en manos de fuerzas paramilitares. Las armas importadas desde EEUU, se utilizan en masacres a civiles, tanto por grupos paramilitares, como por las fuerzas represivas del Estado.
Siguiendo el principio de cooperación militar y policial, el Comandante de la UMO, Pablo Dávila, enviaba un mensaje público de solidaridad y apoyo institucional al ESMAD, en medio de las graves violaciones a Derechos Humanos que comete esta unidad en una base diaria. El pasado 10 de mayo y con una fervorosa religiosidad, Dávila presentaba su mensaje de apoyo explícito al asesinato sistemático de civiles, práctica que se encuentra en la espina dorsal de la lógica de existencia del ESMAD, otro producto del afamado y asesino Plan Colombia. “Desde el centro del mundo, les damos nuestro incondicional apoyo” y “estamos seguros que saldrán victoriosos en la preservación de la paz, el orden y la democracia”.
Los gobiernos de ultra derecha construyen en el discurso del enemigo interno, y posicionan como su principal enemigo a sus propios pueblos. Con esta estrategia, el pueblo se convierte en subversivo, terrorista y vándalo, legitimando una descarga frontal de toda la fuerza de choque y maquinaria de muerte neoliberal en contra del mismo.
La técnica de la militarización de la protesta social, con los falsos positivos creados por el gobierno paramilitar de Uribe, se ha replicado por todo el continente. El imperialismo y su doctrina antisubversiva en América Latina atraviesan por un refortalecimiento.
En Ecuador, Lasso advierte su intención de replicar los mismos mecanismos represivos que se cometen en Colombia y Chile, en contra del pueblo ecuatoriano. “Vamos a luchar duro, vamos a defender la democracia y tenemos que apoyarnos, por eso es el momento propicio para enviar un mensaje de solidaridad con el presidente Duque”.
En Colombia se practican con blancos humanos las tácticas contrainsurgentes, dentro de las cuales cualquier material contundente, sean clavos, tuercas, gases lacrimógenos, munición aturdidora, se convierte en un proyectil con un potencial letal.
¿Es esta una práctica legítima, en la democracia con la que llenan sus discursos? En la guerra contra el pueblo, cualquier mecanismo es válido, para suprimir a quien se oponga a la dictadura de la burguesía y el capital por sobre la vida.
Los gobiernos neoliberales ultraconservadores, y sobre todas las cosas, serviles al imperialismo yanqui, son corresponsables de todas las muertes, mutilaciones, desapariciones, tortura, violaciones y detenciones arbitrarias que se han ejecutado en los últimos años en la región, y en el marco de las protestas populares en contra de la precarización de la vida.
La violencia se convierte en el único mecanismo para sostener procesos capitalistas tan devastadores con la vida del pueblo.
