En 3 años, Francia ha atravesado dos grandes crisis que han quedado sin respuestas: el cuestionamiento de la globalización por parte de los «Chalecos Amarillos» y la denuncia del desmoronamiento del Estado emitida por los sindicatos de policías, problemas que han quedado sin respuestas de fondo.
Todos comparten la alarma de quienes denuncian esos problemas, pero se hace imposible exponerlos públicamente. Lo que mata la democracia no es la ausencia del debate contradictorio sino algo aún peor: la imposición de tabúes.
Los Chalecos Amarillos contra la globalización
Un gran movimiento popular sacudió Francia en 2018: los «Chalecos Amarillos». Surgido del descontento por el alza de precios de la gasolina, ese movimiento se vió rápidamente como una oposición a los efectos sociológicos de la globalización del intercambio: desaparición de las clases medias y relegación de sectores de la población en zonas rurales pobremente equipadas [1].
Dos semanas después del inicio de las manifestaciones, grupos no identificados se introdujeron en aquel movimiento para sabotearlo desde adentro. Fue así como, luego de que durante los primeros 15 días los manifestantes se habían limitado a desfilar agitando con orgullo la bandera de Francia y cantando la Marsellesa –algo que no se veía en las manifestaciones populares desde hace 50 años–, grupos de encapuchados vestidos de negro cometieron actos de vandalismo contra el Arco del Triunfo de la Plaza Charles de Gaulle, principalmente contra el grupo escultórico La Marsellesa, esculpido en uno de los pilares del monumento.
Durante el subsiguiente proceso judicial quedó demostrado que los provocadores –no identificados ya que nunca fueron detenidos– no tenían ninguna relación con los Chalecos Amarillos –que sí fueron arrestados.
Sin líderes capaces de denunciar y condenar aquella intrusión, el movimiento de los Chalecos Amarillos fue debilitándose durante todo un año. Pero los problemas que planteaba no han desaparecido.
Antes, los políticos creaban las llamadas «Comisiones Theodule» para enterrar los problemas que no querían ver. El presidente Emmanuel Macron innovó en ese sentido inventando un «Gran Debate Nacional»… para lograr el mismo resultado que aquellas “comisiones” en estos tiempos de información continua. Los interesados pudieron hablar de los problemas… pero nadie recibió respuestas válidas del poder ejecutivo ni de la Asamblea Nacional.
Los policías contra la desintegración de la nación
Acaba de producirse una segunda alerta. Esta vez, el problema es la ausencia de la seguridad, el tercero de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados en 1789, derechos que no debemos confundir con la concepción anglosajona de los «derechos humanos».
Ese derecho a la seguridad es la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos imprescriptibles a la libertad y la propiedad. Actualmente no existe en Francia un incremento general de la delincuencia sino una desigualdad geográfica cada vez más acentuada. Si bien los ciudadanos que viven en el Distrito VII de París no se sienten amenazados, los que viven en el Distrito XV de Marsella sí viven constantemente atenazados por el temor de ser agredidos por algún delincuente.
Además, la función de la policía que debería defender a los ciudadanos ya no es la de antes. La policía ya no se atreve a entrar en ciertos barrios, donde sus funcionarios son atacados por los delincuentes.
Numerosos policías tienen razones para temer por sus vidas –cada año, unos 10 policías mueren durante su servicio.
Por otro lado, algunos policías comienzan a convertirse en agentes de represión contra la oposición política.
Es así como numerosos policías hicieron un uso desproporcionado de la fuerza contra los Chalecos Amarillos y, hoy en día, nuevamente ejercen una función represiva contra quienes se oponen a la política sanitaria decretada para enfrentar la epidemia de Covid-19.
Aunque esos casos no son numerosos a escala nacional, su existencia misma demuestra que se trata de una orientación deliberada, que cuenta con el respaldo de la cúspide del Estado.
Por el momento, los policías mantienen su apego a una formación republicana, o sea al servicio de todos y no sólo al servicio de las autoridades políticas.
Sus sindicatos lanzan reiteradamente llamados en ese sentido y denuncian las condiciones de reclutamiento de sus jóvenes colegas –actualmente se admiten en las escuelas de policía personas con antecedentes de problemas psiquiátricos así como individuos provenientes de la pequeña delincuencia.
La próxima elección presidencial, en 2022
Después de los Chalecos Amarillos, este segundo movimiento tiene lugar cuando Francia se prepara para una nueva campaña electoral –en mayo de 2022, los franceses deben elegir la persona que ocupará el cargo de presidente de la República.
Ya en este momento, se sabe que dos terceras partes de los electores no desean que el presidente actual, Emmanuel Macron, sea candidato a la reelección.
Luego de los fracasos de sus dos predecesores inmediatos, quienes cumplieron cada uno un primer y único mandato –Nicolas Sarkozy no logró la reelección y Francois Hollande prefirió no tratar de obtenerla–, el actual presidente, Emmanuel Macron, sólo puede esperar obtener un segundo mandato si satisface las expectativas populares, la expresada por los Chalecos Amarillos contra la globalización y la que expresan los sindicatos de policías contra el retroceso de la República, o sea contra la renuncia al interés general. Al no tener intenciones de llenar esas expectativas, el presidente Macron tendrá que depositar sus esperanzas en una maniobra electoral:
propiciando artificialmente un número elevado de candidaturas y desacreditando a los candidatos con más posibilidades de ganar en la primera vuelta, con excepción de uno que el propio Macron habrá escogido para que sea su adversario en la segunda vuelta; u organizando una segunda vuelta entre él mismo y Marine Le Pen [2], a quien habrá demonizado previamente para empujar la mayoría de sus opositores a votar por él en nombre de un «frente republicano» contra el fascismo. Esa estrategia ya funcionó, en 2002, para Jacques Chirac –electo con en la segunda vuelta con un 82% de los sufragios frente a Jean-Marie Le Pen (17%).
Pero hoy puede resultar arriesgada ya que Marine Le Pen no tiene la reputación de fascista que tenía su padre, Jean Marie Le Pen, sino más bien una imagen de republicana. El equipo del presidente Macron está, por consiguiente, en busca de oportunidades que permitan demonizar a Marine Le Pen.
El llamado de los ex militares
Varios ex militares franceses han publicado una Carta abierta a nuestros gobernantes, donde resaltan la descomposición actual de las instituciones y denuncian por adelantado la posibilidad de que se recurra a las fuerzas armadas –algo que creen inevitable– para resolver el problema de la seguridad. Los firmantes publicaron este llamado en su sitio web, Place d’armes, el 13 de abril de 2021.
El semanario de derecha Valeurs actuelles lo reprodujo el 21 de abril, pero no en su edición en papel sino en su sitio web. Marine Le Pen, quien dice compartir desde hace tiempo el diagnóstico de estos ex militares, los invitó a votar por ella.
El equipo de trabajo del presidente Macron estimó que se trataba de una buena oportunidad y envió uno por uno todos sus ministros a denunciar en los medios de difusión una «cuadrilla de generales retirados» [3] que, según la versión macronista, llaman a los militares activos a cometer un golpe de Estado. Todos han fingido ignorar que el llamado de los ex militares se emitió el 13 de abril.
De esa manera, los macronistas sitúan falsamente su publicación el día 21 para hacerlo coincidir con el aniversario del putsch de los generales franceses en Argel, cuyo objetivo era impedir que el presidente de Gaulle concretara la independencia de Argelia.
Para completar la maniobra, los macronistas denunciaron la fascinación de Marine Le Pen por «el sonido de las botas».
Consciente de sus posibilidades de obtener en 2022 mejores resultados que Emmanuel Macron, el líder de la formación política La France insoumise, Jean-Luc Melenchon, presentó ante el fiscal de la República una denuncia contra los «generales sediciosos». Es importante recordar que en la última elección presidencial Jean-Luc Melenchon quedó en tercer lugar con un 19% de los sufragios, detrás de Emmanuel Macron (24%) y de Marine Le Pen (21%).
El lugar de los militares en el debate público
Nosotros invitamos nuestros lectores a que analicen el texto de la carta abierta de los ex militares [4], lo cual les permitirá comprobar por sí mismos que simplemente se está haciendo mucho ruido por poca cosa.
Se llama «estado de emergencia» a la posibilidad que tiene el gobierno de recurrir al ejército para mantener el orden público. Pero los militares no están entrenados para eso y su intervención en ciertas situaciones, para las cuales sí están entrenados policías y gendarmes, podría traducirse en pérdidas de vidas humanas.
En 2005, en 2015 y también en 2017, varios gobiernos instauraron en Francia el «estado de emergencia». Incluso en este momento, cerca de 10 000 militares pueden ser destinados a la protección de la ciudadanía en suelo francés en el marco de la «Operación Centinela», ante amenazas terroristas. Lo mismo sucede en Bélgica y en Reino Unido.
Además, la Constitución francesa de 1958 prevé en su artículo 36 la posibilidad, como último recurso, de transferir a las fuerzas armadas los poderes de policía y de preservación del orden, que normalmente son competencias del ministerio del Interior. Eso es lo que se designa como «estado de sitio», que nunca se ha proclamado en la Francia de la Quinta República, ni siquiera ante el golpe de los generales, en 1961.
El Gobierno francés y la formación política La France insoumise subrayan que la Carta abierta de los ex militares no dice en ningún momento que los firmantes se sitúen en el marco del orden constitucional y que, con esa laguna, insinúan una voluntad golpista.
Eso es una interpretación sesgada. Nada, absolutamente nada, permite acusar a esos ex militares de albergar intenciones sediciosas.
Toda esta algazara sólo ha servido para atraer la atención hacia ese texto… y más de 10 000 militares han acabado firmándolo, entre ellos una trentena de generales. El problema que se plantea en esa Carta abierta está ahora en boca de todos y la inacción del gobierno, y de los políticos de todos los partidos, es ahora más evidente que antes.
Sanciones contra quienes lanzan un llamado de alerta
La ministro de Defensa ha anunciado que impondrá sanciones a los firmantes de la Carta abierta. La ignominia destinada a Marine Le Pen cae ahora sobre aquellos a quienes ella se dirigía.
Para la realidad es que de los 10 000 firmantes de la Carta abierta sólo 18 son militares en servicio activo. Son ellos quienes están ahora amenazados de ser excluidos de las fuerzas armadas, por haber faltado a su obligación de reserva [5].
Pero los militares retirados gozan de su plena libertad de expresión, sólo podría imponérseles una amonestación… por haber emitido un llamado de alerta. Sin embargo, resultaría como mínimo sorprendente que 10 000 personas fuesen sancionadas por haber hecho uso de su libertad de expresión como ciudadanos.
Los militares, retirados o en servicio activo, ya no son súbditos sino ciudadanos como los demás. A raíz del putsch de Argel, el presidente Charles de Gaulle emprendió una profunda reforma de las fuerzas armadas francesas. Los militares que se habían negado a seguir las órdenes de los generales golpistas se habían puesto así en situación de ser castigados por no haber obedecido órdenes de sus superiores.
El general De Gaulle –quien se había negado en 1940 a obedecer las órdenes de su superior, el mariscal Philippe Petain, y proclamó la Francia Libre– introdujo una distinción entre lo que es «legal» y lo que es «legítimo». Así fue modificado el «Código de la Defensa».
Ese código no autoriza los militares “escoger su propio bando” pero los obliga a rechazar órdenes ilegítimas o contrarias al honor e incluso a poner bajo arresto a sus superiores si estos cometiesen ese tipo de actos. Así que no existe ningún complot contra la República. No hay tal comportamiento sedicioso.
Los firmantes de la Carta abierta ejercieron su justo derecho cuando solicitaron hablar «de igual a igual» con su jefe de estado mayor, quien los insultaba. Cada soldado, en servicio activo o retirado, tiene ese derecho como ciudadano. Ese derecho está insolublemente ligado a su obligación de Obedecer y Servir.
Al calificar a los firmantes de la Carta abierta como «sediciosos», el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, se puso en situación de ser él mismo objeto de denuncias de carácter penal. Cuando utilizó tal calificativo, este ex abogado no estaba defendiendo una causa ante un tribunal, así que tendrá que asumir la responsabilidad por sus palabras.
Tabú
El hecho que algunos de los 10 000 firmantes de la Carta abierta sean miembros del partido de la señora Marine Le Pen –el Rassemblement national (Agrupación Nacional), surgido del Frente Nacional, que fue el partido histórico de los ex colaboradores de la ocupación nazi y de los golpistas de Argel– no autoriza ni a condenar ese texto, ni a condenar en bloque a sus firmantes.
Bajo el régimen de la República no existe la culpabilidad hereditaria o colectiva. Todos son ciudadanos franceses con plenos derechos. No sólo ninguno de los firmantes fue antes objeto de alguna medida que lo proclame indigno de su país sino que incluso hay entre ellos muchos que han servido a nuestro país.
En su diagnóstico, los ex militares no se limitaron a denunciar la ideología del islam político y la retórica woke que inhibe el uso del monopolio público de la violencia. También expresaron su espanto ante el uso antirepublicano que las autoridades han dado a las fuerzas del orden para reprimir a los Chalecos Amarillos. La reacción desproporcionada del Estado ante su Carta abierta demuestra que pusieron el dedo en la llaga.
Estamos viendo una inversión de los valores que está llevando a que ciertas personas sean objeto de juicios mediáticos –y quizás a que sean juzgados mañana por sus instituciones militares– no por lo que han hecho o ni siquiera por lo que piensan sino porque plantean un diagnóstico con el que todos están de acuerdo pero que sólo unos pocos se atreven a expresar en voz alta.
El discurso político ha ido alejándose de las realidades y hoy entra una zona difusa donde, como en ciertas sociedades polinesias, lo que está fuera de control es considerado tabú. El «círculo de la razón» [6] no sólo viene tratando desde hace 30 años de prohibir las opiniones contradictorias. Ahora trata también de prohibir que se aborden ciertos temas.
Cuando se pierden los tres primeros Derechos del Hombre y del Ciudadano –la libertad, la propiedad y la seguridad–, es el momento del cuarto derecho, enunciado en el artículo 2: «la resistencia frente a la opresión».
[1] «Occidente devora a sus hijos», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 4 de diciembre de 2018.
[3] Los partidarios del presidente Emmanuel Macron utilizaron públicamente esa frase, invocando así el recuerdo del presidente Charles de Gaulle, quien calificó de esa manera, el 23 de abril de 1961, a los generales franceses sublevados en Alger. Nota de Red Voltaire.
[4] «Carta abierta de ex militares franceses a sus gobernantes», Red Voltaire, 13 de abril de 2021.
[5] La “obligación de reserva”, en francés (devoir de réserve), que rige en Francia el comportamiento de los funcionarios estatales y en particular de los militares, se define generalmente como la obligación de evitar durante su servicio la expresión de opiniones personales, sobre todo de carácter político, que pudieran ser interpretadas como un uso político del estatus de funcionario público. Nota de la Red Voltaire.)
[6] En 1994, el cabildero Alain Minc describió la Fundación Saint-Simon –de la que él mismo era miembro– como el «círculo de la razón», que el propio Minc presentaba como opuesto a la demagogia de Jacques Chirac.
https://www.voltairenet.org/article212998.html
