La perito estadounidense Terry Karl reveló este lunes en El Salvador que un asesor militar de EE.UU. presenció la masacre de unos 1.000 civiles desarmados a manos el Ejército salvadoreño en 1981, en la remota localidad de El Mozote.
De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba junto al teniente coronel Domingo Monterrosa, señalado de encabezar la matanza en el terreno, el sargento mayor Bruce Hazelwood.
Añadió que «la presencia de un asesor militar de Estados Unidos con Monterrosa» era «ilegal» en esa época y que Hazelwood es «el único americano (estadounidense) que puede saber las órdenes verbales» que se dieron durante la masacre.
Karl dio esta declaración ante el juez instructor de la oriental localidad de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en un audiencia de adelanto de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
La diligencia se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de San Francisco Gotera para garantizar las medidas de sanidad, ya que también fueron citadas las víctimas de la masacre.
De acuerdo con la experta, cuya exposición se espera que se extienda por tres días, Hazelwood declaró bajo secreto ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Ante esa comisión, que emitió un informe final en 1993, declaró: «No diré que Monterrosa no lo ordenó», en referencia a la masacre.
David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, señaló a Efe que esta información, que forma parte de un informe de la perito, es «inédita» y que es el resultado de una investigación en la que por primera vez asesores estadounidenses asignados a la embajada de EE.UU. en El Salvador accedieron a hablar sobre la masacre.
Morales indicó que Hazelwood se negó a hablar con Karl, pero otros militares, incluido un enviado especial para indagar si se había producido la matanza, sí fueron entrevistados.
Este militar, relató Karl, señaló que el Ejército salvadoreño no le permitió ir a la zona de la masacre. Además, un informe que presentó la experta habría sido alterado.
El «ENCUBRIMIENTO» EN ESTADOS UNIDOS
Karl sostuvo que en Estados Unidos y en El Salvador se dio un «encubrimiento sofisticado» de la matanza, en la que la mayoría de víctimas fueron niños, para que no se cortará la ayuda del país norteamericano.
Recordó que en febrero de 1982, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reegan (1981-1989), debía certificar ante el Congreso una reducción de violaciones a derechos humanos en el país centroamericano, a cuyo Ejército brindaba ayudas millonarias.
Días antes de esta certificación, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron informaciones sobre la matanza.
La perito señaló que no le era posible asegurar que Reegan tenía conocimiento de la masacre.
Morales, quien conoció el informe de Karl con anterioridad por su papel de abogado de las víctimas, indicó que Elliot Abrams, ex subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, buscó «encubrir la masacre» para que fuera autorizada la continuidad de la ayuda a los militares salvadoreños.
Un informe del Congreso estadounidense publicado en 1993 señaló que funcionarios de Estados Unidos, de todos los niveles, mintieron e ignoraron las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de El Salvador durante la guerra civil.
LAS CLAVES DEL PERITAJE
Karl destacó, durante su exposición, que el Ejército salvadoreño tenía como un «blanco principal» el departamento de Morazán (noroeste), donde se ubica El Mozote, porque temía que se convirtiera en la «retaguardia» de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Añadió que se implementó una «estrategia de exterminio», sin diferenciar entre combatientes y civiles.
Agregó que un grupo de oficiales planificó, ordenó, coordinó y encubrió la estrategia de exterminio y que operaciones como la que derivó en la masacre de EL Mozote sólo era posible con la participación activa del alto mando del Ejército y del Estado Mayor.
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