La magnitud de la deuda que aplasta a los países pobres no se aliviará hasta que los acreedores de los países ricos se vean obligados a ceder parte de su riqueza.
En 2020, las naciones ricas gastaron cerca de $12 billones, más del 31% de su PIB combinado, para evitar el colapso económico y amortiguar los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre sus ciudadanos. Este "estímulo fiscal" no incluye el estímulo monetario en forma de tipos de interés más bajos y compra de activos financieros por parte de la banca central.
En marcado contraste, su respuesta a los catastróficos efectos económicos de la COVID en los llamados países en desarrollo de África, Asia y América Latina -descritos por el presidente del Banco Mundial, David Malpass, como "peor que la crisis financiera de 2008, y para América Latina peor que la crisis de la deuda de los años 80”- ha sido como una bofetada en pleno rostro.
En noviembre, Ken Ofori-Atta, ministro de Finanzas de Ghana, comentó que “la inconcebible capacidad de los bancos centrales de Occidente para responder [a la pandemia], y los límites de nuestra capacidad para responder, son muy desconcertantes... siento ganas de gritar 'no puedo respirar' ”.
La capacidad de las naciones pobres para responder a la pandemia también se ve obstaculizada por sistemas de salud lamentablemente subdesarrollados. El gasto promedio en salud per cápita en los países de ingresos altos en 2018 fue de $5 562, 156 veces más que los $35.6 al año per cápita gastados en los países de bajos ingresos y 21 veces más que los $262 gastados per cápita en los "países en desarrollo" en su conjunto.
En vísperas de la cumbre del G20 de noviembre, presidida por Arabia Saudita, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que "el mundo en desarrollo está al borde de la ruina financiera, y la intensificación de la pobreza, el hambre y el sufrimiento indecible" y pidió a los líderes del G20 una respuesta conmensurable.
El G20 es realmente el G7 disfrazado, es decir, las siete principales naciones ricas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Italia. Ellos ejercen el poder, mientras que las otras 13 naciones, incluidos Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita e India, otorgan legitimidad a sus decisiones.
La respuesta de las naciones ricas a la catástrofe que aflige a las naciones pobres es lo que se conoce como “Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda” (DSSI, por sus siglas en ingles), una oferta para que los 77 “países menos desarrollados” suspendan el pago de intereses a los acreedores oficiales (es decir, los gobiernos ricos, el FMI y el Banco Mundial) hasta junio de 2021. Los pagos suspendidos se agregarán a su ya insostenible deuda y cada centavo deberá pagarse en un plazo de cinco años.
En América Latina y el Caribe, solo Bolivia, Granada, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua califican para estos insignificantes beneficios. El resto debe seguir atiborrando de dinero los bolsillos de sus acreedores en las naciones ricas inenterrumpidamente, en lugar de usar este dinero para hacer frente a sus emergencias médicas y económicas.
Rescatar a los ricos
Pero eso no es todo. Este "alivio" de la deuda solo se aplica a los intereses adeudados a los gobiernos, no a la deuda con los prestamistas privados. Incluso el Banco Mundial se ha excluido de esta minúscula generosidad -David Malpass rechazó las llamadas para congelar $ 7 mil millones en pagos de intereses adeudados, argumentando que la indulgencia dañaría la capacidad del Banco para otorgar nuevos préstamos. Como resultado, solo el 41% de los $42.7 mil millones que los países de la ISSD adeudaban en pagos de deuda en 2020 son elegibles para el alivio.
La suspensión de los pagos de intereses a los gobiernos acreedores facilita que estos países desesperadamente pobres paguen sus deudas con los acreedores privados, como Blackrock, JP Morgan, HSBC, UBS y los individuos adinerados a los que sirven. En otras palabras, los gobiernos de los países ricos no están rescatando a los países pobres, están rescatando a los inversores ricos en esos países pobres.
Como lo admitió el propio David Malpass (que formó parte del gobierno de Donald Trump antes de su nombramiento como director del Banco Mundial en 2019), “existe el riesgo del oportunismo, donde los inversores privados reciben el pago completo, de alguna manera de los ahorros que los países obtienen de sus acreedores oficiales".
Desde el principio, se ha instado a los acreedores privados a participar en el ISSD ofreciendo demoras en el pago de intereses, pero se han negado intransigentemente a hacerlo.
En noviembre, los líderes del G20 repitieron estas exhortaciones vacías: "Hay una falta de participación de los acreedores privados, y los alentamos encarecidamente a participar en términos comparables cuando lo soliciten los países elegibles".
Como lo indicó Stephanie Blankenburg, jefa de financiación de la deuda y el desarrollo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: "Existe un acuerdo entre los países desarrollados y en desarrollo en el G20 para representar únicamente los intereses de los acreedores".
Pide y recibirás... una bofetada en pleno rostro
Hasta el momento, 44 países han solicitado el alivio en el marco de la ISSD, y se ha pospuesto un total de $5.4 mil millones en pagos de intereses, que se agregarán al total de su deuda pendiente, que ascendió a $477 mil millones en 2018. Estos ahorros equivalen al 2.2% del producto interno bruto, o alrededor de una décima parte de la caída de sus ingresos fiscales como resultado de la pandemia.
Para obtener el alivio, los países de la ISSD deben solicitar la suspensión de sus pagos de intereses, aunque el hecho de realizar esta solicitud pone en duda su solvencia e invita a las agencias de calificación crediticia a considerar la degradación de su deuda, como ya ha sucedido con Etiopía, Pakistán y Camerún. En lugar de obtener el alivio de la deuda, sus costos de financiamiento se han disparado, aumentando así el costo de su deuda.
Según Daniel Munevar de Eurodad, la amenaza de esto “se está utilizando para intimidar a los países deudores y obligarlos a pagar sus deudas independientemente de las consecuencias para la salud pública. Los costos... lamentablemente se medirán en los millones de empleos y vidas perdidas, no a causa de un virus devastador, sino... del sistema financiero mundial”.
¿Qué pasa con el resto?
La crisis de la deuda que enfrentan los países más pobres es una faceta de una colosal crisis de la deuda mundial. Incluyendo la deuda pública y privada de los países ricos y de ingresos medios, la deuda global asciende ahora a 277 billones de dólares.
Esto aumentó en $6 billones entre 2012 y 2016, y en $52 billones desde 2016 hasta finales de septiembre de 2020, y ahora equivale al 365% del producto interno bruto mundial, frente al 320% a fines de 2019.
Incluso antes de que golpeara la pandemia de la COVID-19, la economía capitalista global estaba en cuidados intensivos, evitando la depresión gracias a políticas monetarias extremas como las tasas de interés negativas y el aumento de la deuda. Solo un retorno a un crecimiento económico sólido y sostenido puede evitar una crisis cualitativamente más profunda que cualquier otra experimentada en la historia, pero no existe en absoluto ninguna razón para esperar que este crecimiento se materialice.
Seis países pobres, Zambia, Ecuador, Líbano, Belice, Surinam y Argentina, ya incumplieron sus deudas en 2020, en comparación con solo tres durante la crisis financiera mundial.
La crisis de la deuda que ahora envuelve a los países pobres es solo una manifestación de la profunda crisis estructural del sistema económico global, una crisis de la que no hay salida capitalista. La deuda de una persona, o de un país, es el activo de otra persona.
La cancelación de las deudas que la mayoría adeuda a unos pocos es la única solución posible, y esta es necesariamente una solución revolucionaria, ya que la cancelación de las deudas de la mayoría pobre significa la cancelación de la riqueza que pertenece a la minoría superrica.
Toda la humanidad progresista puede y debe unirse y actuar según las palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2020, llamó a la reanudación de “la lucha justa por cancelar la incobrable deuda externa que, agravada por los efectos sociales y económicos de la pandemia, amenaza la supervivencia de los pueblos del Sur”.
Publicado por La Cuna del Sol
