Como anticipamos en esta columna cuando señalamos que era cantado que la Corte Suprema podría desvirtuar la Ley de IVE sancionada hace una semana, al toque salieron las fuerzas retrógradas argentinas con sus primeras líneas judiciales y los mentimedios todo-terreno.
Fue en Salta como pudo ser en Mendoza, Tucumán, Córdoba o la misma Capital Federal, centros urbanos históricamente reaccionarios y repletos de jueces que por ideología y/o por corrupción ya han demostrado largamente que son capaces de cualquier bestialidad jurídica.
Como rémora medieval en pleno siglo 21, parece increíble que 45 o más millones de habitantes de esta nación sigamos sometidos a lo que mal se llama "lawfare", ya que en castellano su equivalente correcto y mejor es "acoso judicial".
Que es lo que desde hace años, y particularmente desde la malnacida generación macrista y la infame caterva comunicacional hegemónica, viene padeciendo este país.
Que pide a gritos que se termine de una vez la dictadura de un así llamado Poder Judicial que avasalla la Constitución Nacional en nombre de la Constitución Nacional.
Si bien sobran ejemplos de elusiones, abusos y disparates judiciales, el acoso se ha convertido en una práctica habitual, no solo argentina sino del mundo contemporáneo.
Ahí está el caso más emblemático del planeta: Julián Assange, quien precisamente esta mañana de lunes y en Londres está en manos de la corte,que podría extraditarlo hoy mismo a los Estados Unidos, donde lo espera una posible condena de hasta 175 años.
Buena parte de la ciudadanía, aquí y en otros países, piensa ya que la única salida a tanta maldad y perversión sería convocar a un plebicito para que sea la voluntad popular la que acabe con sistemas de justicia medievales.
Que tal como aquí, están llenos de jueces y fiscales cobardes y/o corruptos que se eternizan en sus poltronas, no pagan impuestos y se jubi!an sin vergüenza percibiendo fortunas mensuales en países empobrecidos. De esos aquí tenemos a puñados y es obvio que ni piensan en buscar otro laburo.
Más allá de muchas y honrosas excepciones –porque sí hay jueces y fiscales irreprochables y decentes que honran a la administración de justicia– estamos sobrados de jueces, camaristas y fiscales políticamente corrompidos, manipulables y especializados en acosos judiciales. Escandalosamente, ésta es la cara hoy más visible del llamado Poder Judicial.
Esos funcionarios marcan agenda a través de los mentimedios, muchas veces aprovechándose de la cobardía y el oportunismo de actores políticos repudiables. Y además da grima cuando esto se debate como si se tratasen cuestiones técnicas o tecnológicas.
No es así. Como en todos los órdenes de la vida colectiva, es la política la que debe corregir rumbos y restañar heridas.
Para lo que en primer lugar habría que dejar de seguir las agendas que marcan los medios, que por ejemplo esta semana ni siquiera mencionaron en sus páginas y canales el escandaloso caso Píparo, pero sí conjeturaron disparatadas teorías como la de Nelson Castro atacando maliciosamente al presidente Fernández.
Tal vez va siendo hora, además, de que se estudie la posibilidad de que "la Justicia" no esté exclusivamente en manos de abogados y profesionales del derecho.
Hay ejemplos en el mundo de jueces elegidos por voto popular e incluso sin más títulos ni honores que sus irreprochables vidas.
Y el colectivo de mujeres que tanto hizo y hace por la igualdad de género en la Argentina bien podría exigir la designación de más mujeres en la Corte Suprema y en los tribunales de alzada.
Lo indudable es que el actual desprestigio de la Justicia le hace mucho mal a la República. Las disputas mediáticas, la permanente sospecha, los debates manipulados, los condicionamientos empresariales y la mentira contumaz disfrazada de información periodística son extremadamente dañinos de la democracia.
Por fortuna frente a sentencias canallas las respuestas populares masivas –como la del 2x1– han logrado detener y corregir los dislates cortesanos. Pero es mucho mejor para toda sociedad cuando los jueces no llegan a esos extremos de provocación.
Ahora la república asiste en carne viva a la persecución judicial al ex vicepresidente Amado Boudou, cacería que resulta tan emblemática como la ya insostenible prisión a la ejemplar luchadora jujeña Milagro Sala.
Es conjeturable que en realidad los mastines detrás de Boudou lo que quieren es vengar la pérdida de uno de los negociados más infames que vivió este país, como fueron la AFJP que Boudou desarmó junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A la que acosan pero no condenan por el puro miedo a manifestaciones e incidentes que semejante disparate podría provocar. Y es que saben perfectamente que un diciembre de 2001 se puede repetir en minutos si el pueblo se cabrea.
Como sea, la Corte Suprema actual ha demostrado su reiterada sumisión al poder económico concentrado, con lo que puede afirmarse que, jurídicamente, no sirve para lo que manda la Constitución.
Y ya no importa tanto, ni hace demasiada diferencia, que quien la preside sea o funcione como un empleado más del diario Clarín.
Por eso esta columna reitera la propuesta que más fastidia a los energúmenos de la telebasura: no hay solución política en la República Argentina sin una nueva Constitución, que retome la legitimidad absoluta que solamente tuvo la CN de 1949, o sea sin las enmiendas truchas de 1957 y 1994.
Así lo postulan grandes constitucionalistas como Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, y así el Manifiesto Argentino desde hace 20 años.
https://www.pagina12.com.ar/315113-de-acosos-judiciales-y-nueva-constitucion?fbclid=IwAR1y0Sgblg0GPH5rovtcYjQo2G6Sksx9_eJcHkDUaLkwE4g03aepMsBS8vg
