El Ministerio Público de Costa Rica reveló este pasado miércoles en un informe que los casos de corrupción aumentaron hasta cinco veces desde 2015, al pasar de 146 expedientes a un total de 740 en 2019.
‘’Si se toma como referencia el 2015, el año pasado aumentó en cinco veces la cantidad de denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción en el sector público, siendo la mayoría de estos de carácter muy complejo y de un impacto muy alto para el desarrollo del país’’, explicó la fiscal general, Emilia Navas, en conferencia de prensa virtual.
La fiscal dijo que ‘’no es posible establecer si antes o en la actualidad se comete mayor número de delitos’’, pero afirmó que ‘’el trabajo serio, comprometido y objetivo que ha realizado la institución ha incrementado la confianza de la población para denunciar’’, ya sea de manera pública o confidencial.
El informe anual de 2019, presentado este miércoles, señala que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en 2015 resolvió 191 casos, mientras que el año 2019 fueron 635 casos.
Además, hace cinco años, del total de expedientes la Fiscalía formuló 13 acusaciones, cifra que fue de 100 para el año 2019.
Navas expresó que a los casos de corrupción se les ha dado mayor prioridad en el Ministerio Público desde el 2019 por el daño económico y social que causa y que afecta a toda la población.
Por esta razón, dijo la fiscal, el año pasado dictó una política de persecución penal enfocada en la tramitación de actos en las áreas específicas de salud, medio ambiente, educación pública, régimen municipal, telecomunicaciones, infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos, corrupción transnacional y actos cometidos por funcionarios judiciales.
‘’Lo que se busca es priorizar el abordaje de casos cuyos efectos son de alto impacto para el desarrollo del país, porque, aunque se tiende a creer que el único perjudicado con los efectos de la corrupción es el Gobierno, lo cierto es que cada persona se afecta de manera directa con los recursos que son desviados o sustraídos durante los actos delictivos, lo que implica menor inversión en sectores como educación, infraestructura y salud’’, dijo Navas.
Otros datos del informe indican que durante el año 2019, solo al despacho de la Fiscalía General ingresaron 93 expedientes, la mayoría de los casos (19,6 %) corresponden a delitos de prevaricato (resoluciones en contra de la ley), incumplimiento de deberes (15,7 %), tráfico de influencias (8,6 %) y enriquecimiento ilícito (7 %), entre otros.
Del total de casos resueltos para ese mismo período, en seis se formuló acusación y se pidió el auto de apertura a juicio; en cuatro se solicitó sobreseimiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en 56 expedientes se requirió al órgano jurisdiccional la desestimación de las causas penales, ya que los hechos denunciados no se ajustaron a algún delito establecido en la Ley.
Además, se tramitaron 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes, que gozan de inmunidad y que la Ley faculta únicamente al fiscal general a realizar la investigación.
Al finalizar el 2019, las autoridades judiciales lograron concluir el 75 % de causas penales, lo que significa que siete de cada 10 casos tuvieron algún tipo de resolución, con base en la prueba que se llevó al proceso.
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