La ola de violencia en Colombia ha puesto sobre la mesa temas que parecían reciente permaneció en el pasado: las masacres, el paramilitarismo y la militarización como respuesta.
Si bien en el contexto actual está de fondo el Acuerdo de paz, firmado entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el incumplimiento de lo establecido, por parte del Gobierno de Iván Duque, es una de las razones para entender el recrudecimiento de la violencia y los asesinatos de líderes sociales, indígenas, miembros de la población afro y excombatientes.
En las semanas recientes se han producido hechos de sangre que han sido calificados por defensores de los derechos humanos como "masacres", mientras que el Gobierno los denomina como "homicidios colectivos". La misión de Naciones Unidas en Colombia ha documentado hasta ahora 33 masacres, mientras que el Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) lleva un registro de 45 masacres hasta el pasado 23 de agosto, en las que han sido asesinadas 182 personas.
Para explicar la compleja estructura del paramilitarismo y su vinculación con los hechos de violencia que han sacudido en los últimos años al país suramericano, RT entrevistó a Andrés Camilo Rodríguez, licenciado en Filosofía, defensor de los derechos humanos, integrante del movimiento social y columnista de opinión en distintos portales sobre temas de análisis político.
RT: ¿Por qué cree que el Gobierno prefiere usar el término de "homicidio colectivo" y no el de masacres?
El discurso instaurado recientemente alrededor de que la ola de violencia se determine como "homicidios colectivos" no es más que el negacionismo del Gobierno en torno a una realidad difícil, producto de la violencia política que vive Colombia, así no lo quiera reconocer.
Hay que insistir en que son masacres y el negacionismo hace que Duque se ubique cada vez más del lado de quienes legitiman la guerra.
Más allá del asunto propio del lenguaje, que es muy importante, de fondo se encuentran problemas recurrentes en su entorno político, que se convierten poco a poco en una bola de nieve: a Duque le ha salido mal la cruzada contra Venezuela, el primer período legislativo en el Congreso fue desastroso para sus intereses y el plan de desarrollo, vivió dos paros nacionales, escándalos de corrupción, tiene nexos con criminales y baja capacidad de gestión pública.
Además, su política internacional es desastrosa; la atención a la pandemia le ha representado la caída de su imagen por la profunda crisis social y el escándalo de Uribe, producto de los constantes llamados de la Justicia en su contra, son parte de la inestabilidad e ingobernabilidad.
Detrás de lo que se denomina como "homicidios colectivos" se encuentra un entramado de crisis que viene sufriendo Duque, y no le conviene permitir que se instaure en la opinión pública el binomio violencia-paz porque sabe que perdería mucho, ya que hay un corriente creciente que reclama cambios en el país.
Duque es una especie de puente entre la extrema derecha, los sectores económicos y las mafias políticas. Él es presidente pero no es quien orienta estratégicamente el país, lo hace el uribismo en cabeza de Álvaro Uribe, con su actividad permanente en la política, en el Congreso, en la opinión pública, ante la institucionalidad y en los diferentes sectores en los que influye.
En los últimos seis años, cuando se instaura en el debate público el tema de "paz o guerra", gana la paz, por lo tanto, no le conviene al círculo que representa que la paz se posicione en la agenda política. Sin embargo, hay que insistir en que son masacres y el negacionismo hace que Duque se ubique cada vez más del lado de quienes legitiman la guerra, de quienes prefieren un proyecto autoritario, de quienes destruyen los acuerdos y de quienes potencian la violencia contra los colombianos.
RT: En las zonas donde han ocurrido las masacres, las autoridades locales han pedido presencia del Estado y la respuesta ha sido la militarización. ¿Es adecuada esta respuesta?
A.C.R: Esta respuesta no solo es errada, sino que es muestra de que los territorios que históricamente han estado marcados por la violencia, que son las regiones periféricas del país, requieren con urgencia la presencia del Estado por medio de la garantía de derechos y de la profundización del desarrollo productivo.
Urge un entendimiento democrático y dialogado para que se superen los conflictos y se atiendan las necesidades de derechos de las comunidades.
El método del Estado siempre ha sido la militarización y esto también da cuenta de la falta de horizonte democrático en torno al diálogo como acción positiva para resolver los problemas nacionales. Esto ha sido una limitación permanente a lo largo de la historia.
Es necesario superar el conflicto social, la exclusión, el despojo en el país. Adicionalmente, el estatus de violencia creado a lo largo de la historia en la nación, ha convertido a la militarización y al relato de seguridad en los únicos medios para atender el conflicto político, social y armado. Esto ha generado un autoritarismo continuo de los diferentes actores armados y del Estado contra las comunidades.
Urge un entendimiento democrático y dialogado para que se superen los conflictos y se atiendan las necesidades de derechos de las comunidades. La fórmula de la militarización es un síntoma de la negación de una realidad social desigual y de profunda exclusión.
RT: Los defensores de derechos humanos señalan que algunas masacres han ocurrido en zonas militarizadas. ¿Por qué cree que pase esto?
A.C.R: Se podría afirmar que son más recurrentes las masacres y la crisis humanitaria en los territorios más militarizados porque es allí donde se atrincheran los diferentes actores armados. Este puede ser el argumento principal, pero sumado a que estas zonas son las más olvidadas socialmente.
No puede perderse de vista que la sistematicidad de los asesinatos contra jóvenes, líderes y excombatientes firmantes del Acuerdo de paz también se dan en centros urbanos y pareciera que es cada vez más recurrente. En este sentido, habría que analizar los niveles de tensión en materia de seguridad de las regiones con mayor confrontación violenta sin omitir los modos de operar que se dan en las grandes ciudades.
El incumplimiento estructural por falta del Estado es una de las consecuencias del retorno creciente de la violencia sistemática y las masacres.
La causa alrededor de estas manifestaciones se da por las transformaciones en los modos de operar de los actores armados (paramilitares, narcotraficantes, grupos de "limpieza social" y mafias criminales) que tienen relaciones cada vez más estrechas con las dinámicas de la sociedad civil. Esto obedece fundamentalmente al interés de aumentar el control territorial y sobre la población, tanto en regiones olvidadas como en centros urbanos.
RT: Cuando se afirma que estas masacres son consecuencia del incumplimiento del Acuerdo de paz, ¿a qué se refieren?
A.C.R: El Acuerdo de paz ha sido un punto de inflexión en la historia reciente del país con profundas consecuencias políticas, que seguramente aún no se han podido dimensionar lo suficiente porque estamos en ese proceso como nación. Entendiéndolo así, su necesario cumplimiento debe basarse en la superación de los problemas más profundos provenientes de la falta de democracia, de la desigualdad social y de la violencia política.
El incumplimiento estructural por falta del Estado es una de las consecuencias del retorno creciente de la violencia sistemática y las masacres. Valdría la pena enfatizar que el crecimiento de la ola de violencia de los últimos años además ocurre por no brindar garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de paz; por no atender socialmente a las regiones donde se desarrollaba o se desarrolla el conflicto armado más agudo y por no existir un esfuerzo para desmantelar a las estructuras paramilitares y mafias criminales, como está contemplado en el texto del acuerdo final. Además, hay negación de edificar un diálogo para una paz completa con otros actores insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la denominada 'Nueva Marquetalia', que es un grupo de continuación de las antiguas FARC.
Habría que señalar un elemento poco referenciado pero muy importante: el Estado en sí mismo se ha consolidado históricamente mediante el uso de la violencia política como forma de acceso y de sostenimiento del poder. Por lo tanto, la construcción de paz y la implementación del Acuerdo es una amenaza a sus propios intereses; por ello, las fuerzas políticas tradicionales no están del todo interesadas en avanzar hacia su implementación ni en las salidas negociadas a los conflictos porque se requieren transformaciones sociales y democráticas, que con seguridad no están dispuestas a ceder. Alrededor de esa tensión política es que se encuentra esa relación entre paz, violencia y crecimiento de las masacres contra actores sociales y proyectos transformadores.
RT: El Gobierno afirma que la violencia es producto de disputas territoriales de guerrilla, disidencias y narcotraficantes. ¿Por qué no hace referencia al paramilitarismo?
Al Gobierno no le interesa hacer referencia directa al paramilitarismo por ese negacionismo constante alrededor del binomio entre guerra o paz. No le funciona porque está interesado en ubicar al paramilitarismo como un fenómeno del pasado, es decir, instaurar en la opinión pública que se terminó durante el proceso de desmovilización de justicia y paz en el Gobierno de Uribe, que se convirtió en "el gran salvador" en torno al desmantelamiento de grupos armados y el paramilitarismo, cosa que no es verdad, pero ese es el esfuerzo principal que han instaurado en la opinión pública.
Adicionalmente, no les interesa ubicar la creciente violencia en actores cercanos o alineados políticamente con la derecha y extrema derecha, por lo tanto, la ubican como producto de expresiones contrarias a lo que ha sido el Estado en las últimas décadas en Colombia, pues el discurso confiable y obvio y que dirige la atención sobre las guerrillas, las disidencias y el narcotráfico es simplemente una fachada de la lógica del enemigo interno que sigue operando en el país.
Cada vez más se le sale a Duque el problema de las manos y se le hace más difícil controlar lo que está pasando. Lo que se requiere es que se reconozca que hay paramilitarismo, que hay un retorno a la violencia de manera sistemática, producto de estas fuerzas ubicadas y articuladas con mafias políticas y alrededor del círculo de la extrema derecha en el país.
De una u otra manera, sus actuaciones, sus respuestas, sus formas de hablarle a la nación, con poco liderazgo, están causando una ola de indignación, de reactivación de la movilización social y política y de construcción de alternativas diferentes a la guerra, a favor de la justicia, de la democracia y del Estado de derecho. Estamos en un momento supremamente difícil producto de una transición política hacia la paz que está costando y generando muchos problemas, pero que, sin lugar a dudas, como pasó en otras partes del mundo, es una transición que requiere ser diseñada y pensada para poder superar la violencia política y que Colombia logre transitar y ubicarse en articulación con el mundo global.
RT: ¿Podría explicar cómo es la convivencia entre el paramilitarismo y un Gobierno que públicamente no lo apoya?
El paramilitarismo es un fenómeno muy complejo por la estrecha relación con la vida nacional, pero hay que leerlo en sus diferentes etapas. En el Gobierno de Uribe, en el de Juan Manuel Santos y en el de Duque se ha manifestado de manera diferenciada pero con algunos elementos comunes. Dentro de lo común, se encuentra principalmente el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, como relato político de la extrema derecha, como forma de defender el poder de la tierra y de los grandes intereses económicos. Es permanente y por supuesto es dinámico.
En el gobierno de Duque el paramilitarismo retorna como manifestación política, criminal y militar.
Dentro de los elementos diferenciados vale la pena señalar lo siguiente: en el gobierno de Uribe estas estructuras eran reconocidas como un actor político en la vida nacional y por eso se hizo un acuerdo de desmovilización fallido. También en esta época el paramilitarismo se caracterizaba por opinar permanentemente sobre los temas del país y era mucho más evidente su relación con el conjunto de valores políticos ubicados en la extrema derecha, a tal punto que un personaje como Salvatore Mancuso, reconocido jefe paramilitar, estuvo en el Congreso en la primera década del siglo XXI.
En el período de Santos, el paramilitarismo ya no era entendido del todo como un actor político, sino como un conjunto de sujetos que provenían de un proceso de desmovilización y que debían transitar hacia la garantía de verdad, de acceder a la justicia y de reparar a las víctimas. Era como si se hubiera acabado el capítulo del paramilitarismo pero, al no prestar suficientemente atención a las consecuencias de una desmovilización fallida, estos grupos se fueron recreando cada vez más, mediante una relación estrecha con el mundo criminal en todas sus manifestaciones y, por supuesto, con la permanencia de su interacción con el universo del narcotráfico.
En el gobierno de Duque el paramilitarismo retorna como manifestación política, criminal y militar, y a partir de allí se ha venido estructurando especialmente en los últimos años de una manera mucho más global en el territorio nacional.
Podría decirse que el paramilitarismo se ha transformado y reconfigurado a tal punto que ya es difícil desprenderse de la actividad de las mafias políticas y criminales. Duque en sí mismo no se caracteriza por un vínculo estrecho con él, pero sí está rodeado de mafias políticas nacionales y regionales que cuentan con nexos directos en la promoción y financiación de estructuras paramilitares ilegales.
Y esto conlleva que, de una u otra forma, coexista en el gobierno Gobierno actual una legitimación pública y permanente del relato de la guerra, y por ende, del relato del paramilitarismo como instrumento de los sectores de extrema derecha, que al final es lo que representa a este Gobierno.
Nathali Gómez
