Hace un año en Catalunya se vivió un episodio represivo sobre los CDR (Comités de Defensa de la República), asambleas de base que se formaron en los diferentes barrios y municipios.
Desde el año 2017 este movimiento asambleario se fue formando para facilitar la celebración del referéndum por la autodeterminación celebrado el 1 de octubre de aquel año y, posteriormente, fueron aglutinando, desde la izquierda independentista, el compromiso de lucha no violenta para hacer efectivo el resultado del referéndum. Si bien los CDR siempre fueron criminalizados por el estado vinculándolos a actos terroristas, fue con la operación Judas que se actuó de forma amplia deteniendo a 9 personas a quien relacionaron con la preparación de atentados.
Fue el 23 de septiembre de 2019 que en 7 poblaciones diferentes unos 500 efectivos de la Guardia Civil, de forma coordinada y por orden del juez de instrucción, entraron en las casas de personas vinculadas a los CDR, las registraron y detuvieron a los que acusaron de pertenecer a una organización criminal. Los agentes no encontraron en ningún caso explosivos, pero sí lo que llamaron «precursores de explosivos». Siete de las personas acusadas fueron encarcelados y dos quedaron en libertad con cargos, todas ellas fueron acusadas de pertenencia a banda terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para provocar daños.
La instrucción del caso no pudo aportar pruebas para la acusación y entre tres y cuatro meses después todos los encarcelados fueron puestos en libertad, aunque este pasado mes de junio imputó a cuatro activistas más en actos de sabotaje con explosivos.
Los cuerpos de seguridad del estado, así como la justicia española, acumulan esta y otras imputaciones irregulares. Encontramos en el año 2003 la conocida como operación Dixán, que acumuló acusaciones parecidas acusando a cuatro jóvenes de pertenecer a Al Quaeda. Los acusaron a partir de la tenencia de «precursores de explosivos» que no era otra cosa que detergente Dixán. Pasaron 4 meses en prisión preventiva y el 2006 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó de nuevo su detención. Tres de los cuatro acusados fueron condenados a 10 años de cárcel y el cuarto absuelto después de tres años de prisión preventiva.
Las chapuzas judiciales suelen ir ligadas a temas de clase y van de la mano de las obsesiones de los gobiernos. En el 2003 con Jose María Aznar como Presidente del Gobierno del Reino de España y en plena guerra de Irak la islamofobia era evidente. Desde el inicio de las grandes movilizaciones independentistas y, sobre todo, después del referéndum por la autodeterminación del 1 de octubre del 2017 la obstinación de los gobiernos del Reino contra el independentismo ha sido enorme.
Aunque el movimiento independentista catalán ha expresado repetidamente su talante no violento, la represión del estado ha ido cayendo con todo su peso, lo fue el día del referéndum con cargas policiales desproporcionadas y brutales y lo ha seguido siendo con el encarcelamiento de los líderes políticos, dirigentes, miembros del Govern o la misma Presidenta del Parlament de Catalunya.
Se ha ido demostrando la obcecación contra el independentismo catalán en diferentes operaciones policiales en las que se ha intentado acusar de terrorismo a quien subió las barreras de los peajes de autopista como fue el caso de Tamara y Adri Carrasco, la primera confinada durante meses en su municipio y el segundo exiliado en Bélgica.
La operación Judas es una más en este entramado represivo que busca deslegitimar y desmovilizar el movimiento independentista. Los «precursores de explosivos» son productos químicos que se pueden hallar en muchos hogares y también petardos sobrantes de la verbena de Sant Joan. La persecución política se demuestra con la falta de pruebas y las acusaciones basadas en declaraciones hechas bajo coacción y amenazas.
Que la justicia y los derechos en el Reino de España no son iguales para todas lo pueden decir los jóvenes de Altsasu, los de Dixán, la família de Guillem Agulló o los vecinos y vecinas de Vallecas. La represión de la operación Judas -y todas esas citadas- pone sobre la mesa la debilidad del sistema democrático y la cada vez más desigual lucha de clases.
es responsable de comunicación de la Fundació Surt, feminista y miembro de la Red Renta Básica. Fue diputada en el Parlamento de Cataluña por ERC de 1999 a 2006.Fuente:
www.sinpermiso.info, 27-9-2020
https://www.sinpermiso.info/textos/a-un-ano-de-la-operacion-judas-la-represion-que-no-cesa-en-cataluna
