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258 niñas entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en el primer semestre de 2020; la inacción del Estado y la normalización de la violencia sexual precipitan las cifras
El primer semestre de 2020 deja cifras alarmantes de violencia sexual contra menores en El Salvador, siendo las niñas las más afectadas.
Según el consejo nacional de la niñez y la adolescencia, de enero a junio se registraron 5 mil 238 violaciones a la integridad de niños y adolescentes en el país centroamericano. De éstas, mil 267 fueron contra la integridad sexual, lo que equivale a siete al día.
El procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, denunció ayer en específico la cifra de niñas embarazadas, resultado de estos ataques. Según datos del ministerio de salud, en el primer semestre más de una niña entre 10 y 14 años quedó embarazada cada día. Esto equivale a 258 niñas.
Tobar señaló que estos embarazos constituyen “un delito de violación sexual” debido a la edad de las afectadas, y que “son resultado de múltiples afectaciones a derechos humanos de la niñez, que tienen como consecuencia el menoscabo de su desarrollo intelectual y su proyecto de vida”.
“Se debe tener en cuenta las múltiples vulneraciones que atentan contra la integridad y desarrollo de esta población, producto de desigualdades de género, socioeconómicas e intergeneracionales, que no en todos los casos derivan en maternidad temprana, pero la vuelven vulnerable a abusos y embarazos”, continuó.
LA INACCIÓN DEL ESTADO PROPICIA LA VIOLENCIA SEXUAL
Para el procurador, la responsabilidad recae en las instituciones estatales. A pesar de que esta cifra representa una disminución del 9,1% frente al mismo período en 2019, “no se han observado acciones estratégicas contundentes que garanticen entornos seguros» para la prevención y erradicación de agresiones sexuales.
“No se cuenta con mecanismos eficaces como el cumplimiento de políticas públicas” que protejan la integridad sexual de las niñas y adolescentes en El Salvador y las alejen de cualquier tipo de violencia, recordó Tobar. La falta de acciones eficaces para procesar a los agresores y abusadores sexuales es otra carencia que impera en el país.
MUJERES Y NIÑAS: LAS MÁS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA SEXUAL
Otros datos del ministerio de salud revelan que mujeres y niñas sufren la gran mayoría de ataques de violencia sexual. De las 759 consultas a centros de salud por agresiones de este tipo en el primer semestre de 2020, el 6% fueron hechas por hombres y el 94% por mujeres. Esto equivale a una media de cuatro mujeres al día. 8 de cada 10 de ellas eran niñas y adolescentes.
La siguiente gráfica del observatorio de violencia contra las mujeres de El Salvador muestra el número de mujeres de diferentes edades atendidas por primera vez entre enero y junio de este año, en comparación con el mismo periodo en 2019. A pesar de que puede observarse una baja del 29%, las dificultades de desplazamiento derivadas de la pandemia habrían propiciado este descenso, según la organización. Lo mismo podría ocurrir con las denuncias.
FAMILIARES Y CONOCIDOS: LOS AGRESORES MÁS COMUNES
Individuos del núcleo familiar, vecinos o conocidos suelen ser los agresores sexuales en la mayoría de los casos, verifica el observatorio de violencia. Según el sistema nacional de datos de violencia contra las mujeres, el 50% de los casos de ataques sexuales ocurren en el domicilio particular.
El confinamiento sólo ha exponenciado la violencia sexual en los hogares, incluyendo los embarazos no deseados. De estos casos se derivan riesgos de infecciones de transmisión sexual y suicidios motivados por el sometimiento, remarca la institución estatal.
Esta realidad demuestra que la problemática de violencia de género “es normalizada, por ejemplo cuando se minimiza la magnitud numérica o de las secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, cuando se culpabiliza o responsabiliza a las mujeres como causantes de los hechos por su manera de vestir u otras conductas”, describe el observatorio.
“Ese factor de naturalización […] reitera la urgente necesidad que [la violencia de género] sea atendida de manera integral y oportuna por las distintas instancias y órganos de Estado, incluyendo los servicios de salud vitales para la atención de las víctimas en situaciones de emergencia u ordinarias, facilitar los mecanismos de denuncia a nivel judicial y promover la igualdad de género en el sistema educativo”, concluye.
