Si algo dejó en claro la crisis sanitaria del Covid-19 es la falta de ética y moral de nuestros gobernantes. Mientras los pobres vuelven a luchar por satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación y el acceso a remedios, la elite criolla hace todo lo posible por engordar sus billeteras.
Sobreprecios, tráfico de influencias, compra de material sanitario defectuoso, manipulación de cifras de fallecidos y la desmesurada explosión de contagiados son la tónica que se vive en el Perú, Chile y Ecuador.
Sin Dios ni Ley
Durante la última campaña presidencial en Chile Sebastián Piñera asustaba a la gente con la frase: si gana la izquierda nos transformaremos en Venezuela. Paradójicamente el gobierno de Caracas, a pesar del criminal bloqueo económico de Trump, es el país sudamericano que mejor ha manejado la crisis del Covid-19, realizando masivos y gratuitos test rápidos, entregando oportunos tratamientos y confinando a la población en forma temprana.
En Chile, Perú y Ecuador la tónica se repite y los jinetes del apocalipsis se suman a la corrupta codicia de sus gobernantes.
Aunque no se puede confiar en las cifras oficiales, los tres países mencionados anteriormente compiten por el peor record. Los tres superan los 250 mil infectados; en el caso de Chile ya se habla de más de 270 mil contagiados llegando a cifras similares a las que tuvo España, pero con más del doble de población con el que cuenta el país europeo. En Perú la cifra de contagios está en el umbral de los 276 mil. En este país el gobierno compró test rápidos con un 70% de margen de error, lo que quiere decir que de cada 10 personas testeadas solo 3 obtuvieron un resultado correcto.
Debemos agregar que se adquirieron materiales sanitarios falsificados y de baja calidad, sin contar con certificación internacional. Uno de los casos más llamativos fue la compra de material médico a una vulcanización mecánica y a una empresa textil. Ninguna de las dos, por razones obvias, contaban con certificación internacional. Del millón de test comprados por Perú para enfrentar la pandemia 700 mil resultaron defectuosos.
Según la organización de científicos End Coronavirus, la mayoría de países en América Latina no lo están haciendo bien. Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y otros necesitan tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe.
Esta red de científicos del MIT y Harvard, publicó un ranking de desempeño por países en su lucha contra el virus que, según el Instituto Johns Hopkins, deja más de medio millón de muertos en todo el orbe.
El estudio publicado en su web medía las siguientes variables: respuesta rápida, aislar pacientes afuera de su casa, restricciones de viaje, pruebas de diagnóstico masivas, mascarillas de protección para todos, distanciamiento social y no reabrir los sectores económicos demasiado rápido.
La mayoría de los países de América Latina puntuaron entre los peores desempeños en todas las variables. El estudio categoriza a los países entre “derrotando” la pandemia, “casi” o “necesita tomar medidas”.
Los países que están ganando la lucha contra el Covid-19 en América Latina son: Costa Rica, Cuba, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Este último, por ejemplo, tuvo su pico de contagios a finales de abril y desde entonces el número de casos disminuye día tras día.
Los países en América Latina que peor lo están haciendo
Las naciones que necesitan tomar medidas urgentes en Latinoamérica son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú. Todos estos países tienen el número de contagios en franco ascenso y están en el grupo junto a otros de África y Asia.
Neoliberalismo corrupto
Los gobiernos neoliberales sacan la peor parte, por ejemplo: Brasil gobernado por Bolsonaro tiene 1.152.066 casos y 52.788 muertos. El Ecuador de Lenín Moreno llega 52.334 casos y 4.309 muertos (confirmados ya que las cifras han sido manipuladas y no hay coherencia entre los fallecidos por Covid-19 y el aumento de fallecidos totales).
Ecuador
Uno de los países de Sudamérica más afectados por la pandemia, enfrenta otro desafío, una galopante corrupción, desde los albores del gobierno neoliberal de Lenín Moreno.
El primer escándalo que se desató fue el del proceso de compra con sobreprecios de insumos médicos para combatir la pandemia del coronavirus, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El 31 de marzo comenzaron los allanamientos en las oficinas del IESS por este caso, tanto en Quito como en Cuenca, ciudad al sur del país, y Guayaquil, en la región Costa. La Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar -quien utiliza el caso para posicionarse en los medios de comunicación como una figura anticorrupción cuando es parte del circo morenista- ordenó la apertura de una investigación previa en este caso, luego que se conociera que esta institución pretendiera adquirir 131.890 mascarillas N95 a 12 dólares cada una, cuando su precio ronda los 4.
La adquisición daba un total de 1.582.680 dólares, cuando debía ser de 514.371, es decir, un perjuicio al Estado de 1.068.309 dólares.
La Contraloría General del Estado informó sobre la emisión de un informe a la Fiscalía, en el que manifestó que encontró “indicios de responsabilidad penal” en este caso del IESS. La institución señaló que no solo encontró irregularidades en el proceso de compra de las mascarillas, sino, también, en el de la adquisición de pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección.
La Contraloría –dirigida por el usurpador sin nombramiento ni posicionamiento en la asamblea- también hizo referencia a que, “a pesar de que en el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10.000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, esta se adjudicó a la empresa ALMANTOP S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas”.
Esta institución aportó mayores detalles. Mencionó en su informe que se observó sobreprecio en los productos: por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400 %, en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100 %, en guantes de látex mediano del 253 % y en guantes de látex talla grande el 81 %; las pantallas faciales (protectores oculares) tienen un precio en el mercado de 0,23 centavos de dólar, pero fueron cotizados por 21,53 dólares, un aumento de 9.259 %. Posteriormente, Salazar confirmó, tras el informe de Contraloría y los allanamientos realizados, que la Fiscalía cuenta con elementos de convicción para formular cargos.
En medio de este escándalo el Consejo Directivo del IESS resolvió remover del cargo al director General de la entidad, Miguel Ángel Loja; así como a la directora nacional de Servicios Corporativos y la subdirectora nacional de Contratación Pública, involucrados en la polémica. También presentó su renuncia, en dos oportunidades, hasta que fue aceptada por Moreno, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.
Por otra parte, el 8 de abril, la Fiscalía General del Estado informó sobre la apertura de otra investigación, esta vez relacionada con el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres, cuando se desbordó el sistema sanitario y funerario en Guayaquil.
La investigación se abrió tras la denuncia de la Fuerza de Tarea Conjunta para Levantamiento de Cadáveres, que se instaló en Guayaquil para encargarse de los cientos de fallecimientos en la ciudad en esas semanas.
Continuando con esta lamentable estela de corruptela, nos encontramos con el inefable aliado de esta pandemia judicial, el inefable Abdalá Bucaram, destituido en 1997, quien fue detenido en el marco de investigaciones de presuntos casos de corrupción en hospitales durante la pandemia de coronavirus. Se le considera sospechoso de presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro.
Perú
En mayo pasado se anunció una investigación por presunta corrupción en la compra de elementos de protección para la Policía por la pandemia de COVID-19, tres días después de efectuado dicho anuncio el presidente Vizcarra removió al ministro del Interior, Carlos Morán, y al comandante de la policía, general José Luis Lavalle; ambos cuestionados por el alto número de agentes contagiados con coronavirus y la deficiente atención brindada hacia los contagiados.
A principios de mayo al menos 46 policías habían muerto por Covid-19 y más de 3.800 se infectaron al realizar patrullajes y controles en las calles para que se cumpla el confinamiento para la población decretado desde el 16 de marzo.
Además, desde finales de abril la fiscalía en Perú investiga 15 denuncias por la compra de mascarillas, alcohol, guantes y otros insumos presuntamente sobrevalorados que estaban destinados a proteger a los policías del país.
El país incaico es el segundo con más contagios de la región –casi 276.000 infectados- y un, de por sí, criticado plan de reapertura del comercio fue aún más opacado por denuncias de subregistros de muertes que triplicaría la cifra oficial de 8.404 decesos (al día de hoy esta cifra va en 9.135 difuntos), que había sido reportada, en aquella ocasión, por el Ministerio de Salud.
Chile
De acuerdo al medio de investigación Interferencia, al menos 773 millones de pesos en mascarillas quirúrgicas de tres pliegues adquirió el Ministerio de Salud (Minsal), a la empresa Dagoway Trade Spa, la cual pertenece a Francisco Javier Labbé Galilea, hermano del exedil de la comuna de Providencia Cristián Labbé. Según este centro periodístico:
“La primera adquisición de mascarillas es uno de los tratos más altos en términos monetarios. En esta, la Subsecretaría de Salud Pública emitió una orden de compra directa por 250 millones (sin IVA) en favor de Dagoway Trade Spa, por la compra de 500 mil mascarillas de aislamiento o quirófano.
En este negocio en concreto, según los antecedentes disponibles en Mercado Público, el valor unitario fijado por Labbé por cada mascarilla fue de $500 pesos. Mientras que en otras transacciones de mascarillas quirúrgicas realizadas por Dagoway Trade con el Minsal en el contexto de la pandemia, las mascarillas fueron vendidas por pack de 50 unidades, por un valor de 25.990 la caja (lo que da cerca de 520 pesos por mascarillas). Sin embargo, las compras que la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha realizado a esta empresa vinculada a los Labbé -a través de distintos servicios de salud- ascienden a montos mucho mayores comparados con los correspondientes a la Subsecretaría de Salud Pública.
Se trata de al menos $ 523.983.490 (sin IVA incluído) por mascarillas de tres pliegues, las cuales corresponden a once órdenes de compra realizadas por distintos servicios de salud del país y algunos hospitales desde el 3 de marzo, fecha en que inició la pandemia en Chile. En todas estas compras se observan precios unitarios que bordean los $519 sin IVA incluido.
La orden de compra más importante fue enviada a la empresa de Labbé por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota el 15 de abril, la cual contempla la adquisición de 600 mil mascarillas de tres pliegues por la suma de $311.880.000.
Hasta antes de la pandemia, Dagoway Trade Spa no tenía contratos con el Estado por mascarillas. Al revisar la página web de la empresa, estos productos son ofrecidos a 690 pesos la unidad y 30.900 pesos la caja con 50 mascarillas.
Pero si bien el pago hecho por el Minsal en medio de la emergencia sanitaria ha sido unos cuantos pesos menor, el panorama cambia al revisar otras órdenes de compra similares pero con otros proveedores”.
El precio de estas mascarillas, es de $ 500 por cada unidad, lo que finalmente resulta algo abultado considerando que otros proveedores vendieron estos mismos productos y unidades a $350 o $295 la unidad de similares características.
En cuanto a las residencias sanitarias, un millonario contrato entre el Minsal y Hotel Clínico Spa firmó el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. El negocio al parecer pertenecería al militante UDI Orlando Durán, quien coordina las residencias sanitarias a cargo del Ministerio de Salud.
El millonario contrato se hizo bajo la firma directa de Zúñiga y una empresa creada solo un día después de que el ministerio informara el funcionamiento de las residencias sanitarias.
El Hotel Clínico Spa pertenecería a una única socia, cuyo nombre es Alexandra Andrea Gonzáles Silva, de 26 años de edad y con un capital de $80 millones. Tres días después de su creación, la empresa comenzó a prestar servicios al ministerio. El contrato firmado por Zúñiga se hizo el 25 de mayo de forma retroactiva.
Como ya se venía cuestionando con el arrendamiento de Espacio Riesco o el hotel O’Higgins debido al alto costo que estos tienen para el Estado y la baja utilización que tuvieron por meses, ahora sale a la luz el negociado interno incluso dentro del propio ministerio.
Finalmente, será tan cierta aquella sentencia que dicta que determinados gobiernos no pueden combatir la corrupción porque la corrupción son ellos mismos… A la luz de los hechos y datos aportados dicha frase cobra con muchos bríos plena certidumbre en los países pertenecientes al Grupo de Lima.
