La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia dijo que se debe convocar a elecciones el 6 de septiembre y que, en caso de que no se lo haga, el Gobierno debe alistarse para la convulsión. La COB respalda esa posición y también se pone en pie de lucha
"Señora (Jeanine) Áñez le quedan dos caminos: aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre o la sublevación del pueblo... y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con convulsión social", esa fue la advertencia que Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia.
La lanzó este jueves a la presidenta del Estado, a quien le dijo además que el pueblo está cansado y que "los mineros no estamos jugando, no vamos a hacer cosquillas", por lo que "queda anticipada".
Luego, el dirigente complementó que "Vamos a hacer respetar el derecho fundamental de nuestra gente, porque estamos cansados de tanta prepotencia y provocación. La pandemia está matando gente, pero el hambre está matando más gente aún porque hasta ahora no hemos visto una sola política de salud que sea efectiva", argumentó.
Gutiérrez también arremetió en contra de los créditos solicitados por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ve que hay una intención de endeudando que hipotecará a Bolivia, además que hay "secuaces" del Ejecutivo que ya han salido del país y "se están llevando la plata y no es justo (que) la gente que ha luchado por un cambio este presionada por este maldito Gobierno".
Por su parte, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, llamó a las organizaciones sociales a una lucha conjunta para defender la salud y la dignidad del país. Advirtió que habrá movilizaciones de no hacerse las elecciones.
"A partir de hoy los trabajadores estamos en pie de lucha si no se promulga la ley de elecciones. Los trabajadores vamos a estar en las calles, en las carreteras", manifestó el dirigente obrero.
La amenaza surgió un día después de que la Asamblea Legislativa sancionó la ley para regular los estados de excepción.
Esta norma, según el Gobierno, maniata a Policías y Fuerzas Armadas, y les impide salir a las calles para contener convulsiones sociales, mientras que a los movilizados, les otorga sanciones pecunarias y nada más.
Fuentes del Ejecutivo consideran que el MAS tiene un plan estructurado de desestabilización que busca retomar el poder a través de un golpe de Estado. Primero, generando desacato a la cuarentena, con acciones como la voladura de postes, "secuestro" de periodistas y la generación de violencia en distintos puntos del país.
De forma paralela, una ofensiva desde la Asamblea Legislativa, evitando el ascenso en las Fuerzas Armadas, más la aprobación de la norma para estados de excepción, según el ministro Fernando López, busca atar de manos a las fuerzas del orden ante la convulsión.
En esta semana, el Ejecutivo también denunció que la Asamblea deja de lado otras leyes, como la aprobación de créditos para la emergencia sanitaria, o la consolidación del 10% de presupuesto para salud.
El sector minero ya tiene antecedentes en movilizaciones nacionales. Erbol recordó la Marcha por la Vida que fue un movimiento a mediados de la década de los ochenta en que miles de mineros presionaron marchando al último gobierno de Víctor Paz Estenssoro para que revirtiera el despido masivo de obreros del subsuelo.
Por otro lado, en noviembre pasado, el mismo sector pidió la renuncia de Evo Morales.
