Las crisis institucionales y sociales que estallaron esta semana en Perú y Ecuador mostraron, además de la fragilidad democrática en la región, que existe un doble rasero con el que los grandes medios y los organismos internacionales, como la OEA, tratan la coyuntura latinoamericana.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció el lunes pasado la disolución del Congreso, poder del Estado del que carece de apoyo político, por lo que ninguna de sus iniciativas progresaba.
El Congreso peruano, en respuesta, no consideró válida la disolución y aprobó el martes la suspensión del jefe de Estado, para de inmediato proceder a juramentar como presidenta interina a la vicemandataria Mercedes Araoz, quien 24 horas después presentó su renuncia.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno dio a conocer una serie de medidas económicas que afectan directamente a los bolsillos de los trabajadores y que el pueblo de inmediato nombró “paquetazo”.
Ante las protestas que a nivel nacional surgieron de inmediato, Moreno decretó ayer jueves el estado de excepción, que por 60 días -que se pueden prorrogar- suspende las garantías individuales de los ecuatorianos, como son el derecho al libre tránsito, reunión y asociación. Es decir, prohíbe las manifestaciones antigubernamentales.
Silencio de EE.UU. y la OEA
Ni el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ni ninguno de sus funcionarios han hecho pronunciamientos en contra de la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos ni sobre el enfrentamiento de poderes en Perú.
En un artículo publicado en el sitio web de Misión Verdad se destaca que “las potencias de Occidente no parecen darle mucho crédito a los Guaidós peruanos, quizá aún no les hace ruido el mandato de Vizcarra o prefieren que nadie en la región opaque el experimento venezolano, por muy desgastado que se encuentre”.
El análisis, firmado por Rebeca Westphal, subrayó que en torno al choque entre Vizcarra y los congresistas, la Organización de Estados Americanos (OEA) “se negó a blanquear la operación, reconociendo al Tribunal Constitucional del Perú como única entidad para zanjar el conflicto. Tampoco hubo mayor revuelo internacional por la disolución del parlamento”.
Remarcó que en Venezuela se mantuvo la existencia de la Asamblea Nacional, “a pesar de su desacato y su firme apoyo a la injerencia estadounidense, sin que eso significara la pérdida del control gubernamental del país”.
Puntualizó que fue Perú el que coordinó los esfuerzos de varios países latinoamericanos -reunidos en el Grupo de Lima- por darle “una legitimidad regional” a la estrategia de bloqueo internacional aplicado por la administración de Trump contra Venezuela.
Sobre Ecuador, han surgido voces en las redes sociales que hacen evidente el trato diferencial otorgado por la OEA cuando se trata de Venezuela.
“¿Qué dice @Almagro_USA2015? Carta democrática para Ecuador!!!
¿Qué dice @jguaido – alimaña? ¿No piden democracia para Ecuador? ¿Y para Perú? Qué pronto se les cae la careta a estos farsantes! La
@OEA_oficial, como el bodrio ese del #GrupoDeLima, credibilidad cero”, se puede leer en un tuit del usuario @mostrenco2.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha optado por no hacer referencia a la limitación de las garantías individuales de los ecuatorianos y se ha limitado a publicar tuis apoyando la candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y criticando las aspiraciones de Venezuela a integrar esa instancia.
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