DENUNCIA ANTE LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, Y ANTE LAS ORGANIZACIONES GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL GENOCIDIO DEL PUEBLO JIW EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE AMAZONIA COLOMBIANA
En Colombia Somos más de 102 Pueblos Indígenas, de los cuales 64 habitamos en los seis departamentos en el bioma más importante del mundo debido a su diversidad ecosistémica y cultural.
Los departamentos de la región amazónica colombiana (Caquetá́, Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y Guaviare) cuentan con la presencia de pueblos indígenas hablantes de la lengua materna y practicantes de la espiritualidad que, sin duda alguna, son patrimonio inmaterial de nuestro país.
Los pueblos indígenas somos los guardianes del territorio y nos encargamos de conservar los sistemas de conocimiento tradicional, espiritual y los territorios ancestrales milenarios, protegiendo 476.000 km2 del pulmón del mundo, un 6,4% del total del bioma Amazónico equivalente al 41,8% del territorio Nacional.
Los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana declaramos la Emergencia Ambiental y Humanitaria ante el Gobierno Nacional, la Comunidad Internacional, y ante el sistema de Naciones Unidades por la situación que vivimos los pueblos y comunidades indígenas en la Amazonia Colombiana, donde nos encontramos sumidos en el abandono estatal, aprovechado por los diferentes actores legales e ilegales que intentan despojarnos de nuestras tierras para prácticas extractivas dejando graves impactos socioculturales y ambientales irreversibles.
En medio de lo que viene ocurriendo con los asesinatos sistemáticos e intimidaciones contra líderes en el Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá, y las recientes denuncias de habitantes, especialmente niños, del pueblo amorúa que buscan comida en las basuras de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, también se encuentra la crítica situación del pueblo Jiw, quienes han sido víctimas de la violencia por el conflicto armado y siguen siendo atropellados por terratenientes que buscan despojarlos de sus tierras, en muchos casos para convertirlas en suelos agroindustriales.
Así lo denunció recientemente el portal de periodismo ambiental latinoamericano Mongabay, que viajó hasta el territorio del Pueblo Jiw y publicó tres reportajes donde exponen la situación a la que se enfrentan los hermanos Jiw en San José del Guaviare (Guaviare) y Puerto Concordia (Meta).
En el resguardo de Caño La Sal, los Jiw están acorralados por la palma de aceite que contamina sus ríos y deforesta los bosques donde viven. Ni las mismas autoridades saben a ciencia cierta a quiénes pertenecen todos esos cultivos.
Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún tipo de acción efectiva para transformar las condiciones adversas que experimenta este pueblo indígena, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, desde un tiempo considerable, ha hecho advertencias sobre la escasa presencia de las autoridades estatales en las zonas rurales, acentuando la condición de vulnerabilidad del pueblo Jiw, quienes terminan en medio de un escenario que facilita las acciones de los grupos ilegales, quienes imponen sus propios modelos de orden social, económico y político.
Las acciones del Estado han sido insuficientes, mientras el pueblo Jiw desaparece ante los ojos e indiferencia del mundo.
En el resguardo de Barancón (Guaviare), los colonos se han adueñado de la tierra, el bosque y el agua; y los militares, tienen un Batallón de Entrenamiento del Ejército y un batallón fluvial de Infantería de Marina contiguos.
Además, muy cerca del resguardo se encuentra un polígono donde entrena el Ejército, hecho que ha tenido como resultado más de 25 personas heridas por las municiones y explosivos que quedan en el camino por donde transitan mujeres y niños.
Por ejemplo, en 2007, una mujer quedó mutilada y ciega después de encontrar un artefacto explosivo. A esto se suma la presencia constante de las disidencias de las FARC.
Sin embargo, el atropello viene de mucho tiempo atrás. En efecto, el Estado redujo el territorio del pueblo Jiw a menos de la mitad, justificando esta acción en la necesidad de otorgarles tierras a 74 familias campesinas que se asentaron en ese sector.
Desde ese momento el pueblo perdió acceso a sus zonas de uso tradicional, como Caño Bejuco, donde recolectaban frutos y cazaban; o la laguna de Cámbulos, una zona importante de pesca para la comunidad. Hechos que inminentemente contribuyen al deterioro de la comunidad y a la agudización del riesgo de exterminio físico y cultural.
Además, los colonos les prohíben pescar, los acusan de ladrones y los obligan a adaptarse a sus leyes y dinámicas, pese a que el territorio ancestralmente ha sido ocupado por el pueblo Jiw.. El pueblo Jiw, mediante distintas acciones, han reclamado los territorios que hace unas décadas les fueron arrebatados, pero la Unidad de Restitución de Tierras – URT-, hasta el momento, no ha brindado ninguna solución a la problemática.
Por otro lado, la invasión de sus tierras y el contacto con extraños ha llevado a que los niños se encuentren propensos al consumo de sustancias sicoactivas como el bóxer, el bazuco y la marihuana. En el momento, más de 60 niños, entre 7 y 14 años, viven en San José del Guaviare, no solo consumiendo este tipo se sustancias, sino distribuyéndolas por mandato de autores ilegales. Muchos son violados y explotados sexualmente.
Estos hechos llevaron a que la Corte Constitucional en el Auto 173 de 2012 demandara la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y el pueblo Nukak. Sin embargo, ante el incumplimiento de las medidas demandadas en ese auto la Corte Constitucional emitió un nuevo auto, el Auto 265 de mayo de 2019 Solicitando la apertura de incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las órdenes segunda y tercera del Auto 173 de 2012, en relación con la comunidad del pueblo Jiw, pues, en efecto, la situación de vulnerabilidad que experimenta este pueblo no ha sido remediada desde la emisión del primer auto e incluso las condiciones se han agudizado atentando directamente contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de este pueblo.
Ante esta situación exigimos que el gobierno colombiano actúe inmediatamente y le dé un trato digno a nuestros hermanos del pueblo Jiw que llevan décadas siendo ignorados y vulnerados, brindando soluciones efectivas que garanticen el goce y el resarcimiento de los derechos que hasta el momento han sido y continúan siendo vulnerados. Además, exigimos a las organizaciones garantes y a la comunidad nacional e internacional que vigile el caso e intercedan para transformar la situación del pueblo Jiw y de todos los pueblos indígenas del territorio colombiano que han visto vulnerados sus derechos por la acción y omisión del Gobierno Colombiano y por el accionar de actores legales e ilegales en sus territorios.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA OPIAC
COORDINACION DE DEREHOS HUMANOS Y PAZ OPIAC
Coordinación de Cambio Climático y Biodiversidad – COICA
coica@coica.org.ec
https://coica.org.ec/el-genocidio-del-pueblo-jiw-en-la-amazonia-colombia-ante-los-ojos-del-mundo/
