Es imposible que las aspiraciones de desarrollo y modernización de cualquier país del mundo puedan ser realizadas plenamente sin electrificación a gran escala. Esa ha sido la base del progreso de las naciones en la era contemporánea y una responsabilidad irrenunciable de los gobiernos.
Es muy conocido el hecho que el gran V. I. Lenin, apenas conquistado el poder por los soviets de obreros y soldados y destronado el régimen zarista, entendiendo el atraso de la economía feudal, la urgente necesidad de un camino rápido hacia el progreso y la industrialización de la antigua Rusia y la creación de un Estado socialista fuerte y moderno, hecho a andar un exitoso plan de electrificación nacional de 10 años, al cabo de los cuales y cumplidas las metas, la electrificación del país se convirtió en la base para la creación de una súper-potencia mundial.
Los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderados por el comandante Carlos, entendieron claramente que tomar el poder político en Nicaragua sería, por así decirlo, “la parte fácil” de la Revolución.
Por eso incluyeron la electrificación y la industrialización de nuestro país entre las grandes medidas de índole económica en el visionario Programa histórico del FSLN.
Aun sin disiparse el olor a pólvora en el ambiente, cuatro días después de vencer militarmente a la Dictadura somocista y desplazar (después de 158 años de dominio continuo) a la oligarquía criolla del poder, el triunfante Frente sandinista(a través de la Junta de gobierno y reconstrucción nacional, cuyo coordinador era nuestro actual presidente, comandante Daniel Ortega) creó la institución rectora de la industria eléctrica del nuevo proyecto de nación.
No fue necesario nacionalizar el sector, pues este ya pertenecía al Estado, pero como todo en el somocismo, la corrupción y obsolescencia lo tenían convertido en una institución atrasada tecnológicamente, de poco impacto nacional, elitista y racista (la mayoría de la población, perteneciente a las capas más pobres y las regiones alejadas de los grandes centros urbanos no tenían acceso al servicio de energía eléctrica) y estaba convertida en una “alcancía” para el régimen.
La agresión del Imperialismo yanqui, través de la “Contra”, obstaculizó los grandes proyectos de la Revolución para el sector y en la década de los 90, el advenimiento de 16 años de tres gobiernos neoliberales volvió a sumir en la ruina a la industria eléctrica.
Aún peor, dos de sus principales componentes (la generación y la comercialización) fueron entregadas, mediante venta y concesiones amañadas y poco transparentes a sectores de la empresa privada nacional y extranjera, sin medir el daño que se ocasionaba a las finanzas y el progreso de la nación, sus necesarios planes de desarrollo y al bolsillo y la calidad de vida de los nicaragüenses.
Con el regreso del pueblo nicaragüense y el sandinismo al poder, la situación empezó a moverse de punto muerto. En primer lugar, con urgencia extrema, había que terminar con los frecuentes apagones y frenar las altas tarifas del servicio a la población, problemas que obtuvieron respuesta inmediata gracias a la importancia que dio a estos asuntos el gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega.
La visión estratégica sustituyó la urgencia coyuntural: Los planes nacionales de desarrollo humano y la firma de compromisos a nivel internacional de desarrollo integral y sostenible (como la Agenda 2030 de la ONU) desde entonces han sido, para nuestro gobierno, instrumentos fundamentales para enrumbar con certeza y responsabilidad el cambio de paradigma en cuanto a progreso material y social de Nicaragua y sus habitantes se refiere.
El gobierno del comandante Ortega, inicio un amplio y profundo programa de construcción de una nueva Nicaragua, construyendo infraestructura moderna y de calidad de todo tipo y por todo el país, programas de alcance nacional que han puesto a al pueblo y su bienestar como prioridad, obras que unen al país y planes que enrumban a la nación al progreso y una mayor y mejor integración con la economía mundial para beneficio de todos los nicaragüenses.
El gobierno sabe y se ha preocupado por atender un elemento que cruza transversalmente todos los objetivos de estas importantísimas obras, programas y planes: La electrificación de todo el país y cada casa, por humilde y alejada que este; la energía adecuada y suficiente para satisfacer cada emprendimiento, cada empresa y cada industria. Energía eléctrica, que además de accesible, tenga un tarifa justa, que estimule el crecimiento económico e invite a la inversión.
Luego de derrotar el fallido golpe de Estado de abril del 2018, el gobierno comprendió que era imperativo un cambio de estrategia de alianzas a lo interno del país. La clase empresarial, la burguesía nicaragüense traicionando sus compromisos con la patria, la modernización y la población, se entregó de lleno a la “causa” golpista y priorizando sus intereses de clase, causó y sigue causando profundos daños a la economía y la paz del país.
Una nueva alianza, esta vez con la micro, pequeña y mediana industria nicaragüense (que genera ocho de cada diez empleos en el país) se hizo imperativa. Las MIPYME dependen en mayor medida que las grandes empresas, de una relación más armónica con el gobierno (impuestos adecuados, tarifas de los servicios públicos preferenciales, infraestructura pública eficiente, servicios financieros menos onerosos, etc.).
Todo bien, aunque…No todos los componentes del sistema siguen el ritmo del robusto paso del gobierno: En este caso las empresas privadas de distribución y comercialización de la energía eléctrica.
En el plano social es notorio (porque todos sufrimos sus secuelas) que la guerra económica y financiera que desarrollan los gringos y sus cipayos nacionales contra nuestro gobierno y nuestro país, ha golpeado fuertemente la endeble economía familiar.
Esta situación puso de relieve que vender y concesionar parte de la generación y la comercialización respectivamente de la Energía eléctrica en Nicaragua por los gobiernos neoliberales, trajo consigo resultados que ahora no son compatibles con la situación y la visión de desarrollo inclusivo del gobierno sandinista.
La Industria eléctrica es muy compleja por las variables que la componen, sobre todo por su dependencia de los oscilantes precios internacionales de los hidrocarburos, las necesidades de gran inversión inicial y de mantenimiento, el reemplazo y la modernización tecnológica constantes, cuadros técnicos experimentados y de alta calificación profesional, entre muchas.
Es tan compleja y sensible, que es el sector de la economía nacional que con más frecuencia demanda de nuevas Leyes y reformas para su funcionamiento.
La transmisión eléctrica, que ha permanecido dentro del Estado y bajo el control del gobierno, administrada por la Empresa nacional de transmisión eléctrica (ENATREL), en once años ha logrado resultados grandiosos, llevando la infraestructura eléctrica a casi a todo el país, aprovechando correctamente los recursos y posibilidades del Estado, en bien de la nación.
En cambio, la generación ( que de ser completamente estatal, paso a un régimen mixto de propiedad, desde que sus principales plantas térmicas y geotérmicas fueron vendidas a particulares a un precio ridículo), si bien es cierto ha aumentado la oferta eléctrica y su disponibilidad (en base a la diversificación de generación, pero siempre conservando en poco más del cuarenta y cinco por ciento la matriz tradicional: La generación térmica, es decir a base de hidrocarburos), los precios por megavatio eléctrico son muy altos, en referencia a la región y sin contar que aún apagadas o no generando, sus plantas ganan por disponibilidad, es decir por estar “listas” a generar.
En octubre del año 2000, la comercialización del servicio de energía eléctrica, se entregó en concesión a empresas privadas extranjeras (a un irrisorio precio de 95 millones de dólares, pagaderos en abonos), con el compromiso de invertir en el sector para modernizarlo, ampliarlo y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas (que en Centroamérica rondan el 7 por ciento y que en Nicaragua han alcanzado hasta el 28 por ciento), obviamente las inversiones no han sido ni las pactadas, ni las necesarias.
Estas pérdidas, en gran parte son “compensadas” en sus balances, con aportes del Estado o son trasladados en alguna medida a las tarifas (en una década el costo del kWh se ha duplicado). Esto no incluye la desastrosa atención a la población, que sufre abusos a la hora de reclamar por las alzas. La excusa de la empresa comercializadora: El fraude energético ocasionado por los usuarios.
¿Para qué sirven entonces?
En resumen, el gobierno y ENATREL han cumplido su tarea y el Plan nacional de desarrollo energético, inmerso en el Plan nacional de desarrollo humano, gracias a que esta empresa estatal responde directamente al Presidente de la república y a los intereses del pueblo.
A base de créditos concesionales y a largo plazo y recursos propios, los resultados son formidables hablando de un país de pocos recursos financieros: Noventa y cinco por ciento de cobertura eléctrica domiciliar y la construcción de muchísimas subestaciones eléctricas que apoyan la expansión de la economía.
En cambio los otros dos componentes el sector eléctrico no aportan al abaratamiento de las tarifas del servicio de energía, entorpeciendo los planes de desarrollo del país, dañando los bolsillos de los más pobres y de paso, comprometiendo al gobierno frente a su pueblo.
Un pequeño emprendimiento no subsiste con tarifas elevadas de energía (más ahora que las MIPYME son el aliado estratégico del gobierno del Comandante Ortega para seguir levantando a Nicaragua y mejorando la calidad de vida de todos), ni tampoco es justo desbalancear los presupuestos de las familias más pobres por las misma causa, sobre todo teniendo a la cabeza del gobierno a un líder y a un Partido que han luchado toda la vida por los más pobres y desposeídos.
Está claro que las empresas de los sectores concesionados no torpedean por mala voluntad los esfuerzos de progreso y bienestar de la nación, pero son empresas PRIVADAS y está en su esencia (en su razón de ser empresas capitalistas), la obtención del beneficio, del lucro.
Y eso no es malo, siempre y cuando no estemos hablando de un bien intermedio de enorme impacto social y productivo, que incide en el éxito o el fracaso de las políticas públicas y planes de desarrollo inclusivo a corto, mediano y largo plazo. Es un veinte o treinta por ciento de utilidades que no van a para a un Fondo de lucha contra la pobreza o al desarrollo de la misma industria.
¿Qué hacer entonces? ¿Cómo corregir el mayor daño al patrimonio nacional causado por la ambición de un individuo llamado Arnoldo Alemán y de un gobierno corrupto, que faltó a su deber y mandato y un Estado neoliberal cómplice?
Obviamente no estoy sugiriendo (por improcedente) la “re-nacionalización” de ambos sectores integrantes de la Industria eléctrica nacional, pues nunca han sido “privatizados”, en sentido literal y porque ambos siguen siendo bienes del pueblo y del Estado nicaragüense y solo están concesionados con tiempo límite de caducidad y regidos por contratos con cláusulas revocatorias por motivos pactados y válidos.
Entonces toca RESCINDIR esos contratos de concesión y que el Estado vuelva a asumirlos y en la Generación debe de invertir aún más que los privados, limitarlos a los tipos de generación que no dañen el medioambiente y renegociar los contratos existentes, poniendo como referencia a los precios de los países vecinos del área.
Dice la Ley 272, Ley de la Industria eléctrica en su artículo número 3, que “Las actividades de la industria eléctrica, por ser elemento indispensable para el progreso de la Nación, son de interés nacional.
Los bienes y derechos tanto privados, como estatales, podrán ser afectados, ya sea a través del establecimiento de servidumbres o ser declarados de utilidad pública por la autoridad respectiva de conformidad con las leyes correspondientes. Dentro de las actividades de la industria eléctrica, la actividad de transmisión y la actividad de distribución constituyen además servicios públicos de carácter esencial por estar destinadas a satisfacer necesidades primordiales en forma permanente”.
El desarrollo y abaratamiento de las nuevas tecnologías (como la fotovoltaica y eólica), perfectamente pueden ser asumidos por el gobierno, utilizando como en la transmisión, recursos propios y mayormente financiamiento de Instituciones multilaterales internacionales interesadas en el desarrollo de energía limpia y segura. Sin embargo, en la generación puede utilizarse un esquema mixto de inversión o co-inversión con agentes económicos privados, siempre garantizando que el mayor porcentaje de las inversiones y por ende, el poder de decisión, este del lado del gobierno.
También hay que tener en cuenta que no se debe de empeñar al país y causar graves daños al medioambiente con megaproyectos hidroeléctricos, que por el desarrollo y eficiencia de otras formas de generación, han quedado obsoletos.
La generación térmica e hidroeléctrica debe conservarse solo en el porcentaje requerido para el respaldo energético del país y aprovechar la inestabilidad de los precios de los hidrocarburos (siempre y cuando estas plantas sean del Estado nicaragüense) o en aquellos lugares que por distancia a dificultades técnicas, solo pueda dársele cobertura de energía eléctrica aislada, con pequeños proyectos en base a esas tecnologías de generación.
En cambio, la distribución y comercialización deben de regresar íntegramente al sector público.
No necesitamos que una considerable parte de la recaudación tarifaria vaya a parar a manos privadas, cuando puede ayudar a estabilizar, en beneficio de los consumidores, los precios por consumo o ser invertidos en la ampliación o mantenimiento del sistema.
Los subsidios no serán eternos y por eso la necesidad de encontrar soluciones a los altos precios del servicio y garantizar a la población y a la Economía nacional, energía constante, adecuada y barata.
Es claro que el gobierno tiene grandes prioridades (la lucha por continuar con éxito la administración pública y los planes de desarrollo, a la vez de combatir las secuelas del golpe fallido y los intentos de los enemigos de la patria por dañarla), pero de seguro encontrará tiempo para pronto asumir el gran reto de volver a dirigir y administrar todo el sistema eléctrico del país.
El pueblo lo necesita, tenemos la valentía, la capacidad técnica, los votos en la Asamblea Nacional y sobre todo:
La Ley asiste a nuestro pueblo y a nuestro gobierno.
