Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.
Es menester decir que, como hijo de un hombre que fue preso y torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga. La alta comisionada, la autoridad superior en esta materia en el mundo, debería también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.
De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington.
Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el Gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.
Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.
Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente.
Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos no empreñan”, me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.
Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del Gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller, Heraldo Muñoz, a quien según dijo “no puedo controlar”.
Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos “por mi antecesor” a los que supuestamente tampoco puede controlar.
Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de “extremo centro”, es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades, al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de Gobierno.
En junio de 2014, cuando Zeid Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que: “…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”.
Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas.
En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el partido socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006, se marchó a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde, por su buen rendimiento, obtuvo el primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional”.
Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue político que la llevó —en tan solo 8 años— a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido en ella.
Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había Parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos Gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.
Hay que decir que desde 2001, durante los Gobiernos de la posdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009, fueron exterminados durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en 2014, lo fueron en el segundo Gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios.
Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al Gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año, fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino: un sargento de carabineros que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.
El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas antimotines.
El 3 de enero de 2008, fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno.
La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: “Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su Gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.
En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio “inusitada”, con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas.
Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura.
La respuesta del Gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y fuera del Gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia católica, el Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.
Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos.
Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008 afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”.
Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al Gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas.
En fechas más cercanas, ya durante su segundo Gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos.
Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley Antiterrorista. En este sentido, la secretaría general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento”.
A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la posdictadura dijo que : “La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el Gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche”.
El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo Gobierno de Bachelet.
El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.
Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, recordando además que “una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas”.
Continuando con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años, la comunidad Juan Paillalef, a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT” según un reporte del portal digital chileno eldesconcierto.cl.
En marzo de 2011, Calfunao encaró a la expresidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU, mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y rastrera que la caracteriza.
Incluso, inmersa en una patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para que fueran eliminadas las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.
Así, en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudí está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC.
Ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del Gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.
Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefirió asegurarlo al aceptar entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela.
Resulta curioso darse cuenta de que, a diferencia de los otros tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasó el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que, en ambos casos, Estados Unidos le consiguió un puesto en un organismo internacional para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse: ¿para quién trabaja?
Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.
Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.
No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla. Evidentemente, no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez del informe.
Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.
Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre cualquier cosa, no solo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la retrata y la desnuda.
Recuerdo cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción para el Gobierno, el comandante solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”. Solo eso es. No le da para nada más.
(Por Sergio Rodríguez Gelfenstein/Sputnik)
