A principios de 2019, el ex directivo de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, fue llevado bajo coacción a dar una entrevista con el periodista Daniel Santoro del diario Clarín.
"Ahora lo voy a sentar con Santoro y de ahí con el fiscal Carlos Stornelli para que dé una declaración testimonial.
Con eso metemos presos a todo lo que es PDVSA, y nos quedamos con el dinero de la empresa en Argentina", escribió en un mensaje Marcelo D'Alessio, presunto agente de la DEA, al empresario Pedro Etchebest.
Según su propia declaración, dada al juez Alejo Ramos Padilla, "utilizó técnicas de convencimiento" para que el ex gerente de PDVSA entregara información sobre una presunta red de sobornos de la empresa.
De acuerdo a la investigación judicial del juez Alejo Ramos Padilla, sustentada en conversaciones de WhatsApp, documentos hallados en computadoras de D'Alessio y declaraciones testimoniales, el periodista Daniel Santoro podría haber participado en una maniobra de extorsión y coacción para que el ex gerente de PDVSA Brusa Dovat diera una confesión a la carta.
A cambio de ello, supuestamente el ex gerente no sería imputado por el fiscal Stornelli, recibiría protección de Estados Unidos, y no se revelararían datos de su vida privada, que D'Alessio tenía en su poder y podría haber mostrado a Brusa Dovat durante los encuentros en los que se presentaba acompañado de supuestos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
El periodista involucrado en la presunta extorsión, Daniel Santoro, fue premiado por su "lucha contra la corrupción" por distintas instituciones, entre ellas la universidad de Columbia, Estados Unidos (Foto: Clarín)
El caso, además, demuestra cómo en operaciones de este tipo, fiscales y agentes de inteligencia como Stornelli y D'Alessio se valen de periodistas aliados como Daniel Santoro para, primero, filtrar información de impacto sobre los "arrepentidos", convencidos bajo extorsión y coacción, para así validar, luego, una investigación judicial sobre el tema interesado (en este caso PDVSA Argentina y sus activos en el país).
Este hecho revela la convivencia de periodistas con agentes de inteligencia, fiscales y jueces, tanto en la filtración de información privilegiada como en la publicación de libros e investigaciones relacionadas a supuestos actos de corrupción en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, dado que Santoro es uno de los periodistas que con mayor fervor, desde el diario Clarín, ha difundido información sobre supuestos hechos de corrupción en los 12 años de gobierno kirchnerista en Argentina.
LA RELACIÓN JUSTICIA, SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PERIODISMO: CASO ARGENTINA
Esta trama se reveló a principios de año cuando un empresario extorsionado por la red integrada presuntamente por Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli hizo público las conversaciones y encuentros con ambos personajes.
Así quedó completamente desnuda la Causa de los Cuadernos, a cargo del juez Marcelo Bonadio, e instruida por el fiscal Stornelli, ambos con llegada importante a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
El papel del periodismo en el Lava Jato argentino, como se lo denominó, fue primordial dado que fue Daniel Cabot del diario La Nación de Argentina, quien presentó al fiscal Stornelli las copias de un cuaderno donde un chofer había supuestamente registrado cómo el subsecretario de Obras Públicas de Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Baratta, recibía dinero de empresarios a cambio de obras públicas.
El primer dato que llamó la atención es que fueron copias, porque el chofer Oscar Centeno quemó el supuesto cuaderno original, poco después de que un confidente lo fotocopiara a sus espaldas.
Por la revelación, Cabot recibió el Premio Rey de España, pese a que unas copias de un cuaderno no sirven de pruebas sólidas en una causa judicial.
Sin embargo, el juez Bonadio y el fiscal Stornelli las utilizaron para abrir la Causa de los Cuadernos, dirigida a judicializar a Cristina Fernández de Kirchner para sacarla de la carrera presidencial de 2019, y a una parte del empresariado argentino para que la empresa más importante del país, Techint, terminase investigada en Estados Unidos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En este contexto, poco llama la atención que el periodista Daniel Santoro aparezca involucrado en una operación ilegal para quebrar a un ex gerente de PDVSA en el marco de la Causa de los Cuadernos.
Mucho menos si se tiene en cuenta que en la investigación judicial que lleva el juez Alejo Ramos Padilla aparece el testimonio del supuesto agente D'Alessio, donde afirma que colaboró con Santoro en la elaboración de dos capítulos de su libro El Mecanismo, relacionados a actos de corrupción en la estatal de energía Enarsa de Argentina.
Paradójicamentente, Santoro fue también premiado en 2004 por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, por su "lucha contra la corrupción".
Por otro lado, Santoro, al igual que periodistas como Cabot y Hugo Halconada Moon, han sido protagonistas en los últimos años de investigaciones de impacto sobre hechos de corrupción en Argentina, y también de la publicación de libros como El Mecanismo o La raíz de todos los males.
Una maniobra publicitaria que se asemeja a lo que en Brasil hizo el periodista de la red O Globo Vladimir Netto con el libro Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, que inspiró la serie de Netflix El Mecanismo del director José Padilha.
De la misma forma, en los últimos días se conoció que la esposa de Netto, Gisely Siqueira, renunció a su cargo de asesora comunicacional del ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, lo que muestra una clara cercanía entre el autor del libro y el ex juez a cargo de la causa Lava Jato.
En este contexto, las últimas filtraciones de The Intercept revelan que otro presentador de la red O Globo, Fausto Silva, asesoró informalmente a los fiscales y el ex juez para que populizaran su lucha contra la corrupción brasileña.
LOS PERIODISTAS EN AMÉRICA LATINA COMO PUBLICISTAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El investigador Frederico de Almeida del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos cataloga a jueces y fiscales como "emprendedores jurídicos" que lideran una cruzada moral contra la corrupción como "emprendedores morales".
Según de Almeida, así se entiende que jueces y fiscales del Lava Jato pongan más el acento en la dimensión moral sobre lo legal de tal forma que caracterizan a la corrupción como "un cáncer que hay que extirpar" en sus intervenciones públicas, una tesis que se repite a lo largo y ancho de América Latina como si fuera un consenso básico inamovible.
Esto en gran medida es lo que justifica el cáracter excepcional de este tipo de operaciones contra la corrupción, donde se adaptan leyes, instituciones y prácticas judiciales a la necesidad de combatir este supuesto "mal diabólico que afecta a la sociedad", de acuerdo a la tesis del profesor de la Universidad Estadual de Campinas.
Los periodistas incrustados en este tipo de operaciones, como Daniel Santoro y Vladimir Netto, son vitales en promover un clima en la opinión pública donde debidamente la dimensión moral de la lucha contra la corrupción esté posicionada por encima de las leyes, y el respeto al debido proceso.
En ese sentido, son clave tanto para filtrar información que brinde un piso para operaciones judiciales, como para conceptualizar las razones detrás de las investigaciones judiciales contra políticos y empresarios como una "cruzada necesaria" contra "la raíz de todos los problemas", parafraseando al también coronado periodista Hugo Alconada Moon.
En este contexto, la cartelización de esta misma tesis se replica en la gran mayoría de los países de América Latina, donde por lo general se alterna la distribución de este tipo de argumentos entre medios privados de la Sociedad Interamericana de Prensa, fundada por oficiales de inteligencia de Estados Unidos, y una importante red de medios digitales, financiados por el Departamento de Estado, la ONG Open Society y distintos gobiernos europeos.
Un ejemplo que sirve de muestra es el papel que asume el medio La Posta de Ecuador en sostener el expediente Odebrecht desde las redes sociales para boicotear el regreso del correísmo en Ecuador.
Más allá de la contradicción entre el decir y el hacer, reflejada en la convivencia de periodistas con servicios de inteligencia, jueces y fiscales, la tarea de justificación serial de la lucha contra la corrupción queda completamente en manos de un grupo de periodistas, que se presentan como independientes, a la vez que por distintos lados se proyectan sus carreras, con premios y visibilidad, de acuerdo a sus utilidades en esta misión evangelizadora.
Al igual que con los fiscales y jueces, de nuevo, se pone en relevancia cómo la política de Estados Unidos opera creando un circuito, donde el impulso a la carrera de estos periodistas es la principal zanahoría.
Así se engorda una oferta bastante importante de periodistas, dispuestos a publicar investigaciones sobre corrupción de impacto, manipuladas o no por fuentes interesadas.
Lo que en definitiva sirve al interés de Estados Unidos de sacar del medio, a través de la lucha contra la corrupción, a los políticos y empresarios que estorban los negocios de sus corporaciones.
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