Un informe plagado de «supuestos» y sin citas concretas que avalen las acusaciones. De esta forma reseña la periodista Maripily Hernández el informe que la ex presidenta chilena elaboró sobre la situación venezolana. Reproducimos sus palabras para abrir el debate en torno a los dichos de Bachelet.
Me preocupa la gran cantidad de generalidades que el corporativismo mediático y las estructuras geopolíticamente ideologizadas dan por ciertas en ese informe.
Cuando se habla de víctimas (muertos y detenidos), lo menos que uno esperaría en un informe de este nivel es que se hable de casos específicos. No es creíble y es aberrante aceptar que se hable de muertos y detenidos a nivel general, sin nombrarlos, sin que haya siquiera un anexo en el que se diga quién es la persona víctima, fecha de su detención o de su muerte. No es nimio el detalle que resta seriedad al informe.
De igual forma, creo que es irresponsable que se hable, por ejemplo, en el caso de personas detenidas supuestamente por expresar opinión, y que se acepte una cifra dada por una ONG reconocidamente financiada por Estados Unidos como válida, sin mencionar los casos, porque entonces, eso parcializa cualquier investigación, y de por sí, evidencia un informe parcializado, sin equilibrio.
Luego, la mención especifica censuradora del programa «Con el Mazo Dando», es otro de los elementos de parcialización descarada porque evidencia que el derecho a libertad de expresión, según la Alta Comisionada, es selectivo, es decir, los opositores tienen derecho a criticar al gobierno, pero el gobierno no tiene derecho a criticar a la oposición. Eso, de por sí, a mí parecer es insólito, y tuve que leerlo directamente, porque no podía creer que eso apareciera así en ese informe.
De verdad, me da lástima que algo tan sagrado como los derechos humanos se manipulen de ese modo, con palabras como «presunción», «supuestamente», sin aportar datos específicos que sustenten sus graves afirmaciones.
Por otra parte, aunque menciona el esfuerzo del gobierno por entregar comida por medio de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), inmediatamente agrega que se discrimina a la gente con esta ayuda, dando por cierto algo que no puede demostrar, ya que es muy difícil decir que hay discriminación con algo tan masivo (6 millones de hogares). Es otra cosa que afirma y que no aporta ningún dato o prueba.
Tampoco hace ni una mención mínima a los casi 3 millones de viviendas que el gobierno ha entregadoy que son uno de los soportes más importantes para disminuir la pobreza al igual que el régimen de pensiones del 100% de la población en edad para disfrutar de ese derecho (único país en el mundo), como tampoco le importa ni es del interés de la AC pasearse por los amplios, universales y nada selectivos esfuerzos sostenidos por el Gobierno para atenuar el fascista y declarado empeño del gobierno de los EEUU por destruir a la nación.
Respecto a la Comisión de la Verdad, instalada en la ANC, cuando reconoce que se han sustanciado violaciones a los DDHH a más de 50 víctimas e incluso pagado indemnizaciones a las mismas afirma deportivamente que ha sido para «comprar el silencio de las víctimas», lo cual, de por sí, es una grosera falta de respeto no sólo con la comisión, sino principalmente con las víctimas, particularmente, dicho en un informe de este nivel es vergonzoso.
En cuanto al tema indígena, el trato que se da a los hechos del 22 de febrero es de un nivel de descaro que no tiene nombre, porque habla de unos «supuestos muertos», de una «supuesta fosa común», dando a entender que las víctimas «supuestamente» son por culpa del Estado, cuando resulta que ahí lo que hubo fue un enfrentamiento por el control de los territorios mineros, es decir, un enfrentamiento ente bandas. Y es de verdad un descaro la forma como está redactada esa parte, porque evidencia que sí saben lo que pasó, pero que tenían que ponerlo de un modo como que si el malvado gobierno atacó a unos indígenas indefensos. Más aún cuando hay soldados heridos y muertos. Esa sola parte es una vergüenza, que desprestigia y desacredita todo el informe
Finalmente, en dos momentos del informe habla de presuntas violaciones en los últimos 10 años, tomando fuentes de supuestas ONG (y digo supuestas, porque son Organizaciones No Gubernamentales, respecto al gobierno de Venezuela, pero financiadas por el gobierno de USA, por tanto no son No Gubernamentales). Incluso el OPUS DEI, que en Venezuela explota la educación privada con groseras ganancias, también fungiendo como Think Thank de la extrema derecha representada por López, Machado, Guaidó, Lorenzo Mendoza y otros de esa estirpe comercializa información que pasa por la criba de la Conferencia Episcopal. El Opus depende del Estado Vaticano, por tanto, es una organización gubernamental.
El hecho es que, si iban a evaluar los últimos «10 años», debieron citar a los funcionarios responsables del gobierno entre 2009 y 2013, cosa que jamás hizo la Alta Comisionada, ni su delegación, lo cual es un descaro, por decir lo menos, porque en un informe sobre derechos humanos, se le violan los derechos a personas que son juzgadas sin otorgarles el mínimo derecho a la defensa. Este es un detalle mayor en el manoseado informe que, por sus groseras contradicciones nos obliga a preguntarnos… ¿en que pasos anda Bachelet?
