En medio de la polémica, la Procuraduría colombiana ha pedido que se abra una investigación, un grupo de senadores ha exigido que se destituya al jefe militar, quien ha manifestado su disposición a ser pesquisado.
Nuevas pruebas vincularían al jefe del Ejército Nacional de Colombia, Nicacio Martínez Espinel, con el supuesto encubrimiento de la muerte de civiles a manos de militares, hace más de diez años, según fuentes anónimas consultadas por AP.
Recientemente, una investigación publicada por el New York Times (NYT) reveló que generales y coroneles del Ejército de ese país suscribieron un acuerdo para incrementar los operativos y "ser efectivos operacionalmente", con el objetivo de "matar, capturar o forzarla rendición de los grupos criminales y rebeldes".
Esta presunta nueva política desarrollada dentro de la Administración del presidente Iván Duque ha traído remembranzas de la práctica de los 'falsos positivos' durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que consistían en presentar a civiles como guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército.
Investigación de la Procuraduría
La Procuraduría colombiana informó este lunes que abrió una indagación al comandante del Ejército y a otros funcionarios por "presuntas irregularidades de en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados de las operaciones", tras la denuncia del NYT.
Martínez Espinel respondió en su cuenta de Twitter que estará "presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley".
Por su parte, el presidente colombiano anunció el pasado viernes la creación de un panel de expertos para evaluar los protocolos y manuales militares, y así cerciorarse de que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Anteriormente, tras ser publicado el artículo del periódico estadounidense, había pedido "tolerancia cero" para quienes violenten la ley y "deshonren el uniforme de la patria".
Las fuerzas armadas revocaron la orden de duplicar sus resultados operativos contra las bandas criminales y los rebeldes, según recogió el NYT. Sin embargo, no se modificaron las órdenes relacionadas con la fiabilidad de las fuentes, pues puede atacarse cuando exista entre 60 y 70 % de veracidad de la información.
Solicitud de los congresistas
La investigación periodística también propició que los partidos opositores a Duque, quien pertenece al partido uribista Centro Democrático, discutieran sobre la destitución del jefe del componente militar y la suspensión de su ascenso.
Carlos Antonio Lozada, senador del partido Fuerza Revolucionaria Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), afirmó en entrevista a RT que estarán en el Congreso debatiendo y "expresando su rechazo" a la eventual promoción de Martínez Espinel.
Dijo que existen dos procesos judiciales abiertos, donde se encontraron pruebas de que dos miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueron asesinados por miembros del Ejército. El curso de la investigación continuará con su equipo legal, que espera que se establezcan las responsabilidades penales de los autores y de quienes dieron las órdenes.
Los nuevos hallazgos
Unos supuestos nuevos documentos de la Fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel habría firmado, en 2005, al menos siete pagos irregulares, según una fuente anónima referida en la citada nota.
Algunas de las recompensas, que no excedieron los 500 dólares, fueron destinadas a informantes cuyos nombres y tarjetas de identificación no coincidían. En dos de los casos, los investigadores hallaron que el beneficiario real era el soldado Oscar Alfonso Murgas, quien fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en un tercer asesinato de civiles no relacionado con estos. Otro receptor oculto era un excomandante paramilitar, condenado a 15 años por extorsión, continúa el texto periodístico.
Las pruebas de Human Rights Watch
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó a finales de febrero un informe donde se cuestiona el nombramiento de nueve generales en "puestos clave" de las Fuerzas Armadas, por existir "evidencias que los implicarían en falsos positivos". En esa lista se incluye a Martínez Espinel, quien fue designado para ese cargo el pasado 10 de diciembre de 2018.
En el texto, Vivanco pidió a las autoridades colombianas "impulsar investigaciones seriascontra los generales".
Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía colombiana ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones de esa brigada en 2005, prosigue el informe de HRW.
El responsable de HRW cita una sentencia que determinó que, en 2005, soldados de la Décima Brigada Blindada sacaron de sus casas a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para asesinarlos, poner armas sobre su cuerpo e informar que eran de las Farc.
Según Human Rights Watch, el entonces coronel Martínez Espinel certificó un pago de 400 dólares a un informante que dio datos que dieron "excelentes resultados" en un par de operaciones.
Entre otras de las inconsistencias, Vivanco denunció en su cuenta de Twitter que, en 2005, esa brigada "usó a un paramilitar y a un soldado responsable de falsos positivos como 'informantes'. ¿Quien autorizaba los pagos? El actual comandante del Ejército de Colombia".
De igual modo, se cita un error temporal pues el 17 de mayo de 2005 se hizo un desembolso a un informante anónimo.
En el documento, firmado por el entonces segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, se hacía referencia a un combate en contra de supuestos guerrilleros, ocurrido el 20 de mayo (tres días después), en el que se reportó la muerte de un hombre no identificado que tenía una granada y una pistola.
Defensa del jefe del Ejército
Días atrás, Martínez Espinel publicó que "por razones de transparencia", adjuntaba la copia del cuestionario hecho por el New York Times y sus respuestas.
En cuanto a los señalamientos, el jefe del Ejército colombiano dijo desconocer si los pagos se habían hecho. "Dios y mis subalternos saben cómo hemos actuado", recoge AFP.
Dijo también en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias, y que corresponde a las autoridades judiciales evaluar los documentos que llevaban su firma, debido a que en la brigada donde estuvo dos años, sus responsabilidades eran administrativas y no de operaciones de combate.
Falsos positivos
Hay discordancia en cuanto a la cifra de ejecuciones extajudiiales. La Fiscalía de Colombia, en un informe entregado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), afirma que hubo 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que son entre 5.000 y 10.000 los asesinados.
Sobre los detenidos, la Fiscalía afirma que hasta ahora han sido procesadas 5.626 personas (3.826 soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros), y agrega que hay 5.000 expedientes abiertos donde se mencionan a 18 altos oficiales del Ejército.
Según AP, hasta ahora ningún miembro del alto mando militar ha sido detenido.
