Sergio Rojas luchó por las tierras del Territorio indígena de Salitre.
El líder indígena costarricense Sergio Rojas fue asesinado con arma de fuego en su casa de habitación, ubicada en la comunidad de Yeri en el Territorio indígena de Salitre al sur del país, informó la Coordinadora Sur Sur.
Se desconocen los detalles del crimen del líder indígena. Al ser las 9:15 de la noche del 18 de marzo, vecinos de Rojas afirman que escucharon 15 detonaciones de arma de fuego provenientes de la casa del dirigente.
Horas después la Cruz Roja y entidades policiales de la zona confirmaron el asesinato del líder indígena, quien ya había sido víctima de varios intentos de homicidio por defender las tierras del Territorio indígena de Salitre.
Rojas fue uno de los indígenas que estuvo preso durante 6 meses tras las fuertes protestas en la Zona Sur en 2015.
Los Pueblos indígenas Bribri de Salitre y el Pueblo Broran de Térraba son sujetos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que hasta ahora se haya conocido medidas de protección por parte del Estado costarricense.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los miembros del pueblo indígena de Teribe y Bribrí de Salitre, que se encontrarían en la región sureste del departamento de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”, señala el comunicado emitido por la CIDH en 2015.
“Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur y demás organizaciones firmantes, condenamos este vil asesinato y responsabilizamos al gobierno de Carlos Alvarado y los anteriores por la muerte de Sergio Rojas y por no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica”, manifestaron en un comunicado varias organizaciones firmantes.
Las organizaciones entre las que están el Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, Recuperador@s Cabecar de China Kichá, Recuperador@s Bribris de Salitre, Recuperador@s Broran de Crun Shurin, la Asociación de Productores de Finca 10, el Comité de lucha por la tierra de finca Chánguina, Cootraosa, Ditsö y Coordinadora de Lucha Sur Sur, exigen el esclarecimiento del asesinato y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales del crimen.
CONTEXTO
Aunque las autoridades aún no confirman que la muerte del dirigente indígena se trate de un robo u otras circunstancias similares, todo apunta a que el crimen se debe a la lucha que mantenía el dirigente indígena en defensa de las tierras del territorio indígena de Salitre.
Rojas, era un asiduo defensor de los derechos de su comunidad y en varias manifestaciones salió a dar la cara por defender la tierra que acaparan varios terratenientes no indígenas en la Zona Sur, lo que consideraba una violación a la autonomía de los pueblos indígenas.
Aducía que el Estado costarricense era cómplice y que no brindaba la protección adecuada por los actos de violencia perpetrado en sus territorios.
El 4 de enero de 2009, por ejemplo, en la comunidad indígena de Salitre varias personas resultaron heridas con arma de fuego y machete, durante un ataque perpetrado por un grupo compuesto por 50 personas que ingresaron a sus viviendas.
Del ataque resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos.
Además, varios miembros de las familias fueron apedreados y apaleados.
Los agresores, destruyeron una vivienda, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de trabajo y sus utensilios de cocina
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la Defensoría de los Habitantescondenaron los actos y solicitó detener la de violencia en contra de la comunidad indígena de Salitre y desde entonces, se han solicitado medidas de protección.
En 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado costarricense informar sobre el aumento de amenazas y violencia a las comunidades indígenas Teribe y Bribri de Salitre, tras informes de organizaciones civiles.
El 9 de abril de ese año en comunicación dirigida al entonces canciller, Manuel González Sáenz, la CIDH dio un plazo de 15 días a las autoridades costarricenses para informar sobre las medidas cautelares implementadas contra los afectados, las cuales hasta ahora se desconocen.
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