La web británica Labour Briefing publicó el siguiente articulo en el que se aborda el fallido golpe de Estado en Nicaragua:
En los últimos cuatro años, las organizaciones de la oposición en Nicaragua han recibido unos $ 35 millones en fondos de Usaid y National Endowment for Democracy (NED).
Esto supuestamente ha sido para “capacitación en gobernabilidad, empresas privadas, derechos humanos y democracia”, pero en efecto ha sido dirigido y utilizado para pagar una oposición interna al Gobierno del FSLN. Contrariamente a la narrativa difundida por los medios corporativos, lo que ocurrió en Nicaragua en los meses posteriores a abril de 2018 fue un intento de golpe de Estado, planeado y financiado por una administración de los Estados Unidos empeñada en derrocar al gobierno de Nicaragua elegido democráticamente.
Desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua se vio envuelta en una ola de extrema violencia perpetrada por la oposición liderada por la derecha de Nicaragua y sus aliados.
Destruyeron o dañaron severamente las oficinas del gobierno central y las autoridades locales en más de una docena de ciudades.
Atacaron ambulancias, invadieron hospitales y escuelas y destruyeron cientos de negocios y hogares privados. Secuestraron, torturaron y mataron a personas identificadas como simpatizantes del gobierno y extorsionaron o intimidaron a cualquiera que intentara cruzar los cientos de obstáculos que establecieron.
Los medios corporativos culparon toda la violencia y las víctimas de esa violencia exclusivamente al gobierno nicaragüense.
Daniel Ortega, quien desde 2007 había alcanzado una notable transformación social y económica en el país y que fue elegido en 2016 con el 72% de los votos, fue calificado como “dictador”, “autoritario” y “corrupto”. The Guardian y otros en la oposición afirmaron que la suya fue una “lucha totalmente pacífica”.
Este patrón de desinformación deliberada e información falsa fue repetido por las llamadas organizaciones independientes de derechos humanos, como el Cenidh, muchos de los cuales basaron sus informes en las redes sociales de la oposición y en las noticias falsas que con frecuencia aparecían en la prensa dela derecha de Nicaragua.
En todos sus informes, atribuyeron todas las violaciones de derechos humanos al gobierno, el Cenidh ignoró sistemáticamente la violencia perpetrada por la oposición.
A mediados de diciembre, el gobierno nicaragüense retiró a nueve agencias no gubernamentales (ONG) su estado de organizaciones sin fines de lucro.
La realidad es que estas ONG no cumplieron con los requisitos legales para su operación y violaron la naturaleza de sus funciones al participar activamente, canalizando fondos y promoviendo el intento fallido de golpe de Estado.
Esta realidad es omitida por aquellos que han descrito los cierres como una “ola de represión estatal contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación”.
Los Estados Unidos y sus aliados de derecha han intentado una vez más, y no han logrado, poner de rodillas a Nicaragua y someter al país a sus deseos.
Los nicaragüenses han rechazado abrumadoramente los intentos de derrocamiento de su gobierno, elegido democráticamente, por parte de una minoría violenta financiada por los Estados Unidos.
Ellos deben tener la posibilidad de vivir en paz y determinar su propio futuro.
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