Las autoridades de la ciudad mexicana de Tijuana dijeron este martes desconocer el paradero de unos 3.000 migrantes al tiempo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la situación en la frontera "tiende a normalizarse".
El cierre del primer albergue por cuestiones de salubridad para que los migrantes se dirigieran a un refugio techado, provocó una dispersión ante los rumores que posiblemente serían detenidos para ser deportados.
El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, admitió que "un número importante" de los migrantes que llegaron a Tijuana desde el 11 de noviembre simplemente "no están localizables".
Explicó que la población de migrantes situada en albergues no corresponde a los 6.151 que, según las autoridades, llegaron las últimas semanas a Tijuana, frontera mexicana con California, Estados Unidos.
Sotomayor señaló que las diferencias de migrantes "pudieran no ser muy precisas, porque no se hizo un censo oficial, ni estudios biométricos para poder identificar a los extranjeros".
En el primer albergue habilitado, en la unidad deportiva Benito Juárez, las autoridades municipales hacían cálculos diarios para ser divulgados a los medios informativos.
El funcionario comentó que en "El Barretal", un centro de espectáculos usado como refugio, hay 2.122 personas, además de que se tienen localizadas a otros 744, 600 en calles cercanas al primer albergue y 144 que se movieron casas administradas por agrupaciones religiosas.
Del resto, poco más de 3.000, "no se conoce su paradero", aunque algunos pueden estar en domicilios particulares, haber cruzado ilegalmente a Estados Unidos, haber sido detenidos y quizá aceptaron volver a su país, abundó.
Sobre los que permanecen en las calles dijo que "deberán ubicarse en el nuevo albergue ya no se pueden mantener en la vía pública" porque si cometen infracciones al bando de policía y buen gobierno "serán detenidos".
Los migrantes optaron por las calles al señalar que "queda muy lejos" el segundo refugio, situado a unos 20 kilómetros, de la garita de "El Chaparral", donde esperan iniciar su trámite de asilo en Estados Unidos.
Tras el relevo de la Presidencia de México de 1 de diciembre, la emergencia de los migrantes será atendida por la nueva Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración (INM), informó el nuevo gobierno.
La decisión forma parte de la estrategia de López Obrador de no entregar recursos a estados y municipios y en cambio supervisar su aplicación mediante "delegados estatales", quienes vigilarán en que planes y programas se aplican.
En su primera comparecencia ante medios, López Obrador dijo que el tema de los migrantes se tocó en una reunión con su gabinete de seguridad y aseguró que la "situación tiende a normalizarse" en la frontera norte.
López Obrador apuntó que a los migrantes se les están prestando atención médica y alimentación por parte del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad.
Explicó que la Secretaría de Gobernación (Interior) atiende el problema y que están elaborando un registro "para saber con exactitud el número (de migrantes) y tener los datos básicos para seguir prestando apoyo y auxilio".
El sábado, en su toma de posesión, López Obrador firmó un Plan de Desarrollo Integral con su homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras como parte de la estrategia para enfrentar la crisis de migrantes.
El gobierno del estado mexicano de Baja California descartó que haya casos de tuberculosis entre los migrantes y confirmó que se ha dado atención médica y de prevención a casi 3.000 personas.
Unos 9.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, llegaron a México a partir del 19 de octubre en distintos grupos, de los cuales más de 7.000 arribaron a las ciudades de Mexicali y Tijuana, estado de Baja California, para pedir asilo en Estados Unidos, y unos 2.000 están en tránsito en otras entidades del país.
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