Dos presidentes reelegidos bajo circunstancias dudosas jurídicamente.
En el caso de Uribe fueron encarcelados congresistas que votaron en cambio de sobornos y ministros que facilitaron el "negocio".
Mientras en el caso de Honduras, está por verse.
La oposición hondureña acusa a Juan Orlando Hernández por haber comprado congresistas para facilitar la reelección.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a dos congresistas, dos ministros y funcionarios del gobierno colombiano a 5-7 años de cárcel por la compra y venta de votos.
Así se abrió el camino de la reelección de Álvaro Uribe en las elecciones del 2006.
En Honduras es enfrentado el saliente presidente Juan Orlando Hernández por similares acusaciones y por haber comprado diputados para su reelección el 26 de noviembre de 2017.
El órgano de anticorrupción de la OEA que opera en Honduras desde hace dos años, denuncia una Red de Congresistas.
Varios de estos congresistas cambiaron de bancada y partido durante el periodo 2014-2018.
Son acusados por la oposición por haberse vendido para formar una mayoría en el Congreso Nacional y dar su aprobación a una nueva Corte Suprema de Justicia que formalizó la reelección jurídicamente de Juan Orlando Hernández.
Elegido 2002 presidente Álvaro Uribe expresaba:
“Hay que trabajar, trabajar y trabajar”, idéntica frase que expresó JOH cuando fue declarado presidente el 27 de enero de 2018. Uribe-JOH, son dos gemelos políticos y tienen los mismos aliados.
Esto es un paralelo histórico con Colombia y la “Yidis-Política”.
YIDIS MEDINA ERA DIPUTADA en la Cámara de Representantes. Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales en el mes de mayo 2002 y el 2004 comenzó a programar para una reelección 2006.
Para eso necesitaba una reforma constitucional a través del Congreso. La correlación de fuerza no era favorable para el hombre que había sido acusado por el Ministerio de Defensa de EEUU de ser “el No 82 del Cartel de Medellín”, dirigido en esa época por el temido Capo, Pablo Escobar.
Los procesos preparatorios señalaban que faltaba solo uno o dos votos para conseguir la mayoría para tal reforma.
Yidis Medina fue contactada el 2004 por Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario de presidencia en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Ofreció dinero a Medina y dádivas de diferentes formas.
También Diego Palacio Betancourt, Ministro de la Protección Social y Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia tuvieron reuniones con la diputada, y así asegurando el voto para la reelección de Uribe 2006.
A pesar que Yidis Medina se había comprometido dar su voto a la oposición para impedir la reelección de Uribe, el día de la votación en el congreso, ella volteó y votó sí.
Otro congresista, Teodolindo Avendaño, que también era comprometido con la oposición, se ausentó de la votación. La reelección era un hecho consumado.
Pero ¿Qué pasó con lo pactado con Yidis-Uribe?
Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia, Diego Palacio Betancourt, Ministro de la Protección Social y Alberto Velásquez Echeverri, exsecretario de presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, prominentes personajes delincuenciales al servicio a la reelección de Uribe. Condenados por la Corte Suprema de Justicia a 5-7 años de cárcel.
Grabó video como prueba del soborno
El 20 de abril de 2008, el canal Noticias Uno sacó una bomba política a través de un video grabado el 8 de agosto de 2004.
Era el director del canal, Daniel Coronell, un personaje y excelente periodista que el presidente Uribe no podía ver ni mencionar, que publicó la entrevista que le había hecho con la representante de la Cámara esa fecha del año 2004.
En el video de 2:38 minutos, Medina admite ante Daniel Coronell, haber aceptado sobornos de parte del propio presidente Álvaro Uribe y de algunos de sus cercanos colaboradores.
Dice, que en el caso que la maten a ella o porque el gobierno de Uribe no ha cumplido lo pactado de dádivas, pues hay luz verde para publicar la breve entrevista.
Y fue el segundo, que lo pactado no se cumplió. Lo expresó una semana antes en el diario El Espectador. Por lo tanto, Coronell y Noticias Uno publicó la entrevista del 2004.
El video es sensacional en el sentido porque ilustra la corrupción de las altas esferas del poder político en el país suramericano y cómo los intereses personales y económicos están por encima los intereses del pueblo.
VIDEO, 8 de agosto de 2004:
El “delito” no puede legitimar la reelección
El 26 de junio del mismo año, la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a 47 meses de prisión domiciliaría por el delito de cohecho.
En la sentencia, la Sala Penal de la Corte anunciaba que enviaría la información correspondiente a los distintos organismos judiciales encargados de investigar o sancionar a los funcionarios del gobierno, presuntamente implicados y manifestaba que “la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder”, al tiempo que pedía a la Corte Constitucional revisar dicha reforma.
En la sentencia el tribunal supremo subrayó que la aprobación de la reelección fue producto de un delito, “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, rezaba la sentencia, a la vez que pidió a la Corte Constitucional, si así ésta lo consideraba, revisar la legalidad de dicho acto.
Ante esta noticia, Uribe volvió casi loco y acusó a la CSJ de estar al servicio a la “extrema izquierda” y al terrorismo. Dijo que presentaría un referendo para repetir las elecciones de 2006, promesa que nunca cumplió.
“Un gobierno elegido gracias a un delito”
Pero ¿podría revocar el resultado de las elecciones del 2006? Seguramente pensaron más que una vez los magistrados de la Corte Constitucional, porque si hubieran decidido revocar las elecciones 2006, habría sido un escándalo de gigantescas proporciones.
Es más, en ese año Uribe tenía el respaldo de la oligarquía militarista, la guerra contra las FARC y ELN era intensa a través el operativo militar más grande durante el conflicto armado colombiano, el Plan Patriota.
Al mismo tiempo el Pentágono presionaba al Poder Fáctico colombiano de entregar las siete bases militares que eran y son claves en el cerco estadounidense a Venezuela.
En 2010 Uribe cumplió con esa exigencia gringa.
Por lo tanto, la presión a la Corte Constitucional era inmensa. Pocos días después se pronunció al respecto de la constitucionalidad del acto legislativo que era cosa juzgada y, por lo tanto, no podía modificar la decisión tomada en su momento [2004].
El magistrado Jaime Araujo Rentería hizo salvamento de voto en el que se pronunciaba diciendo que el acto legislativo era producto de un delito y que por lo tanto:
“El actual Gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un delito,violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de derecho”.
Después de conocida la decisión de la Corte Constitucional de no someter a revisión la constitucionalidad del acto legislativo, el gobierno anunció que desistiría de presentar el referendo para repetir las elecciones de 2006.
Gobierno neoliberal y Terrorismo de Estado
El gobierno derechista de Uribe se caracterizaba por realizar una ofensiva que tenía como meta de desarmar todas las conquistas sociales y económicas de la clase trabajadora.
La otra tarea era desarmar las organizaciones sindicales en un país donde se asesinaban más de cien sindicalistas anualmente, encabezando la deshonrosa lista del mundo.
Para eso fue designado Diego Palacio Betancourt, como Ministro de la Protección Social, un título que los trabajadores burlaban; “Protección”, ¿¡para quién!?
El aliado de los paramilitares, el ex presidente de los ganaderos con los nombres y apellidos ilustres, Sabas Pretelt de la Vega, fue designado Ministro del Interior y de Justicia por Uribe.
Durante su tiempo de ministro fuimos seguidos, perseguidos y amenazados a muerte seis periodistas, entre ellos este servidor y Daniel Coronell.
Los autores era un grupo ilegal adentro de la policía política secreta llamado DAS-G3.
Los dos ministros Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt de la Vega fueron declarados culpables por la Corte Suprema de Justicia por ser piezas claves y facilitadores del gobierno de Uribe en este escándalo de la “Yidispolítica”.
Fueron condenados a 80 meses (casi 7 años) de prisión, a una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e inhabilitación para el ejercicio derecho y funciones públicas por 112 meses.
Alberto Velásquez, exsecretario de presidencia de Uribe fue sentenciado a 60 meses de prisión.
Juan Orlando Hernández vota en ¿elecciones legítimas?
Honduras y el otro camino a la reelección
Para facilitar la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, no tenía algún obstáculo en el aparato judicial.
Ha sido más la reacción popular en las calles que han caracterizadas las diferentes protestas en la nación centroamericana, sobre todo después de las elecciones el 26 de noviembre de 2017.
Fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial, argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana.
Es bastante contradictorio leer que la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución” y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o modificar, solo una Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte Suprema “declara inconstitucional la Constitución”
Cuando el reportero de BBC Mundo consultó al veterano y legendario periodista salvadoreño Carlos Dada sobre la autenticidad de la reelección en Honduras, éste declara:
“Fue un proceso bastante irregular, desde el principio hasta el final”.
El camino a la reelección de JOH fue allanado, no por una reforma constitucional, sino por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, declara el periodista salvadoreño, ganador del premio Maria Moors Cabot, el de mayor antigüedad que se entrega en el campo del periodismo.
“Fue un decreto loquísimo, que declara inconstitucional la Constitución”, agrega Dada.
Y, según el periodista, para conseguir la sentencia a su favor, JOH primero maniobró para destituir a cuatro magistrados opuestos a la reelección “mediante una triquiñuela”, resume el periodista Dada.
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