Un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos de Colombia estableció que aún falta por implementar un 82% de los proyectos de ley establecidos en el Acuerdo de Paz del país, entre los que se encuentran los temas más importantes y coyunturales de dicho acuerdo: la Reforma Agraria Integral, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, la estructura institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y el desmonte del paramilitarismo.
“El Gobierno sólo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz”, señaló el coordinador del informe, Joaquín Sánchez, durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo.
De acuerdo al informe, 4 de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas han sido tramitadas, mientras que las aprobadas, como la ley de amnistía para los presos vinculados a la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no están siendo cumplidas.
“Sólo se ha cumplido un 5 por ciento con respecto a la reforma rural integrada; un 19 por ciento en lo relativo a la participación política y un 33 por ciento de lo prometido sobre el fin del conflicto”, expresó Sánchez.
Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Javier Couso, quien también participó en la elaboración del informe, denunció el asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018.
Asimismo, el Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que la Reforma Política tampoco se aprobó en el Congreso de ese país.
“A la fecha no se ha dado la aprobación de las 16 circunscripciones de paz, a pocos meses de que se realicen las elecciones al Congreso”, dijo Cepeda, quien añadió que tampoco existen avances en la implementación estructural de las instituciones que se encargarán de legislar la jurisdicción especial.
Con respecto a la violencia contra los líderes sociales y excombatientes de la FARC, Cepeda propuso internacionalizar su defensa a partir de acciones de organizaciones e instancias internacionales que permitan visibilizar, no solo las reivindicaciones, sino también los riesgos a los que se exponen los dirigentes en Colombia.
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