José Antonio Tizapa tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas, reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.
Sin embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese día es uno de los hechos que suele recordar con amargura:
“Las armas usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.
Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas.
En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.
De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.
“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea Parsons, coautora del reporte.
“Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”.
En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas.
Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios.
En 1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.
“Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los investigadores del estudio.
“En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.
El informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales en México.
Esa cifra excede el número de armas recuperadas durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando los estados de California, Florida y Texas.
Según la investigación, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.
“Una de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de Garay, investigador de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas.
“Por ello, esperamos que el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de seguridad”.
Los efectos en América Central
El reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala.
Aunque los investigadores advierten que gran parte de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.
“Armas que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos.
Para sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas”, afirma Parsons.
De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.
Otros países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.
De 2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince países de América del Norte, América Central y el Caribe.
“Las personas adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país.
“Estados Unidos debería implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la exportación de armas a otros países”.
Tizapa, el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.
Con aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo sabemos.
Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos están desapareciendo”.
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